A pocos meses de culminar su gestión, el Congreso de la República aprobó una medida que permite que un grupo de trabajadores pase a tener contratos a plazo indeterminado, generando cuestionamientos sobre posibles favorecimientos dentro del Parlamento.
La decisión fue formalizada el 29 de diciembre de 2025, a través del Acuerdo 101-2025-2026/MESA-CR, emitido por la Mesa Directiva, en el que se establece que servidores con varios años de servicio continuo ya no tendrán fecha de término en sus contratos.
Beneficios laborales sin fecha de salida
La disposición alcanza a trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 que contaban con contratos a plazo fijo. Con el cambio, estos pasarán a una condición indefinida, manteniendo beneficios como CTS, gratificaciones y vacaciones, y solo podrán ser cesados bajo causales específicas.
Asimismo, la medida incluye a servidores con más de cinco años de servicio continuo bajo los regímenes 728 o CAS, así como a aquellos con más de diez años de servicios discontinuos.
Según el documento, la decisión beneficia directamente a 11 trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos.
Medida fue impulsada por sindicato
El acuerdo fue propuesto por el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon) y contó con el respaldo de las áreas de Asesoría Jurídica y de Planeamiento y Presupuesto, que señalaron la existencia de disponibilidad presupuestal para su aplicación.
Cuestionan posible favorecimiento
La medida ha generado críticas desde distintos sectores. El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi calificó el acuerdo como “grave” y consideró que debería ser investigado por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
A su juicio, no existe justificación para que, a poco tiempo de finalizar la gestión parlamentaria, se adopten decisiones que aseguren la permanencia de determinados trabajadores en la planilla del Estado.
“Lo que ha habido es un favoritismo y un posible fraude a la ley. Se estaría buscando dejar asegurado a personal vinculado a la actual gestión”, sostuvo.
Falta de regulación agrava cuestionamientos
El especialista también cuestionó que hasta la fecha no se haya aprobado un estatuto parlamentario que establezca reglas claras para el ingreso y permanencia del personal en el Congreso.
Advirtió que esta ausencia de controles habría permitido la incorporación de trabajadores sin mayores filtros, lo que ahora genera dudas sobre la legalidad y transparencia de decisiones como la adoptada por la Mesa Directiva.
