La directora de la oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Huánuco, Yuliana Herrera, se mostró negativa de renovar los contratos de 153 trabajadores CAS.
El motivo de Herrera sería que existiría un interés particular del gobernador Erasmo Fernández, para ampliar el contrato a la secretaria de su despacho, Moema Jesús Echevarría Minaya.
Fernández pretendería premiar a Echevarría, quien labora en el CAS n° 001-2022-GRH, según el memorándum n° 919-2022-GRH-GR aprobado el pasado 15 de diciembre.
“Se solicita la necesidad de servicio, por efecto la continuidad del personal, para el desarrollo de labores permanentes en el despacho de gobernación regional, por lo que se debe renovar los contratos por el plazo indicado en el Sexagésima Primera disposición de la Ley n° 31638 (Ley de Presupuesto del Año 2023)”, dice el memorándum, firmado con puño y letra por Erasmo Fernández.
Círculo de confianza de gobernador en lista de espera para contratos
Según el memorándum n° 919-2022 GRH/GR, Fernández habría solicitado al gerente regional de Administración, Juan Carlos Pardo Jara, también renovar los contratos de cuatro de sus trabajadores que serían de su círculo de confianza, de los cuales tres de ellos son mujeres.
Estos son: Yasely del Rosario Rojas Figueroa, quien aparece como especialista en Administración tipo B, bajo el proceso de CAS 001-2022, y Cindy Danely Cueva Ocaña, quien se viene desempeñando como Auxiliar de Administración, mediante el proceso CAS N°001-2022-GRH reemplazo.
Asimismo, dentro de la solicitud firmada por Fernández está el asistente de administración Raúl Giovanni Cervantes Rosales y la auxiliar de administración Keiko Sofía Rorales Horna.
Erasmo Fernández ordenó renovar contrato de más de 153 trabajadores CAS.
Como se recuerda, Moema Echevarría Minaya, quien actualmente se desempeña como secretaria de Erasmo Fernández, interpuso una denuncia penal en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco contra la directora de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, Yuliana Herrera, por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.
