En coordinación con Defensa Civil, plataformas del Programa Nacional PAIS brindan atención y facilitan herramientas para hacer frente a las fuertes precipitaciones./Foto: Midis.
En el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno ante el peligro inminente de lluvias intensas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional PAIS, activó más de 230 Tambos en zonas rurales de 21 regiones como centros de ayuda para la población más vulnerable que pueda verse afectada por desastres ocasionados por las fuertes precipitaciones.
Parte de las labores que se coordinan con Defensa Civil en cada distrito donde los Tambos están ubicados, son las charlas de preparación y respuesta de las personas ante emergencias causadas por las lluvias intensas, tales como el deslizamiento de piedras o lodo, que puedan poner en riesgo la vida y salud de las personas.
Además, se convierten en almacenes adelantados para facilitar herramientas como picos, palas, botas, carretillas; así como bienes de ayuda, como los kits de abrigo, frazadas y carpas, que permitirán dotar de recursos estratégicos a la población, fortalecer su capacidad de respuesta y permitir la atención inmediata de familias afectadas.
Los Tambos que brindarán esta atención se encuentran en zonas rurales de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
Cabe destacar que la labor de los gestores de los Tambos del programa PAIS del Midis es estar en permanente coordinación con gobiernos locales para fortalecer las acciones de alerta ante cualquier eventualidad, que se origine a causa de las fuertes precipitaciones.
Parte de estas acciones consiste en capacitar a la población para identificar, tanto en la sierra como en la selva, las rutas de evacuación que conduzcan a zonas altas, seguras y alejadas del cauce de ríos, quebradas y laderas inestables, donde podría ocurrir algún deslizamiento de tierra.
Dato: • El Programa PAIS del Midis cuenta con 520 Tambos operativos en zonas rurales y rurales dispersas. • La articulación y el trabajo con Defensa Civil también fortalece la respuesta de la población ante incendios forestales, sismos, bajas temperaturas o desastres ocasionados por factor humano.
Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, en una cena en honor de Donald Trump en el castillo de Windsor, en Reino Unido.
Andrew Caballero-Reynolds (via REUTERS)
Las cárceles que elegimos (Lumen, 2018), el libro que recoge varias conferencias impartidas por Doris Lessing en 1985, comienza explicando dos historias. En la primera, la autora cuenta que, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, conoció a un sabio granjero que pertenecía a la minoría blanca gobernante de Zimbabue, antes Rodesia del Sur, país donde se crio. Poseía algunas de las mejores vacas del país, y otros granjeros acudían a él buscando consejo. El hombre, cuenta Lessing, decidió importar un semental escocés que le costó 10.000 libras esterlinas. Aquel toro debió ser un espectáculo: enorme y majestuoso, pero muy manso. Tenía su propio cuidador, un niño negro de 12 años a quien un día el animal, repentina e inexplicablemente, mató. El granjero decidió que había que sacrificarlo: “El toro ha matado, el toro es un asesino y debe ser castigado. Ojo por ojo, diente por diente”, dijo. Un pelotón de fusilamiento acabó con él. El granjero “no era ni un paleto ni un ignorante”, explica la escritora, “pero su acto —el de condenar a un animal por haber cometido una maldad— se remonta al más remoto pasado de la humanidad, es tan antiguo que no sabemos dónde empezó, pero sin duda ya ocurría en aquellos tiempos lejanos en que el hombre apenas sabía diferenciar entre seres humanos y bestias”.
La segunda historia relata cómo, también al final de la guerra, en Francia, un árbol relacionado con el general Pétain —que había caído en desgracia— fue condenado a muerte y después ejecutado por colaborar con el enemigo. Ambas anécdotas sirven a Lessing para advertir sobre un fenómeno circular: “Cuando las cosas parecen ir más o menos bien —y me refiero a asuntos humanos en general—, es como si de repente surgiera un espantoso primitivismo y la gente volviera a adoptar conductas bárbaras”, escribe. La autora, que se entregó al comunismo en su juventud y después lo criticó fieramente, desconfiaba con razón de las locuras colectivas. Fue también muy pesimista con el estado del mundo, y eso que falleció en 2013. En estos textos señaló una paradoja propia de nuestro tiempo: gracias al avance de las ciencias sociales, relativamente jóvenes, nunca supimos tanto sobre nuestro propio comportamiento, pero de momento eso nos sirve de muy poco. “Creo que los que vendrán después de nosotros se maravillarán, por un lado, de que hayamos acumulado tantísima información sobre nuestro comportamiento, mientras que, por el otro, no hayamos hecho el menor intento de aprovechar dicha información para mejorar la vida que llevamos”, dice como si fuera hoy mismo.
ChatGPT y Claude son dos avances prodigiosos, procesadores únicos de conocimiento, pero no están siendo usados para conseguir la paz en el mundo, sino que están al servicio de la guerra. Anthropic va a litigar con el Gobierno de Donald Trump por haber cancelado sus contratos con el Departamento de Defensa tras los escrúpulos sobre el uso de Claude expresados por Dario Amodei, que son de agradecer pero parciales (está en contra del espionaje masivo, pero solo de estadounidenses, y también de las armas autónomas que maten sin intervención humana, pero solo porque la tecnología aún no está lista). Según The Wall Street Journal, Claude fue utilizado en la operación contra Nicolás Maduro, y también contra Irán, incluso con su acuerdo ya cancelado. Sam Altman ha aprovechado este revuelo para conseguir que ChatGPT contrate con el Pentágono. Seguimos siendo unos bárbaros que confunden información con sabiduría.
Señaló que, de llegar al Gobierno, impulsaría medidas más severas contra la delincuencia y la corrupción. /Foto: Difusión.
El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó duras críticas contra sectores de la clase política durante una actividad partidaria realizada en la ciudad de Huacho, en el Norte Chico, donde presentó algunas de sus propuestas en materia de seguridad y lucha contra la corrupción.
Durante su discurso, el también presidente de su agrupación política cuestionó a quienes —según afirmó— ingresan al Estado con intereses personales y no para servir al país.
“Hay gente que entra a la política para ver qué ministerio chapa y cómo se roba la plata. Eso no puede seguir pasando en nuestro país”, expresó ante los asistentes.
Propone cadena perpetua para delincuentes y corruptos
En medio de su intervención, López Aliaga aseguró que, de llegar al Gobierno, impulsará medidas más drásticas contra la criminalidad y la corrupción, problemas que —según dijo— golpean duramente al país.
Entre sus propuestas mencionó cadena perpetua para violadores de menores, sicarios, extorsionadores y funcionarios corruptos, como parte de una política de “mano dura” frente al delito.
El candidato sostuvo que el país necesita acciones firmes para recuperar la seguridad y la confianza en las instituciones.
Plantea reducir ministerios de 18 a solo 6
Otro de los puntos centrales de su discurso fue su propuesta de reducir la estructura del Poder Ejecutivo.
López Aliaga planteó pasar de 18 ministerios a solo seis, con el objetivo —según explicó— de disminuir la burocracia estatal y optimizar el uso de los recursos públicos.
“El Perú sí puede reducir el tamaño del Estado. Lo que pasa es que muchos viven de él y no quieren cambiar nada”, señaló.
Llamado a respaldar su candidatura
Finalmente, el líder de Renovación Popular indicó que su propuesta política busca priorizar a los sectores más vulnerables del país y reiteró su llamado a la ciudadanía para respaldar su proyecto en las próximas elecciones.
La actividad política formó parte de su agenda de campaña en el norte de Lima, donde continúa difundiendo sus principales planteamientos de gobierno.
Durante la revisión, la comisión de control encontró diversos productos vencidos dentro de las áreas de almacenamiento del hospital, incluso en zonas destinadas a insumos aprobados para su uso./Foto: CGR
Una grave alerta sanitaria sacude al sistema de salud en Huánuco. La Contraloría General de la República detectó medicamentos y dispositivos médicos vencidos, deficiencias en el almacenamiento y fallas en el control de inventario en el Departamento de Farmacia del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano.
Las observaciones están contenidas en el Informe de Visita de Control N.º 003-2026-OCI/0691-SVC, emitido el 13 de febrero de 2026 por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Huánuco, tras una inspección realizada los días 10 y 11 de febrero.
Según el documento, estas deficiencias podrían poner en riesgo la calidad de los productos farmacéuticos utilizados en la atención de los pacientes.
Hallan medicamentos y dispositivos médicos vencidos
Durante la revisión, la comisión de control encontró diversos productos vencidos dentro de las áreas de almacenamiento del hospital, incluso en zonas destinadas a insumos aprobados para su uso.
Entre los hallazgos se reportaron 9 unidades de solución ADL para complemento de kit de aféresis con fecha de vencimiento en noviembre de 2025. También se detectaron 20 kits para catéter neonatal vencidos en agosto de 2025.
Pero eso no fue todo. La inspección también reveló la presencia de 232 unidades de algodón de 25 gramos vencidas en diciembre de 2025 y 160 máscaras de oxígeno Venturi para adulto con vencimiento en noviembre de 2025.
De acuerdo con la Contraloría, la existencia de estos productos representa un riesgo para la atención oportuna de los pacientes y podría afectar la eficacia de los tratamientos.
Almacenes en malas condiciones
El informe también advierte que las áreas de almacenamiento del hospital no reúnen las condiciones adecuadas para la conservación de medicamentos y dispositivos médicos.
Durante la inspección se encontraron cajas apiladas hasta el techo, espacios reducidos para la manipulación de insumos y estanterías deterioradas, lo que podría comprometer tanto la seguridad del personal como la integridad de los productos farmacéuticos.
Asimismo, se detectaron deficiencias en equipos y elementos de seguridad, lo que contravendría las normas técnicas sobre almacenamiento en establecimientos de salud.
Detectan fallas en control de medicamentos en emergencia
Otra de las observaciones apunta a la farmacia de emergencia del hospital, donde se detectaron inconsistencias en el control del inventario.
Según los registros, existían 500 unidades del medicamento Sulfametoxazol + Trimetoprima (800 mg + 160 mg) distribuidas en cinco cajas de 100 unidades cada una.
Sin embargo, durante la verificación física se encontraron ocho unidades fuera de su caja, lo que evidenciaría fallas en el control de dispensación y manejo del stock.
La Contraloría advirtió que estas inconsistencias podrían generar pérdidas de medicamentos y afectar el control interno del establecimiento.
Hospital deberá corregir las deficiencias
El informe concluye que las tres situaciones adversas detectadas fueron comunicadas a la dirección del Hospital Regional Hermilio Valdizán, con el fin de que se adopten medidas correctivas.
La Contraloría también solicitó que las acciones implementadas sean informadas al Órgano de Control Institucional junto con la documentación que sustente las mejoras realizadas.
Las observaciones se producen en uno de los principales hospitales de referencia de la región Huánuco, por lo que las decisiones que adopte la administración en las próximas semanas serán clave para determinar si se corrigen estas graves deficiencias o si el caso deriva en nuevas intervenciones de control.
Lizet Palpa, que observaba lo ocurrido a cierta distancia, se acercó con una botella de vidrio, la rompió y con el pico de botella atacó repetidamente a Clinton, causándole graves heridas en distintas partes del cuerpo./ Foto: Difusión.
La justicia decidirá su destino. Pedro Fernando Rojas Hoyos y Lizet Palpa Venturo enfrentarán hoy una audiencia crucial en el juzgado de turno que determinará si serán enviados a prisión preventiva por el violento crimen de Clinton Isidro Esteban.
El Ministerio Público los acusa de los delitos de homicidio calificado y uso de arma de fuego en estado de ebriedad, tras el sangriento ataque ocurrido durante una actividad carnavalesca en el campo deportivo de Pitumama, en el distrito de Pillco Marca.
Una discusión que terminó en muerte
La tragedia ocurrió la noche del 1 de marzo, cuando Clinton Isidro asistía al evento junto a su esposa y familiares. Según las investigaciones fiscales, todo se desencadenó por una discusión entre la pareja.
En medio del altercado apareció Pedro Fernando Rojas, quien minutos antes había estado libando licor con ellos y se acercó aparentemente para intervenir. Sin embargo, la situación se salió de control cuando Clinton le reclamó por entrometerse y le propinó un golpe de puño, iniciando una pelea.
Disparos y ataque con botella
Durante el forcejeo, y al verse superado en la pelea mientras ambos estaban en el suelo, Pedro Rojas sacó un arma de fuego de su cintura y realizó varios disparos. A pesar del peligro, las balas no impactaron en la víctima.
Pero el ataque no terminó allí.
Lizet Palpa, que observaba lo ocurrido a cierta distancia, se acercó con una botella de vidrio, la rompió y con el pico de botella atacó repetidamente a Clinton, causándole graves heridas en distintas partes del cuerpo.
Lucha por sobrevivir que terminó en tragedia
Gravemente herido, Clinton Isidro fue trasladado de emergencia al hospital Hermilio Valdizán, donde los médicos intentaron salvarle la vida.
Sin embargo, casi una hora después de su ingreso, se confirmó su fallecimiento.
Ahora, la Fiscalía busca que los presuntos responsables del ataque permanezcan tras las rejas mientras continúan las investigaciones por este crimen que conmocionó a los asistentes del evento en Pitumama.
La Policía de Carreteras dispuso el cierre total de la vía tras un deslizamiento de rocas y tierra en el kilómetro 53, en el distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí./Foto: Difusión.
La Carretera Centralpermanece cerrada desde la madrugada de este jueves 5 de marzo debido a un derrumbe registrado en el sector de Tornamesa.
La medida fue adoptada por la Policía de Carreteras de Lima Centro para evitar riesgos a transportistas y pasajeros que circulan por esta importante ruta que conecta Lima con la sierra central del país.
El deslizamiento ocurrió a la altura del kilómetro 53, donde la caída de rocas y tierra bloqueó completamente la vía. Según las autoridades, el evento estaría relacionado con las lluvias persistentes que se vienen registrando en la zona durante los últimos días.
Ante esta situación, el tránsito fue restringido desde el kilómetro 48, en el peaje de Corcona, como medida preventiva mientras se evalúan los daños y se coordinan las labores para retirar el material que obstruye la carretera.
La concesionaria encargada de la vía, Deviandes, confirmó el incidente e informó que personal y maquinaria se encuentran en el lugar para determinar la magnitud del derrumbe y realizar los trabajos necesarios para restablecer el tránsito lo antes posible.
La Carretera Central es una de las principales rutas del país, ya que comunica Lima con regiones de la sierra como Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en el transporte de pasajeros y mercancías.
Las víctimas fueron identificadas como Raymundo Jaramillo Culla (42), Claudia Romero Suárez (34) y el hijo de ambos, un niño de apenas dos años./Foto: Difusión.
Una madrugada marcada por el horror. Tres integrantes de una familia murieron aplastados mientras dormían, luego de que su vivienda colapsara repentinamente en el barrio de Pampa Florida, en el distrito de Tantamayo, provincia de Huamalíes. Las constantes lluvias y el deterioro de la casa habrían provocado el fatal derrumbe.
Murieron juntos bajo los escombros
Las víctimas fueron identificadas como Raymundo Jaramillo Culla (42), Claudia Romero Suárez (34) y el hijo de ambos, un niño de apenas dos años. Los tres dormían en la misma cama cuando la estructura de la vivienda cedió.
El colapso fue devastador. Sobre ellos cayeron bloques de tierra del tapial, palos y calaminas, lo que habría provocado su muerte de manera casi instantánea.
Mientras tanto, el hijo mayor de Claudia, de 10 años, logró salvarse de milagro porque dormía en un espacio de la vivienda que no se derrumbó.
El llanto de un niño alertó a los vecinos
Una vecina fue la primera en llegar al lugar tras escuchar el estruendo. Al oír el llanto desesperado del menor que había sobrevivido, pidió ayuda a un transportista que pasaba por la zona. Entre ambos lograron rescatar al niño de entre los restos de la vivienda.
Afortunadamente, el pequeño no sufrió lesiones graves, aunque quedó profundamente afectado por la tragedia.
Otro niño de la familia, de cinco años, también se salvó porque esa noche se encontraba durmiendo en la casa de su abuela, quien ahora se ha hecho cargo de los dos menores que quedaron huérfanos.
Pobladores removieron los escombros
Las campanadas de alerta despertaron a los pobladores de Tantamayo, quienes salieron de sus casas y acudieron al lugar del desastre. Con palas y sus propias manos comenzaron a remover los escombros con la esperanza de encontrar con vida a la familia atrapada.
Sin embargo, cuando finalmente lograron sacar los cuerpos de Raymundo, Claudia y el pequeño Eloi, ya no presentaban signos vitales.
Efectivos de la Comisaría de Chavín de Pariarca llegaron al lugar y, junto con los pobladores, ayudaron a recuperar los cuerpos.
Apoyo para los niños que quedaron huérfanos
Personal del Centro de Salud de Tantamayo certificó el fallecimiento de las víctimas y entregó los cuerpos a sus familiares.
Tras conocerse la tragedia, el director de la Red de Salud de Huamalíes, Nilton Achic, llegó a la zona junto a un equipo multidisciplinario conformado por médicos, psicólogos, enfermeros y una asistenta social para brindar atención médica y apoyo emocional a los menores sobrevivientes.
Además, se entregaron alimentos y ropa a la familia afectada.
Programa Juntos activó apoyo para los menores
El programa social Juntos, del cual era usuaria Claudia Romero, informó que inició coordinaciones para garantizar la protección de los niños que quedaron huérfanos.
La entidad gestionó ante la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la Municipalidad de Tantamayo la identificación de un nuevo titular del hogar para que los menores puedan seguir recibiendo la subvención económica del programa.
Una vivienda debilitada por las lluvias terminó convirtiéndose en una trampa mortal. Hoy, dos niños enfrentan la vida sin sus padres ni su pequeño hermano, mientras todo un pueblo lamenta la tragedia que enluta a Tantamayo.
El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar tras la muerte de la deportista Lizeth Marzano, a quien atropelló el pasado 17 de febrero en San Isidro.
Declaraciones bajo la lupa. Integrantes de planchas presidenciales vienen siendo objeto de procedimiento administrativo sancionador por la información contenida en su Declaración Jurada de Hoja de Vida. Ya suman más de 500 expedientes, la gran mayoría de postulantes al Congreso bicameral. Sin embargo, sanciones solo podrían conllevar multas tras modificación del Congreso./Foto: Difusión.
Diez candidatos a la Presidencia y trece aspirantes a las vicepresidencias de 21 agrupaciones políticas registran expedientes en su contra en el Jurado Electoral Especial (JEE)de Lima Centro 1 —órgano de primera instancia en justicia electoral— por presuntas falsedades, omisiones e inconsistencias en sus declaraciones juradas de hoja de vida presentadas en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).
El panorama es amplio y complejo. Según un análisis efectuado por El Comercio, a nivel nacional los JEE registran —al menos— 577 expedientes vinculados a hojas de vida, de los cuales el 81% sigue aún en trámite. La mayor parte de los casos corresponde a candidatos al Congreso: 349 involucran a postulantes a la Cámara de Diputados y 182 a aspirantes al Senado.
Los Jurados Electorales Especiales (JEE) son los órganos en cargados de emitir justicia electoral en primera instancia. El máximo tribunal es el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Andina.
En lo que respecta a las fórmulas presidenciales, se han registrado 25 expedientes en lo que va del proceso electoral. Solo uno ya ha sido archivado —el de Keiko Fujimori (Fuerza Popular)—, mientras que los otros 24 continúan en trámite e involucran en total a 23 candidatos. Uno de los aspirantes, Virgilio Acuña (Partido Democrático Federal), acumula dos procesos en paralelo [ver interactivo].
De qué se tratan
La mayoría de los casos vigentes —alrededor del 70%— se deben a presuntas omisiones o falsedades en la declaración de bienes y participación en empresas, como acciones no reportadas o la condición de socio que no fue consignada en la hoja de vida.
Por ejemplo, el candidato presidencial Alfonso López Chau (Ahora Nación) declaró no poseer acciones; sin embargo, la misma Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) informó que registraba 100 acciones en la empresa Centro Médico Gestión & Salud S.A.C.
El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Alfonso López Chau es candidato presidencial por Ahora Nación. (Foto: GEC)
En un escrito presentado el martes, el personero de Ahora Nación señaló que la empresa en cuestión “jamás desarrolló actividad comercial” ni generó ingresos u otros beneficios económicos, “careciendo de operatividad real”.
Añadió que, por esa inactividad, la SUNAT dio de baja a la sociedad en 2024. En todo caso, sostuvo que se trata de “una declaración incompleta, pero no falsa”.
En símil, el candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) no habría declarado sus acciones como socio de siete empresas, según un informe de fiscalización, las cuales sumadas hacen más de 121,000 acciones.
En su defensa, el personero del partido sostuvo que las empresas observadas ya se encontraban dadas de baja de oficio ante la SUNAT al momento de la declaración. Señaló que no existió omisión dolosa ni declaración falsa. Solicitó que, de considerarlo pertinente, únicamente se realice una anotación marginal en la hoja de vida.
El exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, postula a la presidencia con el partido Fe en el Perú. (Foto: Captura de YT/Siempre a las 8)
También figura el aspirante presidencial Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), quien no habría consignado su condición de socio fundador en la empresa Centro de Capacitación y Soluciones Integrales S.A.C. (CECASI).
La personera del partido aprista sostuvo que la empresa —creada en 2012— “no desarrolló actividad económica efectiva” y registra una anotación preventiva por presunta prolongada inactividad desde julio de 2024 en la SUNARP. Señaló que no constituía una “información sustancial” que debía ser declarada y que “la omisión, de existir, no obedeció a ocultamiento deliberado”.
Enrique Valderrama fue entrevistado en el programa «Siempre a las 8» de Milagros Leiva. (Foto: Captura YouTube)
Además, el candidato presidencial Mario Vizcarra Cornejo (Perú Primero) no habría informado su participación en la empresa C Y M VIZCARRA S.A.C., fundada por su hermano Mario Vizcarra, condenado por corrupción.
El personero de Perú Primero aseguró que se trató de un “error material”, pues en la declaración se escribió “Vizcarra S.A.C.” en lugar de “C y M Vizcarra S.A.C.”, y sostuvo que “no ha existido voluntad alguna de ocultar información”. Solicitó, ante ello, que se efectúe únicamente una anotación marginal para corregir el nombre de la empresa.
Mario Vizcarra, hermano del recluido expresidente Martín Vizcarra, busca llegar ahora a Palacio de Gobierno con el partido Perú Primero. (Composición: El Comercio)
Otros casos
Por otro lado, otros tres expedientes se refieren a la omisión de sentencias judiciales firmes, todos ellos por obligaciones civiles de dar suma de dinero; no por delitos penales. Entre ellos está Virgilio Acuña (Partido Democrático Federal), quien, según un oficio de la Corte Superior de Justicia de Huaura, registra una sentencia en su contra emitida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado – sede Huaral, por obligación de dar suma de dinero.
Luego de acercamientos con Antauro Humala, el cabecilla del ‘Andahuaylazo’, ahora el excongresista Virgilio Acuña postula a la vicepresidencia con el Partido Democrático Federal.
La demanda fue presentada por una cooperativa de ahorro y crédito; el reclamo fue declarado parcialmente fundado y se ordenó el pago de más de S/18 mil, más intereses. La sentencia quedó consentida en 2017 y actualmente el expediente figura como “archivo provisional”, según la información del JEE. Además de este caso, Virgilio Acuña también registra otro por supuestamente no haber declarado la titularidad de acciones de una empresa.
Además, hay tres expedientes en los que se cuestiona la veracidad de la trayectoria o los cargos partidarios declarados por los aspirantes, con casos que incluso rozan lo anecdótico. Daniel Barragán, candidato a la primera vicepresidencia por el Partido Cívico Obras y exministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, consignó en su hoja de vida que había sido elegido vicepresidente en 2021; en realidad solo fue postulante. Ya solicitó una anotación marginal.
Puntos de vista
Según explicó el abogado José Manuel Villalobos, especialista en temas electorales, hasta la elección anterior, un candidato podría ser excluido por no declarar correctamente su hoja de vida.
Sin embargo, tras una modificación realizada por el Congreso en junio de 2024, mediante la Ley N.º 32058, se estableció que, en caso de determinarse falsedad, se impondría una multa, según la gravedad de la infracción, que varía entre 1 UIT (S/ 5.500) y 10 UIT (S/ 55.000).
“Hasta la elección pasada te excluían por todo eso, todos estos candidatos en el 2021 ya estarían fuera de carrera por no declarar EIRL, acciones, etcétera. Pero lo que pasaba es que era absurdo y lo más razonable era que te pusieran una multa, no que te quitaran de la carrera. Es decir, no había proporción en la sanción. No declarabas una moto y te sacaban; era una sanción excesiva. La multa tiene más razonabilidad”, refirió Villalobos.
Detalló que, además de la multa, el caso también puede ser remitido al Ministerio Público, pues podría tratarse de un delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.
Villalobos remarcó que, desde su perspectiva, si se trata de información ya registrada en los Registros Públicos, esa información debería ser automáticamente extraída por el sistema para la hoja de vida. “Un problema de Estado, como la interoperabilidad, no debería trasladarse al ciudadano. Si uno tiene su empresa inscrita en Registros Públicos, esa información ya es pública para la comunidad”, explicó.
En la misma línea, el abogado Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, explicó que estos supuestos ya no configuran una exclusión. Mencionó que algunos aspirantes pueden omitir cierta información, ya sea porque les perjudica, por desconocimiento o porque confiaron en que el JNE ya tenía acceso a esos datos.
Sin embargo, independientemente de la condición tributaria de la empresa, es obligatorio declarar las acciones o participaciones que uno pudiera tener. “Salvo que se haya extinguido la persona jurídica, pero si no ha sucedido eso y la empresa está suspendida, sí, tiene que declarar”, precisó.
Mendoza también recordó que, anteriormente, los ítems sobre sentencias en materia de alimentos, cuestiones contractuales y violencia familiar, así como los ingresos y bienes, podrían haber llevado a la exclusión. Hoy, esto ya no procede. “Es por eso que los procedimientos de exclusión por tachas han descendido significativamente. Ahora solo queda una sanción pecuniaria y, si el jurado considera que el candidato intentó falsear la información, deriva copias de lo actuado al Ministerio Público”, concluyó.
Por su parte, el abogado José Tello, especialista en derecho electoral y presidente del Instituto AKLLA Perú, señaló que, en cierto modo, lo que busca la norma es que se sancione con exclusión únicamente a aquellos que omitan sentencias condenatorias en materia penal o con reserva de fallo. De alguna manera, agregó, se otorga mayor flexibilidad, permitiendo que las multas sean escalonadas al determinarse este tipo de conductas. “A veces, la exclusión no lo es todo”, remarcó.
Tello insistió en que la declaración jurada busca que “los candidatos se transparenten ante la población” y que indiquen claramente qué es lo que deben informar, pues su finalidad es el conocimiento público y tiene como objetivo el sinceramiento.
“Si un candidato no es sincero, que se sepa ante la opinión pública que está siendo excluido de una elección o, en todo caso, multado por no serlo. Todo esto fuera del proceso penal que se inicie si se trata de un delito contra la fe pública. Porque cuando se omite o se da información falsa en una declaración jurada de hoja de vida, se está entrando en un problema mayúsculo, ya que esto tiene implicaciones penales”, afirmó.
TENGA EN CUENTA:
Además de los 349 casos que involucran a candidatos a diputados y los 182 vinculados a aspirantes al Senado, se registran otros 21 expedientes correspondientes a postulantes al Parlamento Andino.
El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Fiscalía por la muerte de la deportista Lizeth Marzano y afrontará el proceso en la cárcel. Juez consideró que no tiene arraigo domiciliario ni laboral./Foto: Difusión.
La noche de este miércoles, el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y omisión de socorro tras el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.
La decisión fue adoptada por el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán, durante una audiencia en la que se evaluaron los elementos presentados por el Ministerio Público.
El magistrado también dispuso que Villar Chirinos sea puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad que deberá determinar el establecimiento penitenciario donde cumplirá el mandato judicial durante el plazo establecido.
Durante la audiencia, el juez analizó los argumentos planteados por las partes y concluyó que existen elementos que justifican la medida solicitada por la Fiscalía en el marco de la investigación por la muerte de Lizeth Marzano.
FUGA Y FALTA DE AUXILIO
Entre los fundamentos expuestos, el magistrado desestimó el argumento de la defensa respecto a las agravantes del delito de homicidio culposo. Señaló que el uso del vehículo y la posterior huida del lugar son factores suficientes para configurar una pena elevada.
En ese sentido, indicó que no resulta indispensable acreditar consumo de alcohol o drogas para evaluar la gravedad de la conducta investigada.
El juez también sostuvo que Villar huyó a gran velocidad tras el hecho y cruzó semáforos en rojo “con la finalidad de no ser ubicado”, lo que, según la resolución, complica su situación frente al riesgo de fuga.
Además, durante la audiencia se señaló que el investigado no brindó auxilio a la deportista luego del impacto, elemento que fue considerado dentro de los argumentos que sustentaron la decisión judicial.
Adrián Villar el día de su dictamen de prisión preventiva. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
PELIGRO DE FUGA Y PROCESO PENAL
El Ministerio Público había solicitado nueve meses de prisión preventiva al considerar que existen graves y fundados elementos de convicción en contra del investigado, así como un riesgo de que pudiera eludir el proceso.
En su evaluación, el juez también analizó que el imputado no acreditó un arraigo suficiente, aspecto que fue tomado en cuenta para determinar la medida coercitiva.
Asimismo, el magistrado señaló que Villar habría intentado alejarse del proceso en una etapa inicial, situación que fue incorporada dentro del análisis sobre el peligro de fuga.
El caso está vinculado al atropello que causó la muerte de la deportista y campeona nacional Lizeth Marzano, ocurrido en el distrito de San Isidro. La investigación continuará mientras el acusado cumple el mandato de prisión preventiva ordenado por el Poder Judicial.
