El proyecto de remodelación de la laguna Viña del Río enfrentará una controversia judicial luego de que el Segundo Juzgado Civil de Huánuco admitiera a trámite la demanda de amparo presentada por el Colegio de Abogados de Huánuco contra el Gobierno Regional.
La resolución, emitida el 24 de agosto, dispone que las partes involucradas participen en una audiencia única programada para el 12 de octubre, a las 10:30 de la mañana.
El proceso fue promovido por el decano del Colegio de Abogados, Handhy Amadeo Cruz Jaramillo, quien cuestiona que se intervenga físicamente la laguna sin que previamente se acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales del proyecto.
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Piden frenar intervención de la laguna
La demanda incluye además un pedido de medida cautelar para que se suspenda cualquier intervención en Viña del Río mientras el Gobierno Regional no exhiba la documentación que, según el Colegio de Abogados, permita verificar que el expediente técnico está culminado y que se cuenta con las autorizaciones ambientales correspondientes.
El pedido fue anunciado públicamente por Cruz Jaramillo el pasado 24 de julio, pocos días después de que el Gobierno Regional cercara el perímetro de la laguna y anunciara el inicio de los trabajos.
Sin embargo, mientras el proceso judicial avanza, una excavadora ya fue observada desplazándose en el lecho de la laguna el viernes último.
Gobierno Regional deberá responder
La jueza Juana Cercedo dispuso correr traslado de la demanda al gobernador regional Antonio Pulgar y a los representantes de los consorcios encargados de la ejecución y supervisión del proyecto, quienes tienen un plazo máximo de diez días para responder.
De acuerdo con la resolución judicial, en la audiencia única las partes expondrán sus posiciones y, si el juzgado considera que cuenta con elementos suficientes, podrá emitir sentencia en ese mismo acto. De lo contrario, tendrá un plazo de diez días hábiles para hacerlo.
El proceso también podría incorporar al Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, cuyo presidente, el abogado huanuqueño Eliseo Talancha Crespo, solicitó intervenir como litisconsorte. Este pedido fue puesto en conocimiento de las partes.
“No nos oponemos a una obra”
Cruz Jaramillo ha insistido en que el cuestionamiento no busca impedir una inversión pública, sino exigir que el proyecto cumpla previamente con las exigencias legales.
“El Colegio de Abogados no se opone a una obra de inversión pública”, sostuvo el decano, al señalar que cualquier intervención debe contar con el procedimiento establecido y las autorizaciones exigidas por ley.
La controversia ahora deberá ser resuelta por el Poder Judicial, mientras el proyecto de remodelación continúa en el centro de la discusión pública.
