La paz ambiental de Huánuco vuelve a sacudirse. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, liderada por el fiscal provincial César Gonzales Ramos, ha iniciado una contundente investigación preliminar por el presunto delito de negligencia inexcusable de funcionario público. El motivo: funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huánuco habrían permitido, pese a estar plenamente advertidos, el deterioro alarmante de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y los pozos percoladores del Camal Municipal.
Los hechos son graves. Documentos, informes y solicitudes emitidas durante meses por el administrador del camal advertían sobre colapsos, fallas críticas y la urgente necesidad de mantenimiento. Sin embargo, esas alertas quedaron archivadas, ignoradas, o simplemente desoídas. El resultado: residuos biológicos sin tratar habrían estado filtrándose directamente al río Huallaga, tiñendo sus aguas de un inquietante color rojizo y poniendo en riesgo todo su ecosistema.
Durante la inspección fiscal, la realidad superó a cualquier informe. Pozos sépticos colmatados con sedimentos en descomposición, sistemas percoladores sin funcionamiento, y un conjunto de estructuras virtualmente abandonadas. La propia versión del administrador, Nilton Tucto Santiago, confirmó lo que ya se temía: el sistema había colapsado y los desechos líquidos estaban llegando sin filtros al cauce del río.
Frente a la dimensión del daño, la Fiscalía ordenó la suspensión total de las actividades de faenado del Camal Municipal por 15 días, tiempo en el que la municipalidad deberá corregir los vertimientos ilegales, presentar un plan de mitigación sólido y clausurar el punto por donde los residuos estaban siendo arrojados al Huallaga.
La medida busca no solo frenar la contaminación inmediata, sino también recordar que la responsabilidad ambiental del Estado no es opcional. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la enorme obligación de los funcionarios públicos de prevenir delitos ambientales y proteger los recursos naturales.
La Fiscalía ha anunciado que la investigación continuará con firmeza y que se identificarán las responsabilidades penales que correspondan. La ciudadanía exige respuestas; la justicia ya está en marcha.
