El sector La Rivera, ubicado en la margen del río Pachitea, a unos 40 minutos de la ciudad de Puerto Inca (región Huánuco), vive momentos de tensión tras la denuncia de sus pobladores contra funcionarios de la Agencia Agraria de Puerto Inca.
La comunidad, presidida por Francisco Córdova Umbo, se formó en 2019, cuando un grupo de familias decidió ocupar aproximadamente 500 hectáreas de terrenos abandonados. Desde entonces, los comuneros aseguran haber trabajado pacíficamente en la zona, impulsando cultivos de cacao, yuca y plátano, además de mejorar caminos sin apoyo de las autoridades locales.
Sin embargo, a inicios de julio de 2025, dos personas —Arnaldo Tello Ampichi y Beel Justo Zuñiga Atachagua— llegaron al lugar afirmando ser los verdaderos posesionarios de los terrenos. Ambos presentaron constancias de posesión emitidas por la Agencia Agraria de Puerto Inca: la N° 384-2024 y la N° 385-2024, cada una de más de 230 hectáreas, firmadas por el Ing. Sixto Arce Cárdenas, actual director de dicha institución.
Según los comuneros, estas constancias habrían sido emitidas de manera irregular, pues los terrenos en cuestión serían propiedad privada ya titulada, sobre los cuales la Dirección Regional de Agricultura no puede reconocer derechos reales de posesión. Además, acusan que el director habría incurrido en el presunto delito de falsedad ideológica, al elaborar expedientes administrativos con documentos presuntamente falsificados, como declaraciones de colindantes o constancias de morador.
Ante esta situación, el presidente de la comunidad, Francisco Córdova, viajó hasta la ciudad de Huánuco acompañado de su abogado para presentar una denuncia formal contra los dos beneficiarios y el funcionario involucrado. También solicitaron la nulidad de las constancias de posesión y la destitución inmediata del director de la Agencia Agraria de Puerto Inca.
Los comuneros sostienen que, tras más de cinco años de ocupación pacífica, continua y pública, ya han adquirido derechos sobre las tierras, conforme a la figura de prescripción adquisitiva prevista en la legislación civil peruana. Consideran este caso como un nuevo ejemplo del presunto tráfico de tierras que afecta diversas zonas rurales del país.
