La Contraloría General de la República (CGR) identificó un perjuicio económico de S/ 1 642 414 en la obra de rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Chaulán – San Cristóbal de Runtog – Canchapalga – Icuro – Ranrash, en la región Huánuco.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 031-2025-2-0401-AC, que evaluó el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulán efectuó pagos por trabajos que no correspondían a lo realmente ejecutado.
Irregularidades en la ejecución de la obra
La auditoría determinó que, aunque el expediente técnico establecía un ancho de vía de 4.50 metros, en varios tramos la vía fue construida con medidas inferiores. Sin embargo, la municipalidad pagó valorizaciones como si se hubiera ejecutado con un ancho de 5.10 metros, superior a lo establecido.
Durante la inspección también se verificó que la vía presentaba superficies irregulares, desniveles, tramos sin capa de afirmado, cunetas inconclusas y otros trabajos pendientes. A pesar de estas deficiencias, las valorizaciones fueron aprobadas como si los trabajos estuvieran ejecutados al 100 %.
Asimismo, la entidad pagó a la empresa supervisora el total de sus servicios, a pesar de que esta no laboró durante 35 días de suspensión de la obra, lo que incrementó el perjuicio económico.
Avance menor al reportado
Aunque el proyecto —que representó una inversión de S/ 15.9 millones— fue valorizado con un avance físico de 96.1 %, la verificación en campo evidenció un progreso menor. Incluso, cuando el contratista y la supervisión intentaron la recepción de la obra, el comité designado por la municipalidad realizó observaciones similares a las de la Contraloría.
Responsabilidades y acciones legales
El órgano de control halló presunta responsabilidad penal y administrativa en dos servidores de la municipalidad por aprobar valorizaciones irregulares.
En consecuencia, la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales correspondientes contra los funcionarios involucrados.
