En los últimos nueve meses de gestión, el gobernador Antonio Pulgar, no ha cumplido ni con la cuarta parte de sus compromisos, siendo una de ellas la programación presupuestal a favor de la población con discapacidad.
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De acuerdo al informe de control N°069-2023-OCI/5339-SOO, elaborado por la Contraloría, da cuenta que el Gobierno Regional de Huánuco (GRH), no asignó debidamente el presupuesto para mejorar la infraestructura de la sede gubernamental orientado a proveer accesibilidad a los discapacitados, sean trabajadores o usuarios.
Para la institución fiscalizadora, el GRH estaría violando la Ley n°29973, ley que protege los derechos de las personas con limitaciones físicas.
“(…) se constató en relación al ingreso principal de la sede regional que existe una pendiente entre el nivel de la calle y el nivel de la entrada; y el ingreso es compartido para el uso peatonal y vehicular. Asimismo, no existe continuidad entre la acera y el ingreso a ésta, adicionalmente, no existe una rampa para usuarios con discapacidad y movilidad reducida (…)”, describe el informe de la Contraloría.
El mismo problema ocurre en otras aéreas de la institución, siendo el primero de la lista, los servicios higiénicos, además, del único ascensor que se encuentra inoperativo.
En ese sentido, se evidencia la inexistencia de ejecución presupuestal: “Apoyo al ciudadano con discapacidad”, de la actividad 5000453; y el bajo nivel de ejecución presupuestal: “Mejoramiento y atención a las personas con discapacidad”, de la actividad 5005387.
Es decir, el presupuesto asignado ascendente a S/355, 237.00, equivale al 0,0184% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que es de S/1, 929 376,379.00; por lo que, el porcentaje de gasto es inferior a lo establecido la Ley n.º 31638, Ley de presupuesto para el año fiscal 2023, que contempla de forma obligatoria utilizar el 0,5% de dicho presupuesto, equivalente a S/9 646 882,00; no obstante, solo se programó S/355, 237,00, existiendo una diferencia de presupuesto no programada de S/9, 291 645,00, con lo cual se podría financiar gastos operativos, planes, programas y servicios a favor de la población de su jurisdicción en situación de discapacidad.
