El Ejecutivo, liderado por la presidenta Dina Boluarte, decidió observar la ley aprobada por el Congreso que buscaba fijar una pensión mínima de S/3 300 para docentes cesantes y jubilados, lo que frena su publicación en el Diario Oficial El Peruano y, por tanto, su entrada en vigencia.
La norma había sido aprobada en segunda votación con 66 votos en el Pleno del Congreso y pretendía equiparar los ingresos de los maestros retirados con los de aquellos en actividad. El beneficio iba a alcanzar a más de 162 000 docentes, entre cesantes y jubilados, pertenecientes a los sistemas de educación básica, regular, alternativa, técnico-productiva y especial, bajo los decretos ley 19990 y 20530, la Ley de Reforma Magisterial y el Sistema Privado de Pensiones.
Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que la medida generaría distorsiones en el sistema previsional, al otorgar un trato preferencial a los maestros, lo que rompería con la uniformidad de los regímenes de pensiones.
Ante esta decisión, el proyecto volverá a la Comisión de Economía del Parlamento, que deberá analizar una nueva propuesta.
Por su parte, la congresista y exministra de Educación Flor Pablo, autora de la iniciativa, cuestionó al Ejecutivo por no plantear alternativas: “En ninguna de sus cerca de cuarenta páginas hay alguna propuesta para mejorar la situación de abandono de los maestros cesantes y jubilados”, señaló.
La legisladora insistió en que el Estado tiene una deuda histórica con los docentes, quienes merecen una vejez digna tras dedicar su vida a la educación del país.
No obstante, diversos economistas han advertido que la aplicación de esta medida podría incrementar de manera significativa el déficit fiscal.
