La continuidad educativa de más de mil estudiantes del Colegio Parroquial Padre Abad de Tingo María está en riesgo. La controversia entre la Promotoría de esta institución y las autoridades del sector Educación podría dejar al emblemático plantel sin local escolar para el año lectivo 2027, luego de que la congregación propietaria del inmueble anunciara que no permitirá que funcione allí ninguna institución educativa pública.
La advertencia fue formalizada mediante una carta notarial del 29 de octubre de 2026, dirigida al director de la UGEL Leoncio Prado. En el documento, la Provincia Misionera San Francisco Solano del Perú comunicó que permitirá utilizar sus instalaciones únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, las puertas del inmueble quedarán cerradas para cualquier actividad vinculada a la UGEL.
LEE ESTO TAMBIÉN: Joven de 19 años muere atropellada por un trimóvil cerca de la Plaza de Armas de Huánuco
De colegio particular a institución pública: el origen de la controversia
En entrevista, Ángel Omar Jáuregui Mercado, asesor legal del Colegio Parroquial Padre Abad, sostuvo que la institución fue creada en 1950 como un colegio particular y que, pese a los cambios de denominación registrados a lo largo de los años, mantuvo su naturaleza privada bajo el régimen de acción conjunta entre la Iglesia católica y el Estado.
Explicó que, debido a las condiciones económicas de la población de Tingo María en aquella época, el colegio no cobraba pensiones, pese a su condición particular. Posteriormente, con la Resolución Ministerial N.° 483-89-ED, pasó a funcionar bajo un régimen de gratuidad y financiación mixta, modalidad que, según indicó, le permitía recibir plazas docentes financiadas por el Estado y aportes de las familias que podían contribuir económicamente.
Sin embargo, el conflicto se agravó en 2020, cuando la Dirección Regional de Educación de Huánuco emitió la Resolución Directoral Regional N.° 1592-2020, mediante la cual determinó que el Padre Abad tenía la condición de institución educativa pública de gestión privada.
Para Jáuregui, esta decisión modificó unilateralmente la naturaleza jurídica del colegio y desconoció sus antecedentes administrativos como institución privada de acción conjunta.
Ministerio de Educación cuestionó la conversión realizada en 2020
Uno de los elementos centrales de esta controversia es el Informe Técnico N.° 00119-2026-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE, emitido por el Ministerio de Educación el 24 de marzo de 2026.
En sus conclusiones, el documento reconoce que el Colegio Padre Abad encaja en la tipología de institución educativa privada bajo el régimen de acción conjunta y financiación mixta, condición que ya había sido reconocida por la propia DRE Huánuco mediante la Resolución Directoral Regional N.° 790-2003.
Además, el informe cuestiona la conversión dispuesta en 2020. En su numeral 3.6 señala que el procedimiento mediante el cual se cambió la naturaleza privada de la institución a una pública de gestión privada no estaba previsto en la normativa vigente.
El Ministerio también formuló observaciones sobre la titularidad del inmueble donde funciona el plantel y recomendó a las autoridades educativas adoptar las medidas necesarias para solucionar la controversia, respetando los antecedentes documentales y garantizando la continuidad del servicio educativo.
Pese a estas observaciones, el Gobierno Regional de Huánuco emitió la Resolución Gerencial Regional N.° 0477-2026, del 30 de octubre de 2026, mediante la cual declaró infundado el recurso de apelación presentado por Ángel Omar Jáuregui.
La resolución no acogió el pedido de la Promotoría. Sin embargo, en su artículo segundo dispuso que la DRE Huánuco y la UGEL Leoncio Prado evalúen la situación actual del colegio, incluyendo su infraestructura y la vigencia del convenio, además de adoptar las acciones correspondientes dentro de sus competencias.
Jáuregui cuestionó que el Gobierno Regional haya rechazado su apelación sin atender, según sostiene, las observaciones formuladas por el Ministerio de Educación. Calificó la actuación de las autoridades como una estatización arbitraria de una institución privada.
Congregación anuncia cierre del local desde enero de 2027
La consecuencia más grave del enfrentamiento podría recaer sobre los estudiantes. Mediante la carta notarial del 29 de octubre, la Provincia Misionera San Francisco Solano del Perú comunicó que permitirá el uso del inmueble solamente hasta el último día de 2026.
La congregación sostiene que el local, ubicado en la avenida Ucayali N.° 404 y siguientes, es de propiedad privada y que tanto la infraestructura como el mobiliario y los equipos pertenecen a la institución religiosa. Según Jáuregui, el Estado únicamente aporta el pago de parte del personal docente y no ha invertido en la infraestructura del plantel.
El asesor legal también explicó que la congregación pretende mantener el modelo de acción conjunta, mediante el cual las familias con capacidad económica aportarían pensiones módicas para sostener el funcionamiento del colegio, mientras que al menos el 30 % de los estudiantes provenientes de hogares de escasos recursos económicos recibiría educación completamente gratuita.
No obstante, existe un sector de padres de familia que reclama la gratuidad absoluta del servicio educativo, situación que, según la Promotoría, también forma parte del conflicto sobre el financiamiento de la institución.
La advertencia de la congregación es contundente: si no se respeta su derecho de propiedad y se mantiene la clasificación cuestionada, no permitirá que el colegio funcione como institución pública en sus instalaciones durante 2027.
Así, más de mil estudiantes de Tingo María quedan en medio de una controversia administrativa que todavía no tiene una solución definitiva. Mientras la Promotoría defiende la naturaleza privada y el régimen de acción conjunta del Padre Abad, las autoridades educativas tienen pendiente resolver la situación de la infraestructura y garantizar la continuidad de las clases.
La pregunta que queda abierta es quién asumirá la responsabilidad de encontrar una salida antes de que termine el año. El futuro educativo de más de mil alumnos está en juego.
