Una denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público de Huánuco contra Enrique Orlando Pulgar Lucas, a raíz de la propuesta denominada “Banco del Pueblo”, que plantea otorgar créditos de entre S/ 1,000 y S/ 50,000.
La denuncia fue formulada por Miguel Meza, candidato de Alianza para el Progreso, quien sostiene que la oferta difundida durante la campaña debe ser investigada para determinar si podría constituir una conducta prohibida por la legislación electoral y penal.
¿Qué cuestiona la denuncia?
Según el documento presentado por Meza, el denominado “Banco del Pueblo” contempla créditos dirigidos a agricultores, emprendedores, familias y personas en situación de pobreza y extrema pobreza, con una tasa de interés anunciada de 0,3 %.
La propuesta habría sido difundida mediante redes sociales y durante actividades proselitistas, entre ellas un acto realizado en Obas, provincia de Yarowilca.
Meza sostiene que, por las características de esta oferta y su difusión durante el periodo electoral, corresponde establecer si existe alguna relación con el supuesto contemplado en el artículo 356 del Código Penal.
Fiscalía deberá determinar si existe delito
El artículo 356 establece que quien, mediante dádivas, ventajas o promesas, trate de inducir a un elector a no votar o a hacerlo en un sentido determinado, puede recibir una pena de uno a cuatro años de prisión.
La sola presentación de la denuncia no determina que se haya cometido el delito ni establece responsabilidad penal de Pulgar. Corresponderá al Ministerio Público evaluar los hechos y los elementos presentados.
De acuerdo con lo señalado por Meza, su pedido busca que se disponga el inicio de diligencias preliminares y que se revisen los materiales vinculados con la propuesta y su difusión.
La propuesta ya había sido presentada públicamente
El denominado “Banco del Pueblo” forma parte de las propuestas que Enrique Pulgar viene difundiendo durante sus actividades de campaña. Medios locales han reportado que el planteamiento contempla créditos para emprendedores, agricultores, comerciantes y otros sectores, y que ha sido presentado en diferentes actividades políticas.
Por ahora, la controversia queda planteada ante el Ministerio Público, que deberá determinar si los hechos denunciados presentan elementos suficientes para continuar con una investigación y establecer, de corresponder, las responsabilidades legales.
