Un nuevo caso que pone en cuestión el uso de los recursos públicos en el sector salud. La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 3 002 331 tras la compra irregular de equipos biomédicos para el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, los cuales no cumplen con las especificaciones técnicas o simplemente no pueden ser utilizados, por lo que hoy permanecen arrumados y sin uso en los pasadizos del nosocomio.
La adquisición fue realizada por el Gobierno Regional de Huánuco como parte de la segunda etapa del proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del hospital, cuya inversión total superó los S/ 8 millones.
Compraron equipo que el hospital ni siquiera puede usar
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 082-2026-CG/GRHC-AC, en el 2023 se adquirió un equipo Eximer Láser para la Unidad de Oftalmología, pese a que la normativa del sector salud ya no lo contempla como equipamiento para hospitales de nivel III.
La situación resulta aún más grave porque el hospital ni siquiera cuenta con un ambiente quirúrgico adecuado para su funcionamiento, lo que ha provocado que el costoso equipo permanezca guardado por más de dos años sin ser utilizado.
La Contraloría advirtió que este láser se utiliza principalmente para cirugías refractivas, procedimientos que no son cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS). A esto se suma que su mantenimiento semestral supera los S/ 91 mil, lo que evidencia un uso ineficiente de recursos públicos que generó un perjuicio de S/ 2 383 801.
Pagaron equipos que ni siquiera funcionan
Las irregularidades no terminan ahí. Ese mismo año se adquirieron equipos de anestesia para la Unidad de Cirugía que no cumplían con las especificaciones técnicas y nunca fueron instalados ni puestos en funcionamiento.
A pesar de estas fallas, la entidad otorgó la conformidad y pagó al proveedor, ocasionando un perjuicio adicional de S/ 215 600.
Equipos incompletos también fueron pagados
En 2024, el hospital compró 37 coches de paro destinados a distintas áreas médicas. Sin embargo, la Contraloría detectó que no fueron entregados con la marca de resucitadores ofertada, lo que evidencia un incumplimiento de las especificaciones técnicas.
Pese a ello, los equipos tampoco fueron instalados ni se capacitó al personal, pero igual se aprobó la conformidad y se pagó al proveedor, generando un tercer perjuicio de S/ 402 930.
Diez funcionarios bajo la lupa
Ante estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en diez funcionarios públicos, quienes habrían permitido el uso inadecuado de los recursos del Estado.
Por ello, la entidad de control recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra los presuntos responsables.
Mientras tanto, equipos médicos que costaron millones siguen abandonados, en una región donde miles de pacientes esperan atención y mejores servicios de salud.
