Marabamba, una localidad a 5 minutos de Huánuco, ahora se encuentra en una situación verdaderamente aterradora. Los pobladores de este lugar están prácticamente siendo obligados a consumir agua contaminada con restos de ratas, perros y otros animales muertos.
El agua se ha convertido en una verdadera pesadilla para los vecinos.
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Ante este hecho, el decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Hernán Cajusol Chepe, ha alzado su voz enérgicamente para denunciar esta situación alarmante y ha arremetido contra las autoridades por permitir que más de 7 mil personas sean víctimas de esta tragedia.
En sus palabras, «esta denuncia es extremadamente grave, ya que las autoridades tienen la obligación de proteger a los seres humanos. No es aceptable que los grupos que viven en las zonas cercanas a la ciudad estén consumiendo este tipo de agua totalmente contaminada».
El decano no ha dudado en señalar directamente al alcalde Antonio Jara, acusándolo de haber fallado en sus deberes al no garantizar el suministro de agua potable y no tomar medidas adecuadas para evitar que la población consuma este líquido contaminado. Además, ha criticado duramente a la empresa prestadora de servicios, Seda Huánuco, por no abastecer a estas áreas con cisternas y no buscar soluciones efectivas para enfrentar esta situación desgarradora.
Pero las críticas no se detienen ahí. La Dirección de Salud también ha sido señalada como responsable en este caso, ya que es su deber velar por la salud pública. El decano ha hecho un llamado urgente a la Fiscalía del Medio Ambiente para que intervenga y realice una investigación exhaustiva, con el objetivo de identificar tanto la responsabilidad de los funcionarios que han permitido esta situación, como de las personas que han contribuido a ella.
«Es necesario que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que exponer a las personas a esta situación constituye un delito. Es urgente que la Fiscalía intervenga y que las autoridades se preocupen por estas zonas cercanas que carecen de servicios básicos», enfatizó el decano, recordando que la Constitución Política del Perú establece claramente que la protección de la salud es un derecho fundamental y que los funcionarios tienen la responsabilidad de proteger y salvaguardar la salud de la población.
