Imponer orden en algunos colegios de Lima Metropolitana habría expuesto a sus directores a amenazas de muerte por parte de grupos de estudiantes. Así lo denunció Cornelio Gonzáles Torres, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), quien señaló que uno de los grupos involucrados estaba integrado por 15 alumnos que ya fueron identificados.
En declaraciones a Exitosa Noticias, el funcionario relató que las intimidaciones incluían advertencias contra los directivos que intentaban hacer cumplir las normas escolares. “Te vamos a matar si sigues con lo mismo, si sigues poniendo orden en la escuela”, contó al describir uno de los mensajes recibidos por las autoridades educativas.
Gonzáles también sostuvo que algunos de estos estudiantes se organizaban para protagonizar peleas en el distrito de La Victoria. Sus declaraciones ponen en discusión las dificultades que afrontan algunos directores para ejercer su autoridad ante situaciones que comprometen la convivencia y la seguridad escolar.
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Estudiantes se organizaban para protagonizar peleas
Según el titular de la DRELM, los grupos de alumnos involucrados no solo rechazaban las medidas disciplinarias, sino que también se organizaban para enfrentarse con otros jóvenes.
“Arman grupos para ir a pelear en La Victoria”, manifestó durante la entrevista.
El funcionario reconoció que anteriormente las autoridades educativas tenían limitaciones para actuar frente a situaciones de esta naturaleza. Sin embargo, sus declaraciones se refieren a grupos específicos y no permiten atribuir estas conductas al conjunto de estudiantes de las instituciones educativas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de contar con mecanismos de intervención frente a amenazas, agresiones y otras conductas que afectan la seguridad de directores, docentes y alumnos.
Minedu plantea sanciones por faltas muy graves
La denuncia se conoce después de que el Ministerio de Educación publicara, el 12 de octubre, un proyecto de lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en instituciones públicas y privadas de Educación Básica.
La propuesta clasifica las faltas en leves, graves y muy graves. Entre las conductas consideradas en esta última categoría figuran la coacción, la extorsión, el acoso escolar y la alteración violenta del orden, entre otras acciones que comprometen la convivencia en los colegios.
El documento plantea medidas que incluyen la suspensión por un máximo de tres días hábiles, la matrícula condicional y la separación definitiva en los supuestos establecidos por la propuesta. Esta última medida también podría aplicarse ante la acumulación de tres suspensiones durante el año o la reiteración sistemática de conductas indebidas, según el proyecto.
Las familias podrían solicitar la reconsideración de una separación definitiva dentro de los tres días hábiles siguientes. La institución educativa tendría cinco días para resolver el pedido. Asimismo, se contempla que los estudiantes separados continúen su formación mediante aulas digitales a cargo de la UGEL correspondiente.
Al tratarse de un proyecto normativo publicado para recibir comentarios durante 15 días calendario, las disposiciones todavía están sujetas a observaciones y no deben presentarse como reglas definitivamente aprobadas.
