La gestión de Marisol Pérez Tello al frente del Ministerio de Justicia fue determinante en la creación del marco legal que permitió la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, uno de los principales activos de la empresa Odebrecht en el Perú.

Aunque la transacción se concretó en 2018, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, las condiciones que hicieron posible esta operación se establecieron durante su gestión ministerial.

El instrumento clave fue el Decreto de Urgencia 003 (DU 003), impulsado por Pérez Tello, que permitió a empresas involucradas en actos de corrupción vender sus activos bajo supervisión estatal.

El DU 003: entre la reparación civil y la salida de capitales

El decreto buscaba evitar que empresas como Odebrecht retiraran su capital del país sin cumplir con el Estado.

Entre sus principales medidas se incluyó:

• La creación de un fideicomiso para retener parte del dinero de la venta.
• La garantía del pago de la reparación civil al Estado peruano.
• La habilitación de la venta de activos estratégicos como Chaglla.

Sin embargo, esta decisión también generó cuestionamientos, ya que facilitó la transferencia de grandes proyectos a capital extranjero en medio del escándalo de corrupción.

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La salida de procuradoras en medio del conflicto

Uno de los episodios más polémicos de su gestión fue la remoción de las procuradoras Katherine Ampuero y Julia Príncipe en julio de 2017.

Según Pérez Tello, Ampuero obstaculizaba la venta de activos como el proyecto Olmos al solicitar medidas judiciales que congelaban operaciones.

No obstante, las procuradoras sostuvieron que su salida fue una represalia por investigaciones que involucraban al propio presidente Kuczynski, lo que incrementó las dudas sobre la transparencia del proceso.

La oposición de la exprocuradora Katherine Ampuero al DU 003 no fue casual ni política en sentido simple: fue técnica y legal, basada en cómo el decreto podía afectar la recuperación del dinero para el Estado en el marco del Caso Odebrecht.

Porque el DU 003 limitaba la capacidad de negociar mejores reparaciones

Ampuero sostenía que el decreto:

• Ataba de manos a la Procuraduría
• Establecía mecanismos rígidos de pago
• Reducía el margen para negociar montos más altos de reparación civil

El Estado podía terminar cobrando menos de lo que realmente correspondía.

Porque priorizaba la continuidad de las empresas sobre la sanción

El DU 003 buscaba que empresas como Odebrecht sigan operando.

Pero Ampuero cuestionaba:

• Que se les permita seguir generando ingresos
• Sin antes asegurar completamente el pago de daños al Estado

Para ella, eso enviaba un mensaje débil contra la corrupción.

Porque no aseguraba correctamente el dinero para reparaciones

Aunque el decreto retenía un porcentaje de ingresos:

• No garantizaba cubrir todo el daño económico causado
• Podía permitir que las empresas dispongan de recursos antes de pagar completamente

Riesgo: que el Estado no recupere todo el dinero.

Porque afectaba la estrategia legal del Estado

Ampuero también advertía que:

• El DU 003 podía interferir en procesos judiciales
• Podía complicar acuerdos de colaboración eficaz

Es decir, debilitaba la posición del Estado frente a las empresas investigadas.

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Condiciones impuestas por el consorcio chino

La empresa China Three Gorges Corporation puso condiciones claras para concretar la compra:

• La hidroeléctrica debía estar libre de deudas.
• No debía tener contingencias legales pendientes.

Desde el Ministerio de Justicia, se supervisó que Odebrecht informara los términos del acuerdo, asegurando el cumplimiento de la indemnización al Estado.

Finalmente, la venta se cerró en noviembre de 2018 por aproximadamente US$ 1,390 millones.

Huánuco: la región que quedó con las consecuencias

La venta de la hidroeléctrica de Chaglla no significó el cierre de los problemas en Huánuco. Por el contrario, dejó una serie de compromisos pendientes que hasta hoy generan reclamos.

Autoridades y pobladores exigieron que la nueva administración, bajo el consorcio Huallaga Holding Company Limited, asumiera responsabilidades que Odebrecht dejó inconclusas, como:

• Proyectos de saneamiento básico.
• Obras de pavimentación.
• Compromisos sociales vinculados al desarrollo local.

Conflictos tributarios y disputas legales

El distrito de Pillao ha mantenido reclamos contra la empresa hidroeléctrica por:

• Deudas de impuesto predial.
• Obligaciones pendientes derivadas de contratos originales.

Estos conflictos reflejan que la transferencia del proyecto no resolvió las tensiones económicas en la zona.

Un fideicomiso que no llegó a la región

Aunque la venta incluyó la retención de aproximadamente US$ 319 millones para garantizar pagos al Estado, estos recursos no se tradujeron directamente en beneficios para Huánuco.

Esto generó cuestionamientos sobre el destino del dinero y la falta de compensación efectiva para la región impactada.

Mayor presencia china en el sector energético

La compra por parte de China Three Gorges consolidó la presencia del capital chino en el sector energético peruano, convirtiendo a Chaglla en una pieza estratégica dentro de su expansión en América Latina.

El problema de fondo: desarrollo pendiente y decisiones centralizadas

El caso de Chaglla evidencia un problema estructural: decisiones tomadas desde el nivel central que priorizaron la estabilidad económica y la reparación al Estado, pero que dejaron en segundo plano las necesidades de las regiones directamente afectadas.

En Huánuco, la venta no resolvió los impactos sociales ni ambientales del proyecto. Por el contrario, trasladó responsabilidades sin garantizar su cumplimiento.

La intervención de Marisol Pérez Tello fue clave para destrabar la venta de Chaglla, pero también marcó el inicio de un proceso cuyas consecuencias aún se sienten en Huánuco.

Si bien se aseguró el pago de la reparación civil, la región continúa enfrentando:

• Obras inconclusas
• Conflictos legales
• Falta de inversión directa

Un escenario que evidencia que, más allá de la venta, el verdadero problema sigue siendo la deuda histórica con Huánuco.