La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la adquisición de llantas para camiones volquete de la Municipalidad Distrital de Amarilis, cuyos funcionarios realizaron una inadecuada indagación de mercado y omitieron utilizar los catálogos electrónicos de Perú Compras, tal como lo establece la normativa que regula las contrataciones públicas.
En el Informe de Oficio Posterior n.° 006-2026-2-OCI/2694-AOP, evaluado del 24 de mayo de 2025 al 20 de abril de 2026, se señala que en junio de 2025 la comuna adquirió 20 neumáticos a través de la contratación de un servicio de balanceo, desmontaje e instalación de llantas, modalidad mediante la cual se habría simulado la adquisición para evitar el uso de los catálogos electrónicos exigidos para este tipo de bienes.
El informe señala que el presupuesto, inicialmente destinado a la compra de suministros para vehículos, fue modificado para contratar el mencionado servicio a solicitud de la Subgerencia de Gestión Integral y Residuos Municipales, área usuaria de la contratación.
Ante esta situación, el Área de Abastecimiento no verificó ni advirtió que las características de los bienes requeridos se encontraban incluidas en el catálogo electrónico que, según este método de contratación, permite aplicar criterios de calidad y precio sin necesidad de un procedimiento de selección.
Según el Acuerdo Marco de Perú Compras, cuando el monto de la adquisición supera los S/ 1000, las entidades públicas están obligadas a utilizar el mecanismo de contratación mediante catálogos electrónicos, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. No obstante, la municipalidad adquirió los bienes mediante una contratación directa menor a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por un monto de S/ 23 500.
Otro hecho observado es que para seleccionar al proveedor del servicio se tomaron en cuenta cotizaciones de empresas que no desarrollaban actividades económicas relacionadas con el objeto de la contratación. Entre ellas figuraban compañías dedicadas a la arquitectura e ingeniería, así como al alquiler de maquinaria.
Estas situaciones evidencian que los funcionarios municipales habrían incumplido la normativa vigente y habrían vulnerado los principios que rigen las contrataciones públicas. Finalmente, recomendó a la entidad a tomar las acciones que correspondan a fin de superar los hechos con indicios de irregularidad.
