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sábado, noviembre 8, 2025

Fiscalía logra condena contra exalcalde y funcionarios por desvío de fondos en obras deportivas en Yarumayo

La justicia alcanzó a los responsables. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco consiguió una sentencia ejemplar contra exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Yarumayo y contratistas privados implicados en la malversación de fondos públicos destinados a dos proyectos de infraestructura deportiva.

El caso fue dirigido por el fiscal adjunto provincial Rómulo Yeltsin Gabriel Espinoza, quien demostró ante el Poder Judicial cómo se desviaron más de S/ 370 mil soles mediante planillas falsas, trabajadores fantasmas y pagos por obras no ejecutadas.

Primer caso: Campo deportivo de Andas Chico

Durante la ejecución del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Campo Deportivo en la localidad de Andas Chico”, los involucrados —entre ellos el entonces alcalde Patricio Cayetano, el tesorero Krisna Romero y el supervisor Pompeyo Campos— simularon la contratación de 80 trabajadores, de los cuales 20 nunca laboraron y 29 lo hicieron solo parcialmente.
El perjuicio al Estado en esta obra asciende a S/ 170,047.63 soles.

Segundo caso: Campo deportivo de Pampamarca

En el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Campo Deportivo de Pampamarca”, los sentenciados autorizaron pagos fraudulentos por S/ 187,229.27 soles. Se detectaron trabajadores fantasmas y partidas no ejecutadas, pese a que la obra apenas alcanzó un 56.84% de avance físico.

Sentencia e inhabilitación

Gracias a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial en Corrupción Funcional condenó a los implicados con penas de hasta 18 años y 8 meses de prisión:

  • Patricio Cayetano (exalcalde) y Krisna Romero: 18 años y 8 meses.
  • Gustavo Espíritu, Pompeyo Campos, Juan Noreña y Nancy Flores: 14 años.

Además, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por 9 años y 4 meses y deberán pagar más de S/ 770 mil soles como reparación civil al Estado.

Esta sentencia marca un precedente en la lucha contra la corrupción en gobiernos locales y reafirma el compromiso del Ministerio Público con la defensa de los recursos públicos.

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