El director regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), Luigui Renzo Vidal Veliz, atribuyó a la Municipalidad Distrital de Amarilis la responsabilidad por el deficiente diseño del proyecto IOARR destinado al asfaltado de la avenida Túpac Amaru. Sin embargo, sus declaraciones dejan en evidencia un problema mayor: pese a reconocer fallas técnicas y filtraciones pendientes de solucionar, la Dirección Regional insiste en continuar con una obra que, según el propio funcionario, “no debería ejecutarse” si el proyecto está mal diseñado.
Vidal afirmó que el IOARR vigente “solo contempla el asfaltado” y que, por su naturaleza legal, no permite modificaciones técnicas. Pese a ello, insistió en que el proyecto debe seguir ejecutándose este año, argumentando que ya se cuenta con presupuesto, maquinaria e insumos. La postura del funcionario plantea una contradicción: admite que el diseño es insuficiente, pero defiende que la obra avance aun sin resolver las deficiencias que podrían comprometerla desde el inicio.
Mientras tanto, los problemas de filtraciones reportados por los vecinos siguen sin ser atendidos. El director responsabilizó nuevamente a la Municipalidad de Amarilis, indicando que deberá elaborar un IOARR complementario para el cambio de tuberías. Incluso adelantó que, una vez asfaltado, sería necesario romper nuevamente la vía para reemplazar las redes de agua y alcantarillado, un procedimiento que él mismo reconoció como “técnicamente inadecuado”.
Vidal también señaló que la Dirección Regional no cuenta con la Viabilidad Técnica de Seda Huánuco, lo que les impide intervenir en las redes. Sin embargo, pidió a la Municipalidad Provincial que realice pruebas con hidrojets para detectar filtraciones, a pesar de que su propia entidad sostiene que no puede intervenir más allá del asfaltado.
Finalmente, el director señaló que los vecinos “no han presentado ningún documento formal” sobre las filtraciones, pese a que los reclamos públicos y mediáticos se mantienen desde hace semanas.
El resultado es un escenario en el que las autoridades reconocen fallas, limitaciones técnicas y riesgos, pero aun así apuestan por continuar con una obra que podría terminar siendo parchada desde el primer día, poniendo en duda la planificación, el uso eficiente de recursos públicos y la respuesta institucional ante las denuncias vecinales.
