ANIN y representantes del sector Salud revisaron los avances del diseño del futuro hospital especializado en atención oncológica.
El diseño del futuro Hospital Regional La Esperanza, especializado en atención oncológica, continúa avanzando con la revisión de sus componentes arquitectónicos y funcionales, según informó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
La jornada de trabajo reunió a especialistas de la ANIN con el director del Hospital Regional Hermilio Valdizán y representantes de la Diresa Huánuco, quienes evaluaron cómo estarán distribuidos los ambientes y organizados los servicios del nuevo establecimiento.
El proyecto está previsto para atender a más de 750 000 personas de Huánuco y zonas aledañas, con una infraestructura orientada a fortalecer la atención especializada frente a las enfermedades oncológicas.
Durante la reunión técnica se analizaron aspectos del diseño arquitectónico y del Programa Médico Funcional, con el propósito de que los espacios respondan a las necesidades de los servicios que ofrecerá el establecimiento.
Las coordinaciones también buscan facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y procesos de atención, de acuerdo con las características que tendrá el futuro hospital especializado.
Preparan al personal para el cambio
Como parte de la jornada también se desarrolló el taller denominado “aterrizajes suaves”, dirigido al personal de la Diresa Huánuco.
La estrategia busca preparar progresivamente a trabajadores y usuarios para la transición hacia el nuevo establecimiento, considerando los cambios que supondrán los nuevos ambientes, equipamiento y modalidades de atención.
El responsable de la Unidad Desconcentrada de la ANIN en Huánuco, Víctor Grados Ruiz, participó en las coordinaciones y brindó soporte técnico durante las actividades.
El trabajo forma parte de las coordinaciones entre la ANIN y las instituciones del sector Salud para impulsar el desarrollo del proyecto del Hospital Regional La Esperanza.
El Señor de los Milagros realizará dos recorridos procesionales en Huánuco durante octubre.
La devoción al Señor de los Milagros volverá a las calles de Huánuco este jueves 8 de octubre, con el primero de los dos recorridos procesionales programados por la Hermandad para este mes.
La imagen del Cristo crucificado fue colocada en sus andas durante una ceremonia realizada en la parroquia San Francisco, desde donde partirá la primera procesión a las 5:00 p. m.
El programa de actividades incluye además novenas, celebraciones religiosas y encuentros culturales que se extenderán hasta el día central de la festividad.
El primer recorrido está programado para este jueves 8 de octubre a las 5:00 p. m.
La segunda procesión se realizará el domingo 18 de octubre, día central de la celebración, después de la misa de las 7:00 a. m. El recorrido comenzará a las 8:00 a. m., según el programa difundido por la Hermandad.
El presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros, Jhonatan Verde, presentó la programación durante una conferencia de prensa y destacó la participación de los hermanos en las actividades de fe.
Música, danzas y actividades culturales
La programación también contempla actividades que acompañarán las celebraciones religiosas.
El jueves 15 de octubre, a las 8:00 p. m., se realizará la Adoración al Santísimo. Para el viernes 16 está prevista una noche cultural, también a las 8:00 p. m.
La víspera del día central será el sábado 17 de octubre, con una serenata desde las 8:00 p. m., que contará con la participación de grupos musicales y elencos de danza.
Ese mismo día, a las 7:00 p. m., se celebrará la misa solemne de vísperas.
Programa de actividades
🙏 Jueves 8 de octubre: primera procesión, 5:00 p. m.
🙏 Jueves 15: Adoración al Santísimo, 8:00 p. m.
🎭 Viernes 16: noche cultural, 8:00 p. m.
🎶 Sábado 17: serenata con grupos musicales y elencos de danza, 8:00 p. m.
⛪ Sábado 17: misa solemne de vísperas, 7:00 p. m.
🙏 Domingo 18: misa por el día central, 7:00 a. m.
✝️ Domingo 18: segunda procesión, 8:00 a. m.
La Hermandad señaló que durante estas actividades los hermanos expresarán su devoción mediante cantos y danzas, como parte de las celebraciones del Señor de los Milagros en Huánuco.
Trabajadores de Seda Huánuco cuestionaron la gestión de la empresa y el estado del proyecto para reemplazar el antiguo canal de conducción.
El deterioro del canal de conducción de agua cruda en la zona de Canchán, que ha provocado interrupciones del servicio de agua potable en los últimos días, volvió a generar protestas frente a Seda Huánuco.
Trabajadores de la empresa, encabezados por el dirigente Pedro Beteta Tarazona, realizaron un plantón para exigir la salida de los gerentes designados por el Otass y cuestionar la conducción de la empresa.
Durante la protesta, Beteta afirmó que mientras el antiguo canal presenta filtraciones y riesgo de deterioro, el proyecto que debía reemplazarlo habría quedado paralizado por deficiencias en el estudio.
Los manifestantes se concentraron en los exteriores de Seda Huánuco y reclamaron la salida de los gerentes. Beteta cuestionó particularmente al gerente general y sostuvo que la empresa requiere profesionales que conozcan la realidad del servicio de saneamiento en Huánuco.
El dirigente relacionó el reclamo con los problemas registrados en el canal de conducción de agua cruda de Canchán, cuya situación habría obligado a suspender el servicio durante la semana pasada y nuevamente en los últimos días.
Según Beteta, la infraestructura presenta filtraciones y un deterioro que requiere una intervención para evitar mayores problemas en el abastecimiento.
Dirigente atribuye caída del proyecto a estudio
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la protesta fue el estado del proyecto denominado IOARR de optimización de la línea de conducción de agua cruda, planta de tratamiento de agua potable y almacenamiento de agua potable de Seda Huánuco.
Beteta sostuvo que la iniciativa contemplaba la construcción de una nueva línea de conducción para reemplazar el antiguo canal y que su ejecución sería financiada mediante Obras por Impuestos (OxI).
Sin embargo, afirmó que el proyecto habría sido retirado del sistema de inversión del Gobierno Regional debido a deficiencias detectadas en el estudio.
El dirigente explicó que, según el planteamiento elaborado por Seda Huánuco, la nueva línea tendría una capacidad de conducción de 320 litros por segundo, mientras que el caudal actual del canal sería de aproximadamente 260 litros por segundo.
Beteta cuestionó esa capacidad y sostuvo que la iniciativa fue planteada como un componente de optimización. Estas afirmaciones corresponden a la posición del dirigente sindical y deberán ser contrastadas con el expediente técnico y las observaciones oficiales del proyecto.
Seda Huánuco: falta levantar observaciones
Desde la empresa, el gerente de Administración de Seda Huánuco, Miguel Castelo, manifestó su sorpresa por la protesta y señaló que los dirigentes no habrían aceptado entablar un diálogo.
Respecto al proyecto de optimización de la línea de conducción, Castelo indicó que Seda Huánuco impulsó el trabajo y que actualmente corresponde al Gobierno Regional levantar las observaciones formuladas.
De esta manera, mientras los trabajadores sostienen que el proyecto se cayó por un deficiente estudio, la administración de Seda Huánuco señala que el IOARR permanece en trámite y que está pendiente de que se atiendan las observaciones realizadas.
El punto de fondo continúa siendo el deterioro del sistema de conducción de agua cruda y la necesidad de contar con una solución que permita reducir el riesgo de nuevas interrupciones en el abastecimiento de agua potable para Huánuco.
Un informe de control identificó deficiencias técnicas y administrativas en la ejecución de la obra vial.
La ejecución del proyecto vial en el tramo Cruz Verde–Loma Blanca–Las Moras y Puente Vía Crucis presenta una serie de deficiencias técnicas y administrativas que han sido advertidas por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Huánuco.
El Informe de Hito de Control N.° 021-2026-OCI/5339-SCC señala que los incumplimientos detectados en materia de seguridad, aspectos ambientales y gestión del proyecto podrían generar accidentes, afectar la infraestructura y comprometer el uso adecuado de los recursos públicos.
Durante la inspección se encontró desmonte y material excedente acumulado en calzadas y bermas, situación que restringe el tránsito de vehículos y peatones.
También se verificó la ausencia de mallas de protección colectiva y señalización en veredas ubicadas junto a desniveles pronunciados. A ello se sumaron cajas de registro sin tapa y estructuras de drenaje pluvial colapsadas.
Estas condiciones fueron consideradas dentro de las situaciones que representan riesgos para quienes transitan por las zonas intervenidas.
Muros de contención sin pases para alcantarillado
Uno de los problemas técnicos advertidos está relacionado con los muros de contención construidos sin considerar los pases para las conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Según el informe, esta situación vulnera las normas de saneamiento y podría interrumpir el acceso de los predios a los servicios básicos. Las posteriores perforaciones que serían necesarias para instalar las conexiones también podrían afectar la estabilidad estructural de las edificaciones.
Expediente con inconsistencias y predios aún pendientes
El órgano de control también identificó problemas que podrían afectar la ruta crítica del proyecto.
Entre ellos figura la falta de un expediente de factibilidad técnica aprobado por Electrocentro S.A. para la reubicación de postes y redes de media y baja tensión. También se detectaron inconsistencias en los análisis de precios unitarios utilizados en el expediente de saldo de obra.
En cuanto a los predios afectados, el Gobierno Regional Huánuco no acreditó el inicio de los trámites de liberación conforme al Decreto Legislativo N.° 1192. Además, se advierte que el presupuesto destinado al Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) sería insuficiente y que todavía no estaría definida la totalidad de inmuebles que serán intervenidos.
Otro punto observado corresponde a la modificación del sistema de progresivas en el expediente técnico de saldo de obra. Según el informe, esta nueva estructura no guarda correlación con el expediente inicial, dificultando la trazabilidad de lo ejecutado y la fiscalización de las deficiencias existentes.
El Gobierno Regional Huánuco fue notificado para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes frente a las situaciones advertidas.
La gestión regional reporta 49 proyectos educativos ejecutados entre enero de 2023 y el primer semestre de 2026.
Un total de 49 proyectos educativos ejecutados entre enero de 2023 y el primer semestre de 2026 permitieron intervenir en infraestructura escolar y espacios educativos de las 11 provincias de Huánuco, con una inversión acumulada de S/ 168 813 653.74, según información de la gestión regional de Antonio Pulgar.
Las obras y demás intervenciones beneficiaron a más de 100 mil estudiantes y estuvieron orientadas principalmente a mejorar las condiciones de los locales educativos y reducir las brechas de infraestructura en zonas urbanas y rurales.
Más de S/149 millones para infraestructura educativa
Del presupuesto ejecutado, S/ 149 267 386.54 fueron destinados a la construcción y culminación de infraestructura educativa.
Entre las instituciones intervenidas figuran la IE N.° 530 de Yacumarca, en Aparicio Pomares; la IE N.° 092 de Sachavaca; los colegios Mi Pequeño Mundo y Juan Velasco Alvarado, en Pillco Marca; la IE N.° 683, en Amarilis; José Carlos Mariátegui, en Pueblo Nuevo; Víctor Reyes Roca, en Luyando; y la IE N.° 32413 de Chuquibamba, en Punchao.
El paquete también incluyó la construcción del Instituto Superior Tecnológico de Puerto Inca, además de espacios deportivos y aulas en el Instituto José Crespo y Castillo de Aucayacu y trabajos de mejoramiento en el Instituto Tecnológico Aparicio Pomares, en Amarilis.
Obras concluidas en distintas provincias
Entre las intervenciones culminadas se encuentran las realizadas en las instituciones educativas N.° 32082 de Pagshag, en Churubamba; N.° 671 Illahuasi, en Puños; N.° 32402 de Carhuapata, en Jacas Grande; y N.° 32505 de Afilador, en Tingo María.
También se reportaron trabajos concluidos en el colegio de Cashapampa, en Monzón, así como en instituciones educativas de Margos y Santa María del Valle.
La relación muestra que las inversiones no se concentraron únicamente en la capital regional, sino que alcanzaron diferentes provincias y distritos de Huánuco.
Más de S/19 millones para coberturas
Otro componente de las intervenciones correspondió a la construcción de coberturas en instituciones educativas, para lo cual se destinó una inversión de S/ 19 546 267.20.
Los trabajos comprendieron colegios de Huánuco, Amarilis, Santa María del Valle, Yuyapichis, Tournavista, Puerto Inca, Honoria, Yarowilca, La Unión, Chaglla, Molino, Umari, Huacaybamba, Ambo, Huacar, Tomay Kichwa, San Miguel de Cauri, Jesús, Chavinillo, Chacabamba, Llata y Rupa Rupa.
De acuerdo con la información proporcionada, estas intervenciones forman parte de la estrategia regional para mejorar las condiciones de aprendizaje, fortalecer la infraestructura escolar y reducir las brechas educativas en Huánuco.
La destrucción de material electoral durante la jornada del 4 de octubre deberá ser evaluada por las autoridades electorales para determinar sus consecuencias sobre el resultado de la elección.
Lo ocurrido en San Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha, no puede quedar reducido a un incidente más de la jornada electoral. La destrucción de material electoral y la retención de trabajadores, de la ONPE, encargados del proceso colocaron en cuestión la posibilidad de conocer con normalidad la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.
Durante los hechos registrados en el local de votación, donde funcionaron 16 mesas de sufragio, material electoral fue destruido. Reportes periodísticos también señalaron que el personal electoral fue retenido durante la irrupción y posteriormente puesto a salvo.
Ahora corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinar las consecuencias jurídicas de lo ocurrido.
El problema no es únicamente la pérdida física de documentos electorales. El punto central es determinar si los hechos ocurridos alteraron o impidieron establecer legítimamente el resultado de la elección municipal de Cauri.
La legislación vigente es clara. El artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales, modificado por la Ley N.° 32657, establece que el JNE puede declarar la nulidad de una elección distrital cuando se comprueben graves irregularidades, por infracción de la ley, que hubiesen modificado los resultados de la votación. La misma norma establece que, declarada la nulidad, se procede a realizar Elecciones Municipales Complementarias.
En Cauri se quemaron cédulas de sufragio, por ello, ¿puede considerarse válida una elección si las actas fueron destruidas durante el escrutinio y el personal electoral fue retenido?
Es una cuestión que debe resolver el organismo electoral competente.
La propia ODPE habló de una eventual nulidad
En medio de la tensión generada por los hechos, la jefa de la ODPE Yarowilca, Minerva Paz, sostuvo, según la conversación telefónica con agentes PNP, y que fue registrada y proporcionada a este medio, que debido a lo ocurrido “se van a declarar nulas las elecciones” y mencionó el 6 de diciembre como una fecha probable para una nueva jornada.
Sin embargo, esa declaración no constituye una resolución de nulidad ni fija una fecha electoral.
La competencia para declarar la nulidad corresponde al JNE. La fecha de una eventual elección complementaria deberá establecerse conforme al procedimiento y al cronograma que corresponda. Por eso, el 6 de diciembre no debe presentarse como una fecha confirmada.
Cauri necesita una respuesta institucional
San Miguel de Cauri tiene 4,728 electores, de acuerdo a información de la ONPE, dentro de la provincia de Lauricocha que registra 20,869 electores.
En este escenario, lo que corresponde es que las autoridades electorales evalúen de manera rápida, transparente y documentada los hechos ocurridos, determinen el alcance de la destrucción del material electoral y establezcan si la violencia registrada modificó o hizo imposible validar el resultado.
Si el JNE concluye que se configura la causal prevista por la legislación, la salida debe ser una nueva elección municipal complementaria, en la que los ciudadanos de Cauri puedan volver a ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y con garantías para todos los participantes.
No se trata de favorecer a un candidato ni de desconocer un resultado por conveniencia política. Se trata de que una autoridad municipal sea elegida mediante un proceso cuya legitimidad pueda ser comprobada.
La Contraloría detectó deficiencias en los procesos para contratar el expediente técnico del saldo de obra.
El proyecto del sistema integral de agua potable y alcantarillado de Tingo María enfrenta nuevas dificultades. La Contraloría identificó una serie de deficiencias en los procedimientos convocados por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado para contratar la elaboración y supervisión del expediente técnico del saldo de obra.
La situación podría afectar la continuidad de las contrataciones y generar una nueva postergación de un proyecto que lleva más de 14 años sin cumplir su finalidad pública, según el Informe de Control Concurrente n.° 018-2026-OCI/0402-SCC.
La municipalidad convocó en julio y agosto de 2026 dos procesos de selección: uno para elaborar el expediente técnico del saldo de obra del sistema de agua y desagüe de la zona urbana de Rupa Rupa y otro para contratar su supervisión.
Para la elaboración del expediente se contempló un presupuesto de S/ 2 235 687 para 2026 y S/ 1 714 290 para 2027. Para la supervisión se consideraron S/ 1 197 451 y S/ 918 186, respectivamente.
En conjunto, ambos servicios representan S/ 6 065 615.
Sin embargo, el informe advierte que la entidad no aseguró los recursos necesarios para cumplir las obligaciones contractuales correspondientes al año 2027. Además, estos gastos no figuraban en la programación multianual señalada en el informe.
Esta situación podría comprometer la continuidad de los servicios que se pretende contratar.
Bases incompletas y documentos que no pudieron ser verificados
Otra de las observaciones está relacionada con la documentación publicada en el SEACE.
La Contraloría constató que las bases integradas estaban incompletas debido a que faltaban páginas del archivo. Esto impidió verificar si las modificaciones derivadas de la absolución de consultas y observaciones habían sido incorporadas o descartadas.
El órgano de control también señaló que la municipalidad no respondió si, para elaborar el nuevo requerimiento, se utilizaron planos, diseños y memorias descriptivas elaborados por un consultor anterior.
El problema radica en que la propia entidad había señalado que esos documentos presentaban inconsistencias y deficiencias técnicas que impedían su utilización.
OECE recomendó retrotraer el proceso
El informe también identifica deficiencias en la documentación que sustenta los procedimientos de selección. Entre ellas figura la falta de información completa sobre las solicitudes de cotización realizadas a proveedores.
Asimismo, la Oficina de Abastecimiento no acreditó el uso de las dos herramientas de interacción con el mercado exigidas por la normativa.
Frente a estas situaciones, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) recomendó declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, con el objetivo de corregir los aspectos advertidos.
La Contraloría comunicó las situaciones identificadas a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado para que adopte las acciones correctivas correspondientes.
Roger Luis Ripa Ito, gestor de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Huánuco de la ONPE, explica cómo las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil pueden acceder a la asistencia técnica del organismo electoral para desarrollar sus procesos de elección interna.
¿Qué tipo de organizaciones pueden solicitar asistencia técnica a la ONPE?
La ONPE brinda asistencia técnica, a nivel nacional, a instituciones públicas y privadas, así como a organizaciones de la sociedad civil que desarrollan procesos de elección interna. El objetivo es contribuir a que estas elecciones se realicen de manera ordenada, transparente y conforme a procedimientos democráticos.
Entre las organizaciones que pueden solicitar este servicio se encuentran colegios profesionales, universidades públicas y privadas, ministerios, municipalidades, consejos de coordinación local distrital y provincial, juntas vecinales, municipios escolares, asociaciones de padres de familia, asociaciones comerciales y vecinales, sindicatos, comunidades campesinas y clubes, entre otras.
¿En qué consiste la asistencia técnica que brinda la ONPE?
La asistencia técnica puede comprender diferentes servicios, de acuerdo con las necesidades de cada organización. Por ejemplo, se brinda asesoría en el planeamiento y organización de la elección, orientación para la ejecución de la jornada electoral, diseño de materiales electorales y préstamo de ánforas y cabinas de votación.
Asimismo, la ONPE puede brindar capacitación a los actores electorales que participan en el proceso, con la finalidad de que conozcan sus funciones y contribuyan al adecuado desarrollo de la elección.
¿Cómo puede una organización solicitar este servicio?
El comité electoral encargado de dirigir el proceso debe presentar una solicitud de asistencia técnica mediante el Formulario S1. En Huánuco, esta solicitud puede ser tramitada en la sede de la Oficina Regional de Coordinación de la ONPE, ubicada en Calle Huallaga Mz. B, Lte. 9, Urb. La Quinta – Huánuco.
La atención es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. También existe la posibilidad de presentar la solicitud a través de la Mesa de Partes Virtual de la ONPE. https://mesadepartesvirtual.onpe.gob.pe/#/
¿Qué sucede después de presentar la solicitud?
Una vez recibida, la ONPE verifica la solicitud y, posteriormente, se comunica con los representantes de la organización para coordinar las reuniones de asesoría correspondientes. De esta manera, se establece un acompañamiento de acuerdo con las características y necesidades de cada proceso electoral.
¿Qué instituciones han recibido asistencia técnica de la ONPE en Huánuco?
En la región Huánuco, la Oficina Regional de Coordinación ha brindado asistencia técnica a diversas instituciones y organizaciones en sus procesos electorales internos. Entre ellas se encuentran:
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda. N.° 289: elección de delegados.
Gobierno Regional de Huánuco: elección de nueva Junta Directiva del COREJU, periodo 2026-2027.
EsSalud – Red Asistencial Huánuco: elecciones del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SINESS – II Huánuco: elecciones del Consejo Ejecutivo Nacional y segunda vuelta.
Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero: elección de sus delegados para las Elecciones Primarias ERM 2026.
Movimiento Político Unidos por el Desarrollo de Huánuco – UDH: elección de sus delegados para las Elecciones Primarias ERM 2026.
Municipalidad Provincial de Huánuco: elección de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local de la Provincia de Huánuco.
Universidad Nacional Agraria de la Selva: elección de decano de las Facultades de Ciencias Contables y Ciencias Económicas y Administrativas.
Universidad Nacional Hermilio Valdizán: elección de representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria y Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado.
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado: elecciones de junta vecinal del caserío Julio C. Tello.
Asociación Frente de Defensa Marabamba – Kotosh: elección de Consejo Directivo, periodo 2026-2028.
Estas experiencias reflejan la diversidad de instituciones y organizaciones que pueden recurrir a la ONPE para recibir orientación y asistencia técnica en sus procesos electorales.
¿Por qué es importante que las organizaciones cuenten con este acompañamiento?
La asistencia técnica permite que las organizaciones cuenten con orientación especializada para planificar y desarrollar sus procesos electorales. Además, contribuye a promover prácticas democráticas, fortalecer la participación de sus integrantes y generar condiciones de transparencia durante las elecciones.
Finalmente, ¿qué mensaje les daría a las instituciones educativas interesadas en realizar la elección de sus municipios escolares?
Desde la ORC Huánuco invitamos a las instituciones educativas a presentar oportunamente sus solicitudes de asistencia técnica para la elección de sus municipios escolares. La ONPE pone a disposición su experiencia y orientación para acompañar estos procesos y contribuir a que los estudiantes participen en elecciones democráticas, transparentes y ordenadas.
Los representantes de las instituciones educativas pueden acercarse a la sede de la ORC Huánuco, ubicada en Calle Huallaga Mz. B, Lte. 9, Urb. La Quinta – Huánuco, para recibir orientación sobre el procedimiento y presentar su solicitud de asistencia técnica.
Documentos empresariales, contractuales y electorales forman parte de la revisión sobre el entorno de Rosalí Leandro./Foto: IA.
A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una revisión documental sobre el entorno del candidato regional Rosalí Leandro Tarazona ‘Shapra’ permite identificar una serie de relaciones empresariales y políticas que abarcan varios años.
Los documentos revisados muestran empresas vinculadas a familiares, contratos públicos, importantes incrementos de capital y relaciones políticas.
UN CONTRATO DE S/6.59 MILLONES Y LA HERMANA DEL ENTONCES ALCALDE
Uno de los documentos centrales de esta investigación es el contrato suscrito el 28 de marzo de 2018 para la ejecución de la obra de ampliación y mejoramiento de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre N.° 32229, en el distrito de San Cristóbal de Jacas Chico, provincia de Yarowilca.
El monto contractual fue de aproximadamente S/6.59 millones.
La obra fue adjudicada al Consorcio Virgen Santa Ana, integrado por Constructora Levar E.I.R.L., ISO Const. & Proyect. S.R.L. y Construmax Luces E.I.R.L.
La participación de las empresas era:
Constructora Levar: 55 %
ISO Const. & Proyect.: 39 %
Construmax Luces: 6 %
El contrato identifica a Ezequiel Efraín Lucas Espinoza como representante de Constructora Levar y a Elizabeth Leandro Tarazona como representante común/legal del consorcio.
El dato adquiere especial relevancia por la fecha: el contrato fue firmado el 28 de marzo de 2018, cuando Rosalí Leandro todavía ejercía como alcalde provincial de Yarowilca. Su renuncia irrevocable fue presentada posteriormente, el 4 de abril de ese año.
MIRA EL CONTRATO AQUÍ:
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La pareja impedida de hacer contratos con el Estado
Elizabeth es hermana de Rosalí Leandro y de Nelida Leandro quien tiene una hija en común con Ezequiel Lucas, según datos oficiales del RENIEC.
La Ley de Contrataciones del Estado N.° 30225 vigente en 2018 establecía impedimentos que alcanzaban a los familiares de los alcaldes. En el caso del entonces alcalde de Yarowilca, Rosalí Leandro Tarazona, la restricción comprendía a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad dentro del ámbito territorial de su competencia. Bajo esa disposición, su hermana Elizabeth Leandro Tarazona —por parentesco de segundo grado de consanguinidad— y su cuñado Ezequiel Efraín Lucas Espinoza —por segundo grado de afinidad— estaban comprendidos en el impedimento para contratar con el Estado en las condiciones establecidas por la norma.
Asimismo, la Contraloría General de la República señalaba en 2018 que “los alcaldes estaban sujetos a impedimentos para contratar dentro de su ámbito de competencia territorial y que, bajo las condiciones establecidas por la legislación, estas restricciones alcanzaban también a cónyuges, convivientes y determinados familiares”.
Levar: de S/120 mil a más de S/3.4 millones
Constructora Levar E.I.R.L. fue constituida en 2010 con un capital inicial de S/120 mil. En julio de 2014, la empresa pasó a manos de Ezequiel Efraín Lucas Espinoza.
Tres años después, el capital aumentó hasta S/1,437,400. El documento de SUNARP registra, entre otros conceptos, un aporte dinerario de S/857,400.
El 26 de julio de 2021, el capital volvió a aumentar, esta vez hasta S/3,437,401, incluyendo un aporte dinerario de S/1,850,000 y bienes por S/150,001.
Aislinn: de S/102 mil a S/5.1 millones
La segunda empresa que aparece en esta investigación es Constructora Aislinn E.I.R.L., cuya titular es Nélida Leandro Tarazona, hermana de ‘Shapra’.
La empresa fue constituida en junio de 2017 con un capital de S/102,150.
Pero su capital registró tres importantes incrementos posteriores:
2018: S/1,102,150.
2021: S/3,102,181.05.
2023: S/5,102,181.05.
El incremento de agosto de 2021 fue particularmente significativo: el capital aumentó en S/2,000,031.05, incluyendo S/1,759,956.05 en dinero depositado en Caja Maynas y bienes no dinerarios.
Dos años después, el 4 de agosto de 2023, se registró otro incremento de S/2 millones, con lo que el capital llegó a S/5,102,181.05.
En términos nominales, la empresa pasó de poco más de S/100 mil a más de S/5.1 millones en seis años.
Dos incrementos separados por apenas 20 días
Existe además una coincidencia temporal que llama la atención. Levar elevó su capital a S/3,437,401 el 26 de julio de 2021.
Aislinn elevó el suyo a S/3,102,181.05 el 15 de agosto de 2021. Entre ambos movimientos transcurrieron apenas 20 días.
Levar y Aislinn terminaron juntas en un consorcio
La relación empresarial entre ambas compañías no se limita a sus vínculos personales.
En 2020, Constructora Levar y Constructora Aislinn participaron juntas en el Consorcio Cajatambo 4, para trabajos de mantenimiento de cuatro tramos de caminos vecinales en Cajatambo.
La participación fue de 50 % para cada empresa.
Levar estuvo representada por Ezequiel Lucas Espinoza y Aislinn por Nélida Leandro Tarazona. El contrato superó los S/3 millones.
En 2023, Aislinn volvió a aparecer en otro consorcio, esta vez para una obra en Yarusyacán, Pasco, por aproximadamente S/722 mil.
En ese caso, un informe de la Contraloría reportó deficiencias relacionadas con concreto, almacenamiento de materiales y ausencia de personal clave, señalando situaciones que podían comprometer la calidad y correcta ejecución de la obra.
LEVART: CUATRO HERMANOS DE ROSALÍ COMPARTIERON UNA SOCIEDAD MINERA
Antes de las empresas constructoras que aparecen en esta investigación, existe otro antecedente empresarial que conecta directamente a Rosalí Leandro Tarazona con varios de sus hermanos.
Una partida registral de SUNARP correspondiente a la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada LEVART muestra que la empresa fue constituida en 2009 con un capital de S/2,000, dividido en 2,000 participaciones.
Entre los ocho participantes que aparecen en el documento figuran Rosalí Leandro Tarazona, Mercedes Carmen Leandro Tarazona, Viqui Leandro Tarazona y Justo Leandro Tarazona, cada uno con 250 participaciones. Es decir, los cuatro hermanos reunían el 50 % de las participaciones de la sociedad minera.
MIRA AQUÍ LA PARTIDA REGISTRAL:
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La documentación relacionada con el derecho minero LEVART identifica además el código 010590608, con una extensión de 300 hectáreas, de clasificación metálica, ubicado en el distrito de Obas, provincia de Yarowilca.
El petitorio del derecho minero fue presentado el 9 de octubre de 2008, antes de la constitución registral de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada LEVART. En la relación de titulares o peticionarios aparecen nuevamente Rosalí, Mercedes, Viqui y Justo Leandro Tarazona, junto con otros cuatro participantes.
La documentación revisada también registra que LEVART apareció en 2011 dentro de una relación vinculada al incumplimiento oportuno del pago del Derecho de Vigencia.
LAS SIETE ÓRDENES DEL IVP: S/60,173.31 EN 2024
Otro de los hallazgos corresponde a Inversiones y Servicios Cavalié S.R.L., RUC 20602521096, empresa vinculada societariamente a Thannia Aalida Orihuela Mercado, candidata a la vicegobernación regional de ‘Shapra’, y a su hijo Fernando Pastor Cavalié Orihuela.
La empresa aparece relacionada con el rubro de construcción y registra siete órdenes del Instituto Vial Provincial de Huánuco durante 2024, por un monto acumulado de S/60,173.31. La información pública consultada también registra esas siete órdenes del IVP Huánuco.
La revisión de las órdenes permite precisar ahora el detalle:
O/S Fecha Monto Estado Registro
71 13/06/2024 S/8,435.51 Devengada Fuera del plazo
92 01/07/2024 S/8,716.69 Devengada Fuera del plazo
117 05/08/2024 S/8,716.69 Comprometida Fuera del plazo
145 02/09/2024 S/8,435.51 Comprometida Fuera del plazo
166 30/09/2024 S/8,716.69 Comprometida Fuera del plazo
193 05/11/2024 S/8,435.51 Devengada Fuera del plazo
211 02/12/2024 S/8,716.71 Comprometida Dentro del plazo
TOTAL S/60,173.31
Las siete órdenes revisadas corresponden al IVP Huánuco, tienen como proveedor a Inversiones y Servicios Cavalié S.R.L. y aparecen como órdenes de servicio que “devienen de procesos de selección”.
Hay otro dato que merece atención: seis de las siete órdenes figuran como “Registrado fuera del plazo”. Solo la O/S 211, de diciembre de 2024, aparece registrada dentro del plazo.
Este dato debe diferenciarse de una eventual irregularidad en la contratación: que una orden figure registrada fuera de plazo no demuestra por sí solo que la contratación haya sido irregular, pero sí constituye un elemento administrativo que puede ser objeto de revisión.
En tanto, la investigación también identificó que Fernando Cavalié formó parte del equipo de transferencia del alcalde de Huánuco Antonio Jara en 2022. Este dato describe un previo vínculo político-administrativo entre Cavalié con el edil Jara.
Ninfa Hilcia Espinoza Jaimes figura como candidata titular número 1 de la lista de País para Todos para el cargo de consejera regional por la provincia de Huamalíes. Así consta en el listado oficial de candidatos publicado por el Estado.
La documentación revisada sobre el IVP señala que Ninfa Espinoza ejerció como gerente del Instituto Vial Provincial de Huánuco durante el periodo 2019-2026 y que las siete órdenes de servicio de Cavalié corresponden a 2024.
Por tanto, existe una coincidencia temporal que debe ser documentada con mayor profundidad: las siete órdenes por S/60,173.31 fueron emitidas durante el periodo en que, según la documentación revisada, Espinoza se encontraba al frente del IVP Huánuco; y en 2026 ella aparece como candidata de la misma organización política que postula a Rosalí Leandro.
LAS DENUNCIAS Y ANTECEDENTES FAMILIARES
La documentación revisada también contiene diversas denuncias policiales relacionadas con familiares de Rosalí Leandro.
En marzo de 2017, Rosalí Leandro fue denunciado por su entonces esposa por un presunto hecho de violencia familiar de carácter psicológico. El documento policial acredita la existencia de la denuncia.
También aparecen denuncias o intervenciones policiales correspondientes a algunos de sus hermanos, entre ellas una denuncia de 2022 contra Darwin Leandro por presunta violencia contra su conviviente; una intervención de 2019 contra Justo Leandro por presunta conducción en estado de ebriedad, durante la cual la Policía encontró un arma de fuego en el vehículo; y denuncias contra Klever Leandro (agente PNP) relacionadas con hechos ocurridos en 2018, 2019 y 2024.
Más allá de cada contrato o empresa por separado, los documentos revisados permiten identificar un entorno familiar y empresarial que acompañaría la carrera política de Rosalí Leandro. Sus hermanos aparecen vinculados a empresas, consorcios y actividades económicas; Ezequiel Lucas Espinoza, pareja de su hermana Nélida, figura como titular y representante de Constructora Levar; y otras personas relacionadas empresarialmente con ese entorno aparecen, años después, vinculadas a espacios políticos o administrativos que coinciden con la actual campaña electoral.
En ese contexto, la pregunta que queda abierta es de dónde provienen los recursos que sostienen actualmente la campaña de Rosalí Leandro y quiénes son sus principales aportantes.
Marco Durand Roca pidió mayor claridad en las propuestas de los candidatos y acciones concretas contra la corrupción.
La preparación de quienes buscan ocupar cargos públicos volvió a ser cuestionada en Huánuco. El jefe de la Oficina Defensorial, Marco Durand Roca, sostuvo que durante el actual proceso electoral existen candidatos que no tendrían suficiente conocimiento sobre las instituciones y los cargos a los que postulan.
Sus declaraciones se producen luego de una actividad promovida por la Comisión Regional Anticorrupción de Huánuco (CRAH), entidad que tiene entre sus objetivos impulsar acciones de prevención y lucha contra la corrupción en la región.
Durand Roca llamó la atención sobre la participación de los candidatos al Gobierno Regional en el encuentro dedicado a discutir propuestas frente a la corrupción.
Según manifestó, solo tres de los diez candidatos a gobernador regional participaron en el debate al que hizo referencia. La actividad fue organizada por la CRAH y estuvo orientada a abordar propuestas relacionadas con la lucha contra la corrupción.
El representante defensorial consideró que la ciudadanía necesita conocer de manera clara las propuestas de quienes buscan asumir responsabilidades en la administración pública.
En declaraciones recogidas para esta nota, cuestionó que algunos postulantes puedan llegar a una institución sin conocer aspectos básicos de su funcionamiento, presupuesto, personal y programas.
“No conocen” las instituciones a las que postulan
Durand sostuvo que un candidato debería conocer previamente la entidad que pretende dirigir.
Puso como ejemplo el caso de quienes aspiran a una municipalidad y, según su apreciación, desconocen cuánto presupuesto administra, cuántos profesionales trabajan en ella o qué programas sociales están bajo su responsabilidad.
También advirtió sobre la existencia de postulantes que, según sus declaraciones, podrían buscar llegar a municipalidades o al Gobierno Regional con intenciones contrarias a la ley. Estas afirmaciones corresponden a la valoración expresada por el funcionario y no identifican a candidatos específicos.
Pide acciones concretas contra la corrupción
Para Durand Roca, la lucha anticorrupción no debería limitarse a compromisos o planteamientos generales, sino traducirse en medidas concretas durante una eventual gestión.
Entre las prácticas que cuestionó se encuentra la realización de sesiones de concejo municipal a puertas cerradas o en horarios que dificulten la participación de la ciudadanía.
La CRAH, creada como un espacio de articulación regional para implementar políticas de integridad y lucha contra la corrupción, tiene entre sus objetivos fortalecer la prevención, mejorar la articulación institucional y promover la rendición periódica de cuentas.
En ese contexto, el jefe de la Oficina Defensorial sostuvo que la ciudadanía debe contar con mayor información sobre las propuestas y capacidades de quienes buscan asumir cargos públicos en las próximas elecciones.
