Una amplia operación fiscal y policial volvió a poner bajo la lupa a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC). Desde las seis de la mañana hasta primeras horas de la tarde del martes, la Policía Contra la Corrupción y la Fiscalía Anticorrupción ejecutaron un megaoperativo de allanamiento en siete inmuebles vinculados a la investigación por la presunta compra sobrevalorada de 18 volquetes.
Según la tesis fiscal, sustentada en un informe de la Contraloría, la DRTC habría pagado 230 mil dólares por cada volquete, pese a que su costo real ascendería a 180 mil dólares. Esta diferencia habría ocasionado un perjuicio económico de S/ 1 millón 976 mil 663.95.
La entidad regional, por su parte, sostiene que el monto pagado incluye mantenimiento preventivo y correctivo.
Funcionarios y exfuncionarios bajo investigación
El operativo, autorizado a pedido del fiscal anticorrupción Virgilio Carrión, forma parte del proceso seguido por presunta colusión agravada y otros delitos contra la administración pública. Entre los investigados figuran:
- Dorcas Inga Gómez – directora de Caminos de la DRTC
- Violeta Otayza Cruz
- Carmen Rocío Carbajal García – integrantes del Comité de Selección
- Juan José Meléndez Medina – ingeniero mecánico
- Claudia Estela Garay Correa – funcionaria de la DRTC
- Luisiño Inocente Rosas Herrera – exdirector regional de Transportes
Además, se investiga también al actual director regional de Transportes, Luigui Vidal Véliz, y al empresario Carlos Jesús Potestá Valencia, presuntos integrantes de la organización conocida como “Los dinámicos para la adquisición de máquinas pesadas”.
¿Qué incautó la Fiscalía?
Durante el allanamiento en viviendas ubicadas en los jirones Chavín, Ayacucho, San Martín, avenida Centenario, urbanización Gonzales Prada y el Fundo Zevallos, además de un inmueble en Ucayali, las autoridades incautaron:
- 6 laptops
- 9 celulares
- 2 memorias externas
- 3 USB
- Documentación vinculada al proceso de adquisición de los volquetes
Todo el material será sometido a análisis forense como parte de la investigación.
La Fiscalía busca determinar si existió un acuerdo irregular entre funcionarios y proveedores para favorecer la compra de maquinaria pesada con precios inflados.
