Se hacen de la vista gorda. Los servidores públicos están obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado; sin embargo, esto no estaría aconteciendo en el departamento de Huánuco.
LEA TAMBIÉN: Huánuco es penúltimo en inversión pública a nivel nacional y gobernador Antonio Pulgar pide tranquilidad
De acuerdo al informe de control N°015-2023-OCI/5339-SOO, expedido por la Contraloría General de la República (CGR), existen servidores de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Huánuco (GRH) que mantienen encargos internos pendientes de rendición desde el año 2015. Esto podría acarrear un perjuicio económico por más de 200 mil soles. La irregularidad se puso en evidencia el último martes 13 de junio del presente año.
La relación de encargos internos – dinero no rendido – corresponde a las unidades ejecutoras de: Ugel Huánuco (S/2,490.00), Ugel Yarowilca (S/33,852.50), Ugel Lauricocha (S/300.00), Ugel Ambo (S/14,300.00), Ugel Huacaybamba (S/12,900.00), Ugel Puerto Inca (S/11,570.00), Ugel Huamalíes (S/44,932.00), Ugel Dos de Mayo (S/129,796.00) y la Dirección de Agricultura (S/20,356.00). Todo suma un total 270, 496.50 soles.

Sobre el particular, la Oficina de Contabilidad del GRH respondió al oficio de la CGR (N°23-2023-GRH/GRA/OC), el en cual explica los motivos de la demora.
“(…) la oficina de contabilidad no cuenta con los actuados, razón por la cual se procedió a requerir mediante oficios a cada una de las unidades ejecutoras dando un plazo máximo de 2 días hábiles, el mismo qué a la fecha ya se encuentra vencido sin tener respuestas alguna (…)”, justifica el área de Contabilidad, según detalla el documento.
De acuerdo a ley, la rendición de cuentas no debe exceder los tres días hábiles después de concluida la actividad encomendada, salvo se trate de actividades desarrolladas fuera del país, en este caso, puede ser de hasta 15 días calendario. En Huánuco, han pasado 8 años.

Mientras tanto, la Contraloría recomendó al gobierno de Antonio Pulgar, adoptar las acciones correctivas en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso.