El proceso electoral en Huánuco suma un nuevo capítulo. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco remitió a la Fiscalía de Prevención del Delito documentación sobre excandidatos que, pese a haber quedado fuera definitivamente de la contienda, continuarían promocionándose públicamente como si siguieran habilitados para postular.
La remisión fue formalizada el 18 de septiembre de 2026, mediante el Oficio N.° 001981-2026, dirigido a la fiscal titular de Prevención del Delito, Rocío Castro Martínez.
El caso está contenido en el Expediente N.° 2026044963 y fue acompañado por la Resolución N.° 01563-2026-JEE-HNCO/JNE.
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El JEE pone el caso en manos del Ministerio Público
Según el órgano electoral, los hechos no se limitarían al ámbito de fiscalización electoral, por lo que consideró pertinente ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de Prevención del Delito.
El JEE solicitó al Ministerio Público que, dentro de sus competencias, evalúe las medidas preventivas que correspondan frente a las conductas advertidas.
Para sustentar su decisión, el organismo electoral remitió resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que establecen la exclusión definitiva de determinados postulantes, así como pronunciamientos relacionados con recursos de queja presentados por la organización política Perú Primero.
Jesús Giles aparece entre los casos señalados
Uno de los nombres mencionados en la documentación es Jesús Giles Alipázaga, cuya exclusión como candidato a la Municipalidad Provincial de Huánuco fue confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones.
En una resolución publicada por el JNE, el máximo órgano electoral confirmó la decisión del JEE que declaró fundada una tacha contra Giles y dispuso su exclusión. El caso estuvo relacionado con una sentencia condenatoria de primera instancia por el delito doloso de negociación incompatible.
El propio JNE señala que la exclusión quedó confirmada al resolver el recurso presentado por el personero de Perú Primero.
A partir de los informes de fiscalización que motivaron la actuación del JEE, el órgano electoral sostiene que algunos excandidatos excluidos continuarían difundiendo propaganda que podría generar en los electores la impresión de que mantienen su condición de candidatos.
¿Qué podría ocurrir ahora?
Con la documentación ya remitida, la Fiscalía de Prevención del Delito deberá evaluar si corresponde adoptar medidas dentro de sus atribuciones.
La intervención podría traducirse en exhortaciones y advertencias dirigidas a las organizaciones políticas y a los excandidatos involucrados para que cesen la difusión de propaganda que pueda inducir a error sobre su situación electoral.
El JEE advierte además que, si pese a las advertencias persistieran determinadas conductas, estas podrían ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes para evaluar eventuales responsabilidades penales.
Por ahora, la remisión del expediente a la Fiscalía constituye una actuación preventiva y no una declaración de responsabilidad penal contra los involucrados.
El caso coloca nuevamente bajo la lupa la propaganda electoral de quienes ya fueron retirados de la contienda y plantea una pregunta para los electores: ¿qué ocurre cuando un candidato ya no puede competir, pero su imagen continúa circulando como si todavía estuviera en carrera?
