Las instituciones públicas del Estado, como los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades, encargadas de administrar recursos para satisfacer la demanda ciudadana, se ha convertido en la caja de la finanza de los administradores de paso (presidentes, funcionarios, gobernadores regionales y alcaldes); la fragilidad de las leyes y desidia de los operadores del sistema de control (Congreso de la República, Ministerio Público, Contraloría, Procuraduría, los órganos de control interno y hasta los consejeros regionales y regidores), ha permitido que nuestro país, sea el lugar perfecto para abrir las arcas de par en par, para robarle las esperanzas de mejorar la calidad de vida al poblador peruano.
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Casos existen a granel; algunas exautoridades en la cárcel, pero la mayoría, haciendo de las suyas; investigaciones en curso, pero no se aterriza, muchas veces, en resultados alentadores, como la anhelada justicia, mientras tanto la corrupción campea.
Uno de los hechos que llama la atención, es aquella que se registra en el distrito de Santa María del Valle; es decir, la gestión anterior, que recae en la figura del exalcalde Isaías Tolentino Vega, ha desarrollado una administración contraria a los intereses de un pueblo que lo eligió con la promesa de cambiar su destino, pero lo que cambió, fue el destino del exgobernante edil, porque existe la suspicacia de muchos actos de corrupción, a mérito del cual exhibiría signos exteriores de riqueza. Reza el adagio “entró con una mano atrás, y otra adelante”, pero al concluir su mandato, es otra su situación, que el mismo pueblo del Valle cuestiona.
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Consultado al actual burgomaestre, Wilson Palomino Claudio, sostiene que se “ha pagado por proyectos, que no tiene consistencia técnica y menos describe la realidad del lugar a intervenir; es decir, plagiaron proyectos y, por ese vil engaño se realizaron desembolsos, incluso cancelando consultorías”; hecho que compromete seriamente a Tolentino Vega y exfuncionarios de su gestión; por otro lado señaló, que existen obras inconclusas, muchas de ellas canceladas al 100 %, pero en el campo, falta concluir las obras, incluso demandaría más inversión y los contratistas no tendrían capacidad financiera para poner en servicio la obra.
Según Palomino, toda la documentación relevante sobre los hechos que comprometen a Tolentino, han sido derivadas a la Contraloría General de la República, para que pueda sancionar a los consultores y contratistas, ya que están perjudicando el sueño de un pueblo que requieren de carreteras, postas de salud e infraestructura educativa para mejorar su calidad de vida.
Situación que no puede quedar impune, no debe existir tolerancia a la corrupción.
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