Una minoría de planes de gobierno incluye propuestas para enfrentar problemas clave que afectan a niñas, niños y adolescentes, como emergencias climáticas, embarazo adolescente o violencia. Unicef advierte que aunque hay avances, se necesita una mirada más integral./Foto: Difusión.
En medio de una campaña electoral marcada por promesas de crecimiento, seguridad y reactivación económica, la situación de niñas, niños y adolescentes parece no ocupar un lugar central en el debate público.
Es así que solo siete planes de gobierno, es decir, el 5% del total de planteamientos para dirigir el país, contemplan propuestas para reducir el impacto en niñas, niños y adolescentes de las emergencias climáticas, como lluvias, deslizamientos y huaicos, que actualmente azotan varias regiones del país, según una revisión de los planes de gobierno que realizó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Es muy paradójico, porque el Perú es un país multirriesgo. Está clasificado por múltiples índices y es recurrente el fenómeno El Niño, que tuvo un impacto en 2023 y del que ahora estamos viendo una nueva oleada. Este año se estima que, al menos, 241,000 niños están potencialmente expuestos a estos riesgos. Debería ser un tema prioritario”, declaró a Perú21 Laura Salamanca, representante adjunta de Unicef en Perú.
Del mismo modo, apenas siete planes de gobierno incluyen acciones de prevención frente al embarazo adolescente y solo el 25% o menos de estas hojas de ruta comprenden aspectos necesarios para el desarrollo de la vida de la niñez y la adolescencia.
En detalle, el 22% aborda temas relacionados con salud mental, el 19% con trabajo infantil, el 16% con sobrepeso y obesidad, el 11% con discapacidad, el 8% con contaminación de plomo, y tan solo el 5% de estos planes se refieren a la necesidad de asignar presupuesto para prevenir la violencia.
“Nos preocupa la poca importancia que les dan (los candidatos) a la prevención de la violencia. El porcentaje que se dedica a prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes es el 1.4% del presupuesto total. En Perú hay un alto índice de violencia física, psicológica y sexual, y estos fenómenos son muy prevalentes en chicas y chicos. Solo dos planes de gobierno han recogido la prioridad de asignar presupuesto para prevenir esto”, lamentó Salamanca.
Además, dijo que es preocupante la “despriorización” de combatir el embarazo adolescente que, añadió, alcanza el 30% del total de embarazos en las regiones de la Amazonía, por lo que lanzar un programa presupuestal multisectorial para prevenirlo es crucial. En cuanto a trabajo infantil, sostuvo que en 2024 más de 860,000 niñas, niños y adolescentes trabajaban, y sobre atención de chicos y chicas con discapacidad, refirió que los resultados de programas como Contigo, del Midis, han sido “limitados”.
¿Está la infancia realmente en el centro de esta campaña electoral o solo en el discurso?
AGENDA INCOMPLETA
Laura Salamanca mencionó que la agenda en favor de la niñez en la campaña electoral “está incompleta”.
“Si vemos el vaso medio lleno, diríamos que nos alegra que el 100% de los planes de gobierno incluyan por lo menos una de las áreas prioritarias en favor de la niñez y adolescencia”. Sin embargo, dijo que “no hay una sensibilización de los partidos para que le den prioridad a que esté presente la infancia” en estos documentos que expresan los ejes de desarrollo de una eventual gestión gubernamental.
“Y no hay una mirada integral, porque los adolescentes de hoy serán votantes dentro de cinco años. Apostar por niñas, niños y adolescentes es finalmente apostar por el futuro, por la educación, por la empleabilidad, por reducir el embarazo adolescente. Si no se hace, luego habrá un impacto en toda la sociedad peruana”, advirtió.
Salamanca declaró a este diario que “hay una tendencia” en los candidatos presidenciales a priorizar propuestas de infraestructura antes que el bienestar integral de la niñez y adolescencia. Ello se ve reflejado en que los planes de gobierno contemplan infraestructura educativa y acceso a agua segura, temas que, continuó, “tienen más rédito político”.
“Sería bueno invitar a los candidatos a que revisen sus planes de gobierno y puedan retomar temas integrales y de protección a las niñas, niños y adolescentes, de llegar a ganar las elecciones”, finalizó.
El Seguro Social administra miles de millones de soles cada año para atender a los más de 12 millones de asegurados. Sin embargo, especialistas advierten, con datos, que el aumento de recursos no se ha traducido en más atenciones ni en mejores servicios, y alertan sobre problemas estructurales que podrían comprometer la sostenibilidad del sistema./Foto: Difusión.
Caminar por los pasillos de un hospital de Essalud es encontrarse con la incertidumbre.
Afuera, desde antes de que amanezca, ya se forman filas de pacientes que esperan durante horas con la esperanza de conseguir una cita.
Dentro del hospital, la misma escena se repite todos los días. Familiares que, con esperanza, recorren ventanillas preguntando si llegó el medicamento recetado o quienes cargan resultados de exámenes en sobres manila mientras esperan que un médico les confirme si les dará atención adicional.
Entre quienes esperan en hospitales como el Almenara o el Rebagliati circulan siempre las mismas dudas: si el médico llegará a atender ese día o si la máquina está funcionando para que el examen finalmente se realice.
Una incertidumbre cotidiana que solo quienes se atienden en el Seguro Social conocen bien y a la que, muchas veces, no les queda más que acostumbrarse.
UN FONDO MILLONARIO
Detrás de un sistema que ya es ineficiente, existe una realidad paradójica: Essalud es uno de los fondos financieros más grandes del país.
Cada año el Seguro Social maneja alrededor de 4,500 millones de dólares en liquidez, recursos que provienen principalmente del aporte obligatorio que realizan los empleadores por cada trabajador formal, equivalente al 9% del salario mensual.
Es decir, a diferencia del Seguro Integral de Salud (SIS), que se financia con recursos del presupuesto público, Essalud funciona con dinero que proviene directamente del sector privado.
En teoría, ese aporte debería cubrir integralmente los servicios de salud de los asegurados, pero la realidad muestra que cada vez más familias terminan pagando tratamientos, medicinas o consultas de su propio bolsillo.
Según un estudio de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas basado en datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 2023, el gasto de bolsillo en salud en el país superó los 15,232 millones de soles y casi 44% de ese gasto corresponde a la compra de medicamentos.
Solo en medicinas, los peruanos gastaron más de 6,300 millones de soles, una cifra que especialistas vinculan principalmente al desabastecimiento en el sistema público.
El informe también revela otro dato preocupante: más del 70% del gasto de bolsillo en salud proviene de personas afiliadas al SIS o a Essalud. En otras palabras, siete de cada diez peruanos que pagan de su propio bolsillo por atención médica ya estaban asegurados.
No se trata de una institución menor dentro de la economía del país. Con esos recursos se financia la atención de cerca de un tercio de la población peruana que depende del sistema para acceder a consultas, tratamientos y cirugías.
“El problema de Essalud no es que falte dinero. El problema es cómo se administra. Hoy más de la mitad del presupuesto se destina a planillas, mientras que montos mucho menores se asignan a medicamentos, equipos o infraestructura. Ninguna institución puede sostenerse así en el tiempo”, advierte el médico Marco Almerí, especialista en salud pública.
Según explica el doctor a Perú21, cerca del 55% del presupuesto de Essalud se destina al pago de sueldos, bonos y beneficios laborales.
La institución cuenta con aproximadamente 62,000 trabajadores, de los cuales más de 43,000 están agrupados en 28 organizaciones sindicales distintas. En ese contexto, las negociaciones colectivas anuales han incorporado diversos beneficios económicos que, según Almerí, no necesariamente se reflejan en una mejora en la calidad o en la cantidad de atenciones para los asegurados.
Los datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, entidad encargada de recaudar los aportes del sistema, refuerzan esa idea.
“Si miras la información de recaudación que maneja la Sunat —que es la entidad que recauda el aporte a la seguridad social—, la recaudación se ha incrementado alrededor de 30%”, señala el economista Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).
En conversación con Perú21 señaló que, aunque los ingresos han crecido en los últimos años, la producción de servicios no lo ha hecho al mismo ritmo. “Las remuneraciones han aumentado incluso más que la recaudación, alrededor de 38% en el mismo periodo, pero la producción prácticamente no ha cambiado”, indicó.
Esa falta de correspondencia entre presupuesto y servicios también se refleja en los tiempos de espera. Según explicó, las consultas especializadas pueden tardar en promedio cerca de 20 días, aunque auditorías de la Contraloría General de la República del Perú han identificado casos mucho más extremos.
EL MONSTRUO POR DENTRO
El caso de Petroperú suele mencionarse como ejemplo de cómo una institución se deteriora progresivamente hasta convertirse en una carga financiera para el Estado. Algunos especialistas advierten que, si no se corrigen ciertos incentivos internos, Essalud enfrentará un proceso similar.
Solo en 2025 se presentaron más de 50 proyectos de ley en el Congreso de la República del Perú vinculados al sueldo y régimen laboral de los trabajadores de Essalud, según un recuento de iniciativas revisadas por Perú21.
Las propuestas incluyen medidas como el pase de trabajadores contratados bajo el régimen CAS al régimen laboral 728, la incorporación de trabajadores contratados durante la emergencia sanitaria por COVID-19 al régimen CAS regular y proyectos que permitirían contratar personal para cubrir temporalmente puestos cuando el trabajador titular esté ausente.
Varias de estas iniciativas implican compromisos presupuestales permanentes y, según los especialistas consultados, no están acompañadas de estudios técnicos que evalúen su impacto financiero o su relación con la productividad del sistema.
Para Marco Almerí, este tipo de decisiones debe analizarse considerando los incentivos que existen dentro de la institución. Advierte que el sistema de remuneraciones y beneficios laborales no necesariamente está vinculado al volumen de servicios que se presta a los pacientes.
“Si el sueldo de los trabajadores de todo nivel de especialidad estuviese en relación con su producción, todo cambiaría”, sostiene. En su opinión, el diseño actual de incentivos puede contribuir a que el tiempo de permanencia en el establecimiento de salud tenga más peso que los resultados del servicio prestado.
La estructura laboral también condiciona la gestión interna del sistema. Essalud cuenta con decenas de sindicatos que representan a distintos grupos ocupacionales, lo que convierte las decisiones sobre organización del trabajo o condiciones laborales en procesos de negociación complejos.
Tras la huelga nacional convocada por gremios de trabajadores en 2025, dirigentes sindicales advirtieron a Perú21 que retomarían una huelga en caso de que las promesas de la administración no se concretaran, poniendo así nuevamente en riesgo la atención oportuna de los asegurados.
Carlos Gallardo también aseveró a Perú21 que, a diferencia de otras entidades públicas, el Seguro Social no se financia principalmente con impuestos públicos, sino con el aporte privado que realizan los empleadores sobre el salario de sus trabajadores para cubrir su atención médica.
Esto introduce un elemento adicional en el debate sobre su funcionamiento: si el aporte se paga, pero el servicio no responde con la misma eficiencia, el costo laboral se encarece sin que el sistema genere los resultados esperados.
POR DÓNDE EMPEZAR
Parte del debate sobre reformas al sistema pasa por revisar cómo se organiza la provisión de servicios dentro de Essalud, que es hoy administrado por el Estado, pese a la ya conocida ineficiencia y corrupción.
Según explica Carlos Gallardo, experiencias como las concesiones de los hospitales Guillermo Kaelin y Alberto Barton, adjudicadas en 2010, muestran mejores indicadores de atención que los hospitales gestionados directamente por el sector público.
En ese contexto, plantea que podrían explorarse esquemas más flexibles de provisión del servicio. “Si el objetivo es que la ciudadanía tenga un buen servicio de salud, el sistema podría permitir que las personas se atiendan donde prefieran y que luego Essalud pague por esa atención dentro de ciertos rangos de precios”.
Añadió, además, que cualquier reforma del sistema debe enfocarse en los incentivos y en la organización de la atención. “Cuando hablas con especialistas, muchos coinciden en que el primer nivel de atención es la clave. (…) Sería importante tener transparencia sobre la asistencia de los médicos. (…) El aumento salarial debería estar vinculado al valor que generas”.
Para Almerí, si no se soluciona en el corto plazo la gestión de los recursos en Essalud, puede acumularse con el tiempo y volverse insostenible.
“El riesgo es que se vaya generando una dinámica parecida a la que ocurrió en Petroperú: problemas estructurales que se arrastran durante años y que, cuando finalmente explotan, terminan convirtiéndose en una crisis que debe asumir el Estado”, advirtió.
Nuevo Congreso, nuevas reglas: así se dividirá el poder en 2026./Foto: Difusión.
Las Elecciones Generales de 2026 marcarán un hecho histórico en el país: el retorno del Congreso bicameral, un sistema que no existía en el Perú desde la década de 1990. Con este cambio, los ciudadanos volverán a elegir senadores y diputados, quienes integrarán el Senado y la Cámara de Diputados.
La restitución de la bicameralidad se da tras las reformas constitucionales que modificaron el modelo unicameral establecido por la Constitución de 1993, luego del cierre del Congreso en 1992. Con el nuevo esquema legislativo, se busca fortalecer el debate político y establecer mayores mecanismos de revisión y control en la elaboración de las leyes.
Especialistas señalan que este sistema permitirá mejorar la calidad de las normas y tendrá impacto en sectores clave como economía, seguridad, educación y salud.
Brecha de información entre los votantes
A pesar de la importancia de estos cambios, diversos estudios advierten que muchos ciudadanos no se informan lo suficiente antes de votar.
De acuerdo con Arellano Consultoría, el 66 % de los jóvenes entre 18 y 24 años considera que su voto es importante, pero solo el 21 % afirma informarse adecuadamente antes de acudir a las urnas.
Para Juan Carlos Cortez Tataje, doctor y docente de posgrado en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Universidad Norbert Wiener, comprender las funciones del nuevo Congreso será clave para fortalecer la democracia.
“El retorno a la bicameralidad no es solo un cambio estructural, sino una oportunidad para mejorar la calidad del debate legislativo y fortalecer los mecanismos de control político”, explicó.
Funciones de la Cámara de Diputados
En el nuevo modelo, la Cámara de Diputados será la primera instancia legislativa. Entre sus principales funciones estarán:
Debatir y aprobar proyectos de ley que luego serán remitidos al Senado.
Representar las demandas ciudadanas mediante iniciativas legislativas.
Fiscalizar al Poder Ejecutivo, incluyendo la interpelación o censura de ministros.
Investigar asuntos de interés público a través de comisiones parlamentarias.
Según especialistas, esta cámara concentrará la iniciativa y el impulso legislativo, además de reflejar la diversidad regional y social del país.
Funciones del Senado
Por su parte, el Senado tendrá un rol de revisión y equilibrio institucional dentro del sistema legislativo.
Entre sus principales atribuciones figuran:
Revisar los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados.
Aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas.
Participar en la designación de altos funcionarios del Estado, como el Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República.
Aprobar tratados internacionales.
“El Senado debe actuar como un espacio de revisión técnica y equilibrio institucional”, señaló Cortez Tataje.
La importancia de votar informado
De cara a las elecciones de 2026, especialistas recomiendan a los ciudadanos analizar cuidadosamente el perfil de los candidatos y las propuestas de sus partidos políticos.
Entre los aspectos que se sugiere evaluar destacan:
Trayectoria profesional y pública de los postulantes.
Experiencia en gestión pública.
Coherencia y viabilidad de sus propuestas.
Conducta ética y antecedentes políticos.
En el caso de los candidatos al Senado, se considera fundamental contar con experiencia en gestión pública y conocimiento del funcionamiento del Estado. Para la Cámara de Diputados, en cambio, se destaca la capacidad de representación regional y la habilidad para construir consensos políticos.
“Un voto informado es un voto responsable. No se trata solo de elegir personas, sino de decidir qué tipo de representación y qué calidad de debate legislativo queremos”, concluyó el especialista.
Más de 325 mil mujeres decidirán el rumbo político de Huánuco en 2026./Foto: Difusión.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, informó que 656 517 ciudadanos de la región se encuentran habilitados para votar en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
De acuerdo con el padrón electoral, 325 191 son mujeres, lo que representa el 49.53 % del electorado, mientras que 331 326 son varones.
El jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Juan Montes Mata, destacó la importancia de la participación femenina en la vida democrática del país e hizo un llamado a ejercer el derecho al voto de manera informada y responsable.
Papel fundamental en la democracia
“El papel de las mujeres en la democracia es fundamental. Su participación no solo se refleja en las urnas como electoras, sino también en su presencia como candidatas, lideresas y protagonistas de la vida política del país”, señaló.
Asimismo, recordó que en el Perú se han impulsado medidas para fortalecer la participación política de las mujeres, como el principio de paridad y alternancia, que establece que las listas de candidatos deben estar conformadas por 50 % de mujeres y 50 % de varones, ubicados de manera alternada, con el objetivo de garantizar una representación política más equitativa.
Distribución de mujeres electoras por provincias
Según la ONPE, la provincia de Huánuco concentra la mayor cantidad de mujeres electoras con 125 205, seguida de Leoncio Prado (54 331), Ambo (24 165), Huamalíes (23 679), Pachitea (22 822), Dos de Mayo (15 944), Puerto Inca (15 225), Yarowilca (15 049), Marañón (11 640), Lauricocha (10 368) y Huacaybamba (6 763).
Finalmente, la ONPE recordó que en estas elecciones los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidentes de la República, así como a los representantes ante el Congreso de la República, que —según la Ley N.º 31988— estará conformado por el Senado y la Cámara de Diputados, además de los representantes al Parlamento Andino.
Imagen del colegio. Pedro Sánchez Gavidia. A pocos días del inicio del año escolar 2026, la situación de la infraestructura educativa en Huánuco genera preocupación. Un total de 208 locales escolares han sido declarados en emergencia y requerirían casi mil millones de soles para su reconstrucción,/Foto: Edgar Falcon.
A pocos días del inicio del año escolar 2026, la situación de la infraestructura educativa en Huánuco genera preocupación. Un total de 208 locales escolares han sido declarados en emergencia y requerirían casi mil millones de soles para su reconstrucción, informó el director regional de Educación, Kelvin Álvarez Matos.
El funcionario explicó que el deterioro de los colegios es un problema extendido en el país y que las soluciones requieren proyectos de gran envergadura y alto presupuesto.
“Exactamente tenemos 208 locales escolares declarados en emergencia. Para atenderlos se necesitaría casi mil millones de soles, considerando que cada institución demanda en promedio 17 millones de soles para su construcción”, señaló.
Reconstrucción podría tardar años
Álvarez Matos precisó que la elaboración de perfiles y expedientes técnicos para reconstruir los colegios puede tardar entre dos y tres años.
Además, indicó que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) solo puede financiar un número limitado de proyectos por región cada año, lo que retrasa la atención de todos los locales afectados.
Proponen aulas modulares como solución rápida
Frente a esta situación, el Gobierno Regional evalúa alternativas para atender de forma más rápida a los colegios con mayores necesidades, como la adquisición de aulas modulares prefabricadas.
Según explicó el titular de la Dirección Regional de Educación (DRE), estas estructuras son más económicas que las construcciones tradicionales.
“Un aula de material noble cuesta aproximadamente 250 mil soles, mientras que un aula modular puede costar entre 30 % y 40 % menos”, detalló.
Presupuesto para mantenimiento escolar
Además de los proyectos de reconstrucción, el Gobierno Regional de Huánuco destinará este año alrededor de 2.5 millones de soles para realizar trabajos de mantenimiento en instituciones educativas priorizadas por las UGEL.
Álvarez recordó que en los últimos tres años el Gobierno Regional ha transferido 4.6 millones de soles para mejoras en locales escolares.
También señaló que el Ministerio de Educación entrega a cada colegio montos de mantenimiento que oscilan entre S/ 3000 y S/ 7000, aunque reconoció que estos recursos resultan insuficientes para cubrir las necesidades reales.
Inversión en infraestructura y mobiliario
El director regional indicó que en los últimos años el Gobierno Regional ha invertido cerca de 180 millones de soles en infraestructura educativa, incluyendo construcción de colegios, techos duros y cercos perimétricos en las once provincias del departamento.
“Hasta la fecha tenemos 43 obras entre techos duros e infraestructura educativa que ya han sido entregadas e inauguradas”, afirmó.
Asimismo, anunció que este año se distribuirán alrededor de 71 mil unidades de mobiliario escolar adquiridas mediante el mecanismo de obras por impuestos, destinadas a colegios de primaria y secundaria de toda la región.
La entrega de estos bienes comenzará el lunes, confirmó.
Inicio de clases será el 16 de marzo
El año escolar 2026 iniciará en todo el país el 16 de marzo. El titular de la DRE descartó que se postergue el inicio de clases en Huánuco, salvo que las condiciones climáticas lo ameriten.
Finalmente, informó que el 75 % de las plazas docentes ya cuenta con resolución de contrato, mientras que el resto se completará en los próximos días.
“Para el 16 de marzo se garantizará el 100 % de docentes, aunque todavía hay algunos cargos adicionales en proceso de convocatoria”, precisó.
Produce tarda más de un año en comprar tres millones de cuadernos para escolares y no los distribuye en su totalidad,/Foto: Difusión.
A menos de dos semanas del inicio del año escolar 2026, la Contraloría General de la República advirtió que 581 405 estudiantes en situación de pobreza y extrema pobreza corren el riesgo de no recibir a tiempo sus cuadernos escolares, debido a problemas en la contratación del servicio de transporte y distribución del material educativo.
Según el Informe de Hito de Control N.º 004-2026-OCI/5301-SCC, hasta el momento no se han firmado los contratos para trasladar los cuadernos a las instituciones educativas públicas de siete regiones del país: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Loreto, Piura, San Martín y Ucayali.
Cuadernos siguen almacenados mientras se acerca el inicio de clases
Un equipo de auditores inspeccionó los almacenes de los Núcleos Ejecutores de Compras (NEC) del programa Compras a MYPErú, del Ministerio de la Producción, ubicados en Lurín.
Durante la visita se constató que grandes lotes de cuadernos permanecen almacenados en cajas de cartón apiladas, a la espera de ser transportados a los colegios públicos donde las clases comenzarán el próximo 16 de marzo.
Más de un millón de kits escolares en proceso
Hace dos años, el Ministerio de Educación (Minedu) solicitó al Ministerio de la Producción (Produce) la compra de 3 168 962 cuadernos escolares para armar 1 074 461 kits escolares, destinados a estudiantes de 18 336 instituciones educativas públicas.
Cada kit debía incluir cuatro cuadernos para primaria y tres para secundaria, entre otros útiles escolares.
Entre 2024 y 2025, Produce adquirió los cuadernos por más de S/ 24.6 millones a través de los NEC. Sin embargo, el proceso se retrasó debido a renuncias de empresas ganadoras, limitaciones operativas de las mypes y resoluciones de contratos, según explicaron funcionarios del programa.
Falta de transportistas retrasa distribución
Este año, Produce inició el proceso para contratar empresas de transporte y distribución de los kits escolares por región, pero no logró asegurar todos los proveedores necesarios.
Durante la inspección realizada el 12 de febrero, se detectó que el 70 % de los kits escolares (752 412) aún no había sido distribuido en 14 regiones del país, y siete de ellas ni siquiera contaban con empresas contratadas para el transporte.
Más de la mitad de los kits aún no se entregan
Al 28 de febrero, todavía estaba pendiente la distribución del 61.6 % de los kits escolares (661 962) en 11 regiones del país.
Entre estas figuran las siete regiones sin proveedor de transporte, que representan el 54.1 % del total de kits destinados a estudiantes pobres y en extrema pobreza, es decir 581 405 escolares que podrían quedarse sin sus cuadernos al inicio de clases.
En Ayacucho, Huancavelica y Puno, la distribución se encuentra en proceso, mientras que Arequipa ya adjudicó el servicio para entregar 4307 kits escolares.
Regiones donde ya se entregaron los materiales
Los Núcleos Ejecutores de Compras ya culminaron la distribución en nueve regiones del país: Apurímac, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Pasco y Moquegua.
Contraloría exige acciones urgentes
La Contraloría informó que los resultados del informe fueron comunicados al titular del Ministerio de la Producción, quien tendrá cinco días hábiles para sustentar las acciones correctivas o preventivas que se adoptarán.
El objetivo es garantizar la entrega del material educativo a más de un millón de estudiantes, especialmente aquellos que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, antes del inicio del año escolar.
Informe del OCI advierte que funcionarios del Gobierno Regional habrían generado una “contingencia legal irreversible”, debido a que la trabajadora fue mantenida en funciones pese a cuestionamientos sobre su contratación./Foto: elmuro.pe
Una servidora cercana al gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, podría quedarse de manera permanente en el Gobierno Regionalde Huánuco(GRH), pese a que su ingreso a la entidad habría estado marcado por presuntas irregularidades, según un informe del Órgano de Control Institucional (OCI).
Se trata de Angélica Aguilera Echevarría, quien fue contratada en febrero del año pasado y ya cumplió más de un año laborando en la entidad, situación que ahora podría permitirle acogerse a un contrato a plazo indeterminado.
Un reciente informe del OCI advierte que funcionarios del Gobierno Regional habrían generado una “contingencia legal irreversible”, debido a que la trabajadora fue mantenida en funciones pese a cuestionamientos sobre su contratación.
Según el documento, Aguilera fue contratada el 13 de febrero de 2025 como auxiliar en sistemas en la Procuraduría Pública Regional. Sin embargo, la propia Procuraduría no había solicitado la contratación de ese puesto, lo que generó observaciones desde el inicio del proceso.
Procurador rechazó su presencia por cercanía con el gobernador
El procurador regional Juan Nolorve Rojas rechazó que Aguilera trabajara en su despacho, advirtiendo que mantenía cercanía laboral y política con el gobernador Antonio Pulgar.
De acuerdo con el informe, su presencia en la Procuraduría representaba un riesgo, ya que podría tener acceso a información confidencial, secreta o reservada relacionada con procesos legales del Gobierno Regional.
El procurador también señaló que, antes de adjudicarse la plaza, Aguilera se desempeñaba como secretaria del gobernador, cargo al que —según la Contraloría— habría accedido sin cumplir los requisitos exigidos.
Afiliación política y denuncias
El informe también señala que la servidora figura como afiliada al movimiento político Mi Buen Vecino, organización liderada por el propio gobernador regional.
Además, la Procuraduría advirtió que la trabajadora tendría denuncias en la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Huánuco, vinculadas a presuntas irregularidades en concursos bajo los regímenes CAS y 276.
Rotación irregular a la Gerencia General
Tras la oposición del procurador, apenas tres días después de adjudicarse la plaza, la Subgerencia de Recursos Humanos decidió rotar a Aguilera a la Gerencia General del Gobierno Regional, donde continúa laborando hasta la actualidad.
Sin embargo, el órgano de control señaló que dicha rotación no correspondía, ya que la servidora no pertenecía a la carrera administrativa, por lo que no podía ser trasladada bajo esa modalidad.
A pesar de haber sido movida a otra área, su plaza continuó dependiendo formalmente de la Procuraduría, lo que generó más inconsistencias administrativas.
Renovaciones de contrato cuestionadas
El informe también advierte que el gerente general Ronald Acuña Sobrados solicitó renovar el contrato de la trabajadora el 14 de abril, pese a que su jefe inmediato debía ser el procurador.
Posteriormente, el contrato fue renovado mediante resolución firmada por el propio gobernador Antonio Pulgar, situación que volvió a repetirse en julio y octubre, manteniéndola en funciones dentro de la entidad.
Podría quedarse de manera permanente
La Contraloría advirtió que, al haber cumplido un año de servicios ininterrumpidos en una plaza presupuestada, la trabajadora podría acogerse a la protección de la Ley N.º 24041, lo que le otorgaría derecho de permanencia laboral, incluso si el proceso de contratación fue irregular.
De hecho, Angélica Aguilera ya presentó un escrito ante Recursos Humanos solicitando el reconocimiento de vínculo laboral a plazo indeterminado, alegando que ha cumplido más de un año y un día trabajando en una plaza vacante y presupuestada.
Su pedido aún se encuentra en evaluación en la Subgerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional.
El Tribunal Regional de Ética y Disciplina del partido político Ahora Nación oficializó la suspensión temporal de los derechos partidarios./Foto: Difusión.
El partido político Ahora Nación suspendió temporalmente los derechos partidarios de su afiliado Jhon Arturo Apolinario Sebastián, tras determinar que estaría involucrado en diversas investigaciones judiciales relacionadas con presuntos casos de violencia familiar y acoso.
La medida fue oficializada por el Tribunal Regional de Ética y Disciplina mediante la Resolución N.º 0011-2026-TRED-AN, en la que se dispuso la suspensión temporal de sus derechos partidarios por un periodo de 30 días, así como la suspensión inmediata de su afiliación.
Según el órgano disciplinario, la decisión busca preservar la institucionalidad y la credibilidad del partido, al considerar que el afiliado habría incurrido en una infracción al artículo 6.2, literal h) del Reglamento de Ética y Disciplina, tipificada como falta grave.
Proceso disciplinario
El proceso se inició tras una denuncia presentada el 29 de enero de 2026 por el afiliado Rociendo Esteban Bonifacio, lo que motivó la apertura de la investigación interna por parte del tribunal partidario.
Durante el procedimiento, Apolinario Sebastián presentó sus descargos; sin embargo, estos fueron desestimados por el tribunal, que consideró que no desvirtúan las observaciones planteadas en su contra.
Tribunal rechazó argumentos de defensa
En la resolución se precisa que no es necesario contar con una sentencia condenatoria firme para imponer una sanción dentro de la organización política, ya que el estándar interno busca garantizar la idoneidad ética de sus integrantes y la credibilidad del partido.
Asimismo, se advirtió que, pese a lo señalado por el investigado, existen carpetas fiscales que no han sido archivadas definitivamente, sino que continúan en etapa de audiencia de apelación.
Decisión fue por mayoría
El tribunal también señaló que la existencia de múltiples investigaciones por presuntos hechos de violencia y acoso resulta incompatible con los principios de defensa de la dignidad humana que promueve el partido Ahora Nación.
La decisión fue adoptada por mayoría de los magistrados Edgar Ruiz Villar, presidente del tribunal, y Fernando Huayllani Monterroso, secretario. En tanto, el vocal Salvador Rojas Ahumada emitió un voto en contra de la medida.
Finalmente, la resolución fue remitida al Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal Nacional de Ética para que se adopten las acciones estatutarias correspondientes.
Apolinario estaba impulsando su candidatura al Gobierno Regional de Huánuco. Su candidatura queda trunca por el momento.
La institución solicitó una demanda adicional de 403 millones de soles para complementar el presupuesto inicial otorgado por el Poder Ejecutivo./ Foto:Difusión.
La Gerente General del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gina Salazar, informó sobre la falta de recursos financieros necesarios para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de los próximos procesos electorales.
Según detalló la funcionaria, la institución solicitó una demanda adicional de 403 millones de soles para complementar el presupuesto inicial otorgado por el Poder Ejecutivo; sin embargo, hasta la fecha solo se ha cubierto el 63% del requerimiento total, dejando un vacío crítico de 288 millones de soles que pone en riesgo actividades fundamentales de la agenda electoral.
Esta situación presupuestaria afecta a las elecciones Regionales y Municipales, las cuales actualmente solo cuentan con un 35% de financiamiento asegurado. Salazar explicó que este año electoral representa un desafío y lo calificó como un periodo «mega electoral». El hecho de que ambas votaciones ocurran dentro del mismo año solo sucede cada 20 años, por lo que se genera un estrés operativo que demanda una inversión logística y humana que el presupuesto actual no alcanza a cubrir.
Entre las tareas que se encuentran desfinanciadas destaca la instalación de los Jurados Electorales Especiales necesarios para el proceso regional. De las 63 sedes previstas para entrar en funciones en mayo, muchas operan de forma remota o deficiente por falta de mobiliario, equipos de cómputo y conexión a internet.
La funcionaria advirtió que la carencia de fondos impide el alquiler de locales físicos, lo que retrasa la atención de expedientes relacionados con publicidad estatal, neutralidad y propaganda política.
La falta de dinero impacta directamente en las labores de fiscalización de las hojas de vida de los candidatos y en la vigilancia de las mesas de votación. Salazar subrayó que, aunque el JNE propuso contar con un fiscalizador por cada mesa, las negociaciones con el Ministerio de Economía obligaron a reducir esta presencia a un fiscalizador por cada dos mesas.
Salazar indicó que indicó que el déficit también limita la estrategia del Voto Informado, dificultando que la ciudadanía acceda a educación electoral y debates donde participan cerca de 150 organizaciones políticas y miles de candidatos. Pese a este panorama, Salazar aclaró que el cronograma electoral es inamovible y no existe posibilidad de postergación.
«Este año la cédula es muy extensa y necesitamos que la ciudadanía emita un voto consciente y meditado. Sin presupuesto, no podemos llegar a todo el país con la difusión y educación electoral necesaria para que conozcan a los candidatos a gobernadores y alcaldes. Incluso es probable que no podamos realizar los debates electorales a nivel nacional como quisiéramos, considerando que hay cerca de 150 organizaciones políticas habilitadas», mencionó en la conversación.
Obra tendrá un plazo de ejecución de 90 días. Inicia en abril tras cese de las lluvias./Foto: MPH.
El alcalde de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Antonio Jara Gallardo, anunció la aprobación del presupuesto y del expediente técnico para la renovación total del techo del histórico Mercado Central de Huánuco, conocido también como el Mercado Antiguo.
La obra contará con una inversión de S/ 2 209 022.00 y tendrá un plazo de ejecución de 90 días calendario, una intervención largamente esperada por los comerciantes de este emblemático centro de abastos.
La autoridad edil informó que, tras reunirse con los dirigentes del mercado, se acordó que los trabajos iniciarán en los primeros días de abril, aprovechando el término de la temporada de lluvias en la ciudad.
El Mercado Central de Huánuco, considerado Patrimonio Cultural de la Nación y una joya arquitectónica de inicios del siglo XX, ha sufrido durante décadas un progresivo deterioro en su infraestructura. Informes de Defensa Civil advirtieron que la estructura del techo representaba un peligro inminente para los comerciantes que laboran diariamente en el lugar y para el público que acude a realizar sus compras.
La obra contempla una rehabilitación integral del techo, respetando la arquitectura tradicional del histórico “Mercado Viejo”. Entre los trabajos previstos se realizará el retiro de la antigua estructura construida con quicha, carrizo, calamina, tejas y madera, materiales que actualmente presentan filtraciones, desgaste estructural y riesgo de desprendimiento.
Debido a que la ejecución del proyecto demandará aproximadamente tres meses, la Municipalidad Provincial de Huánuco ya viene coordinando con los dirigentes del mercado una reubicación temporal y estratégica de los comerciantes, con el objetivo de que no se paralicen sus actividades económicas durante el desarrollo de los trabajos.
Los comerciantes del histórico mercado expresaron su agradecimiento a la gestión municipal, señalando que esta intervención no solo mejorará las condiciones de trabajo, sino que también permitirá atraer a más clientes a este tradicional centro de abastos, considerado uno de los pilares de la identidad de Huánuco.
