El jefe de la Oficina Defensorial de Huánuco, Marco Durand Roca, salió en respaldo de las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, sobre la posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda ser disuelta bajo determinadas circunstancias previstas en la Constitución.
Durand Roca rechazó las críticas que calificaron de autoritaria la posición del titular de la Defensoría y sostuvo que sus declaraciones se encuentran dentro del marco constitucional.
“Hay que descartar ese tufillo porque lo que se ha opinado es constitucional”, afirmó al ser consultado por el cuestionamiento generado por las declaraciones de Gutiérrez.
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Pide que el nuevo Parlamento no sea un obstáculo
El funcionario explicó que la Constitución contempla la posibilidad de que la Presidencia de la República disuelva la Cámara de Diputados cuando no se otorgue la confianza a determinados gabinetes ministeriales.
Desde su perspectiva, la eventual aplicación de este mecanismo no constituiría una medida arbitraria, sino una posibilidad contemplada por el ordenamiento constitucional.
También descartó que una eventual negativa parlamentaria a otorgar la confianza tenga necesariamente que desencadenar una crisis política.
“No se genera un caos político. Imposible”, sostuvo.
Durand Roca consideró que la principal responsabilidad recaerá en los nuevos representantes que integren el Parlamento, a quienes pidió actuar con responsabilidad y evitar que las disputas políticas terminen desplazando los temas prioritarios para el país.
“El defensor ha alertado que, si nuestro nuevo Parlamento se va a volver un obstáculo para el desarrollo del país, tiene que asumir las consecuencias que se presentan”, señaló.
Salud, educación e inversión deben estar en la agenda
El jefe de la Oficina Defensorial cuestionó que la actividad parlamentaria pueda terminar concentrándose en censuras, confrontaciones y controversias políticas en lugar de atender los problemas que afectan directamente a la población.
En ese sentido, sostuvo que el debate político debería priorizar asuntos relacionados con inversión, salud, educación y otros sectores estratégicos.
Su pronunciamiento se produce en medio del debate generado por las declaraciones del defensor del Pueblo sobre los mecanismos constitucionales que podrían aplicarse frente a determinadas decisiones de la futura Cámara de Diputados.
