El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez Miranda, informó que el proyecto de la nueva Carretera Central va de todas maneras y lo más seguro es que, en las próximas semanas, Francia y Perú acuerden que la gestión la va a realizar otra empresa.
“Hay un acuerdo que va más allá de lo normativo. Es un acuerdo de países, de una amistad de siglos, como Francia y Perú, y lo que queremos es que se siga manteniendo esa cordialidad y ese entendimiento. En segundo lugar, la Carretera Central es una necesidad para comunicar a los pueblos del interior del país”, dijo.
Explicó que lo que está en discusión es que esta carretera iba a ser gestionada por una empresa que, en su momento, fue sancionada por temas de corrupción y que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como otras entidades internacionales advirtieron en su momento al Perú de este problema de corrupción, pero a pesar de ello, esta empresa seguía figurando.
“Felizmente, en el propio contrato hay cláusulas anticorrupción muy severas, e indudablemente tanto Perú como Francia van a encontrar la manera de articular sus voluntades para reemplazar a esta empresa por cuanto podrá tener nuevos directivos, podrá tener posiblemente una nueva conformación de sus miembros, pero para un proyecto de tanta envergadura, como son 14,000 millones, se requiere desde el inicio una transparencia y una generación de confianza”, puntualizó.
DELEGACIÓN DE FACULTADES
Asimismo, el premier detalló que de acuerdo a las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República hay un avance del 70 % de decretos legislativos publicados.
“Lo que nos faltan, en este momento, son 16 decretos legislativos que están ya siendo perfeccionados en cada uno de los sectores para ponerlos en consenso con el resto de los ministerios implicados, de forma tal que, el día viernes, que es la última posibilidad, deben ser publicados el íntegro de aquellos ítems de los cuales se nos facultó para legislar”, sostuvo.
Refirió que uno de ellos es clave y se trata de la creación del subsistema de justicia para enfrentar extorsión, sicariato y secuestro.
“Es un tema que hemos encontrado en el modelo salvadoreño, por el cual, al igual que en el Perú, el gran problema no era la detención del criminal por parte de la policía, sino cómo asegurar que sea investigado convenientemente por el fiscal y cómo es que el juez recibía ese caso, esa carpeta fiscal y se lograba una sentencia condenatoria. Eso estaba fallando en el Perú y. al igual que en El Salvador, lo que se hizo fue crear un subsistema”, aseguró.
