Jefe de la Oficina Regional de Coordinación de la ONPE, Roger Ripa Ito.
En el marco de las actividades preparatorias para las Elecciones Municipales y Regionales 2026, la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Huánuco viene ejecutando estrategias de descentralización electoral. El objetivo primordial es garantizar que las poblaciones vulnerables y de difícil acceso cuenten con las facilidades necesarias para el ejercicio del voto. Para conocer los avances de este proceso, conversamos con Roger Luis Ripa Ito, gestor de la ORC Huánuco.
Señor Ripa, desde la perspectiva de la gestión electoral, ¿cómo se viene articulando el trabajo con las comunidades campesinas y centros poblados de la región?
El trabajo es articulado y constante. Actualmente, las comunidades campesinas, nativas, centros poblados, anexos y caseríos se encuentran en pleno proceso de actualización de sus padrones electorales. Esta labor es fundamental, ya que permite a la ONPE proyectar la logística necesaria para que cada ciudadano cuente con una mesa de sufragio accesible este 04 de octubre.
Se ha establecido el 30 de abril como una fecha limite en el cronograma. ¿Cuál es la relevancia técnica de este plazo?
El cumplimiento de este cronograma es de carácter obligatorio. La actualización del padrón y la presentación de documentos para la creación de nuevas mesas de sufragio deben consolidarse antes de dicha fecha. Técnicamente, esto nos permite procesar la información y validar los locales de votación; cualquier solicitud presentada fuera de este plazo será desestimada para el presente proceso y pasará a ser considerada en futuros comicios.
¿De qué manera esta actualización del padrón impacta en la calidad democrática del proceso electoral?
Impacta directamente en la reducción de las brechas de participación. Actualizar el padrón electoral es un paso fundamental para fortalecer la democracia, pues permite que los ciudadanos voten de manera más cómoda y cercana a su lugar de residencia. Al evitar traslados largos y costosos, eliminamos las barreras geográficas que históricamente han dificultado la participación ciudadana en nuestra región.
¿Cuáles son las normas de la ONPE respecto a la responsabilidad de las autoridades locales en este empadronamiento?
De acuerdo con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de nuestra institución, las autoridades de los centros poblados habilitados tienen la responsabilidad funcional de remitir anualmente el padrón con la relación de los nuevos ciudadanos. Es un deber institucional que asegura que el registro electoral sea un reflejo fiel de la realidad de su jurisdicción.
Para concluir, ¿qué facilidades administrativas se han dispuesto para la recepción de estos expedientes?
Hemos habilitado canales tanto presenciales como digitales para optimizar la atención. De manera presencial, pueden acudir a nuestra sede en la calle Huallaga, Mz. B, Lote 9, Urb. La Quinta, en horario de oficina. Asimismo, para garantizar la celeridad administrativa, el trámite puede efectuarse de forma virtual a través de la Mesa de Partes Virtual Externa: https://www.web.onpe.gob.pe/mpve/.
Infraestructura en riesgo, fue declarada en emergencia por Defensa Civil.
Cansados de la falta de respuesta de las autoridades, la Asociación de Padres de Familia (Apafa) del colegio César Vallejo de Castillo Grande anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía por el estado de abandono en el que se encuentra la institución educativa.
El presidente de la Apafa, Heber Teodoro Amancio, señaló que la acción legal será dirigida contra funcionarios de la UGEL Leoncio Prado y la Dirección Regional de Educación, a quienes responsabilizan por no atender los reiterados reclamos.
Según indicó, el deterioro de la infraestructura es crítico. Los techos de las 12 aulas, distribuidas en tres pabellones, presentan filtraciones debido a su antigüedad, que supera los 40 años.
Colegio en emergencia sin intervención
El dirigente precisó que el local escolar fue declarado en emergencia por Defensa Civil desde el 2024; sin embargo, hasta el momento no se han ejecutado acciones concretas para su rehabilitación.
Asimismo, cuestionó que ni el gobernador regional ni el director de la Dirección Regional de Educación hayan visitado el plantel. “Solo llegaron supuestos representantes, pero no hay ningún compromiso de apoyo urgente”, afirmó.
Ante esta situación, los padres de familia decidieron acudir al Ministerio Público en busca de que se investigue y sancione lo que consideran un abandono prolongado que pone en riesgo a los estudiantes.
Keiko Fujimori hizo alución a los gobiernos pasados a los que consideró como "antifujimoristas" y resaltó que no hayan estos no han hecho "nada" durante 25 años.
La candidata presidencial, Keiko Fujimori, se reunió con sus seguidores en el distrito de Cieneguilla y Manchay, como parte de su campaña electoral de cara a la segunda vuelta.
Keiko Fujimori se refirió al pedido de su contrincante electoral, Rafael López Aliaga, de realizar unas elecciones complementarias. Propuesta que finalmente fue rechazada por el Jurado Nacional de Elecciones. (JNE), pero reafirmó su postura a esperar los resultados finales de la ONPE.
De acuerdo con la asociación Transparencia, las actas cuya numeración inicia con el dígito 9 no representan una anomalía. Este sistema de identificación se utiliza desde el año 2006 para distinguir las mesas de sufragio instaladas en centros poblados alejados, con el fin de facilitar el derecho al voto en dichas comunidades.
«Nosotros respaldamos su pedido de elecciones complementarias. También dijimos que somos respetuosos de lo que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones decida. Entiendo que hoy y en las próximas horas, [López Aliaga] estará haciendo otros pedidos y está en su derecho de hacerlo, pero esperamos que el jurado y también la ONPE puedan finalmente determinar quienes serían las dos personas que pasarían a una segunda vuelta porque creo que es importante empezar esa contienda para hacer las elecciones el próximo 7 de junio», refirió Fujimori.
La candidata por Fuerza Popular recordó la situación que vivió en las elecciones del pasado 2021, en las que se dio un hecho similar, con resultados muy ajustados por los que ella finalmente no fue elegisa presidenta pese a los pedidos de su partido.
«Nosotros en el 2021 presentamos más de 700 denuncias y pedidos, solicitudes expresas para que el JNE evalúe ciertas mesas. Lamentablemente, nuestro pedido no fue atendido. Solicitamos también la lista electoral, el padrón electoral, y tuvimos que ir a un juicio, el Poder Judicial nos ha dado la razón pero nos ha puesto una serie de trabas. Primero, que no quiere entregar la información y luego una traba burocrática con una solicitud de un pago de 17 millones de soles que obviamente nuestro partido y creo que ningún partido del Perú puede enfrentar», recordó.
MENSAJE A SUS SEGUIDORES
Durante su presentación frente a sus seguidores en el distrito de Cieneguilla, Keiko Fujimori hizo alución a los gobiernos pasados a los que consideró como «antifujimoristas» y resaltó que no hayan estos no han hecho «nada» durante 25 años.
«El ejercito, la Fuerza Aérea, la Marina, la Policía Nacional junto con las rondas campesinas y los comité de autodefensa trajerons la paz. Pero los soldados, además de hacer obras sociales, se encargaron también de hacer las grandes pistas de nuestra capital. Vengo de Manchay, donde realmente se puede sentir la ausencia del Estado y el abandono total», refirió Fujimori.
«Han pasado 25 años de gobiernos antifujimoristas, ¿y qué han hecho? Nada», sentenció.
Como se sabe, una serie de demoras e irregularidades durante las elecciones del pasado 12 de abril han despertado suspicacias en el partido Renovación Popular y su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, quien se disputa el pase a la segunda vuelta con el candidato Roberto Sánchez, a fin de competir con Keiko Fujimori.
Las demoras en la apertura de algunas mesas electorales y el cierre de otras por falta de material electoral a tiempo, han desatado la indignación por el trabajo realizado por la ONPE, bajo la dirección de su presidente, Piero Corvetto, quien producto de la crisis presentó su renuncia al cargo.
Obra de millonaria inversión que no cuenta con drenaje pluvial, genera críticas y descontento.
Una obra de millonaria inversión que no cuenta con sistema de drenaje pluvial viene generando críticas y descontento entre los ciudadanos. Se trata de la Alameda Perú de Tingo María, recientemente inaugurada en medio de cuestionamientos.
Después de más de tres décadas de espera, la obra fue inaugurada hace una semana con gran despliegue y fue presentada como la “Maravilla de la Amazonía”. Sin embargo, el proyecto, que se inició en 2021 con un presupuesto superior a los 6 millones de soles, terminó costando cerca a los 20 millones tras varias suspensiones.
Pese a la elevada inversión, uno de los aspectos más criticados es la ausencia de un sistema de drenaje pluvial, lo que pone en duda los criterios técnicos y las prioridades en su ejecución, especialmente ante la temporada de lluvias.
Vecinos y especialistas han expresado su preocupación, advirtiendo que esta deficiencia podría ocasionar inundaciones y afectar directamente la infraestructura recientemente entregada. El último viernes 24 de abril, ante varias horas de lluvia, la población de Tingo María, acentuó su descontento al constatar las inundaciones y empozado de sus calles con lodo.
Ante ello, surge la interrogante sobre si se trató de un error en la planificación o de una negligencia al no prever un componente básico para garantizar la durabilidad y funcionalidad de la obra.
Inauguración con alta asistencia
Miles de personas participaron el último viernes en la inauguración de la Alameda Perú, evento encabezado por el gobernador regional Antonio Pulgar y el alcalde de la provincia de Leoncio Prado, Marx Fuentes.
No obstante, el consejero regional por la provincia de Marañón, Dante Tarazona, anunció que solicitará un informe detallado sobre los gastos logísticos y el pago de viáticos realizados durante la actividad.
Según indicó, el presupuesto de la obra habría sufrido un incremento considerable —de más de 9 millones, lo que calificó como desproporcionado frente a las necesidades de otros sectores productivos de la región.
Asimismo, denunció que la gestión regional habría movilizado a cientos de servidores públicos de distintas dependencias para participar en lo que calificó como un “show mediático”, lo que habría generado gastos innecesarios y la desatención de funciones administrativas.
El consejero señaló que incluso trabajadores bajo régimen CAS de proyectos productivos —como café, plátano, bambú y reforestación en Monzón— habrían sido trasladados para asistir al evento. Según su versión, alrededor de 30 trabajadores de este último proyecto dejaron sus labores desde días previos, afectando la atención a los agricultores.
Las zonas de los votos obtenidos por el candidato de Juntos por el Perú muestran un patrón: Allí los índices de desarrollo humano están alrededor de 0.550, el más bajo de acuerdo a la estadística revelada por el último informe del PNUD el año 2025.
El pase de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) a la segunda vuelta aún no se concreta de acuerdo a la última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que lo ubica con más de 23 mil votos de ventaja sobre Rafael López-Aliaga (Renovación Popular).
Sin embargo, lo que sí es incuestionable que el mapa de su votación revela mucho de a quiénes sedujo y que características tienes que han respaldado una propuesta que está lejos de ser la que más le conviene al país.
Este análisis toma como referencia el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un indicador que mide el nivel de desarrollo a partir de la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita, entre otros.
En el caso del Perú, este índice alcanzó los 0.662 en el informe emitido por el PNUD el 2025. Cabe indicar que 0.80 es un nivel muy alto, 0.700 a 0.799 un nivel alto, 0.550 a 0.699 un nivel medio y por debajo de 0.550 un nivel bajo.
En detalle
Sánchez obtuvo victorias resonantes en regiones ubicadas en los niveles de IDH bajo (0.550 para abajo. Se trata de 85 provincias de 16 regiones que coinciden en muchos aspectos en cuanto a salud, educación y pobreza.
Hay regiones dentro de este rango como Huancavelica (IDH 0.54), con 335,142 habitantes; Huánuco (IDH 0.52), con 746,509; y Puno (IDH 0.53), con 1,208,802 habitantes. En esas zonas, el candidato no solo se impuso, sino que logró un dominio casi total en lamayoría de sus provincias.
Este patrón se repite en Cajamarca, con 1,447,707 habitantes, donde también ganó sus 13 provincias. La región tiene un IDH de 0.53.
A este bloque se suman regiones como Amazonas (IDH 0.55) y otras como Ayacucho (0.57) y Apurímac (0.58), que, aunque superan ligeramente el umbral de 0.550, se mantienen entre las más rezagadas del país.
En Amazonas, Sánchez obtuvo 57,617 votos, el 36,414%; en Ayacucho, 87,888 votos, 31,34%, y en Apurímac, 80,873 votos, 41,04%.
Educación
El patrón no solo responde a variables territoriales, sino también educativas. El voto por Sánchez se consolida en zonas donde el promedio de años de educación en el hogar bordea o es inferior a los 7-8 años, muy por debajo del promedio nacional de 9.45 años.
En efecto, sus victorias más contundentes se registran en regiones con bajos niveles de instrucción formal.
En Huánuco, donde ganó en 10 de 11 provincias, el promedio de años de educación es de 6.39 años. Allí, Sánchez obtuvo 96, 201 votos, con el 29.521%.
En Cajamarca, donde obtuvo un respaldo total, alcanza los 6.67 años.
La misma tendencia se observa en sus principales bastiones del sur: en Apurímac el promedio es de 6.98 años y en Huancavelica (donde Sánchez ganó con 71,625 votos y 43, 36%) es de 6.60 años.
En estas regiones, la población apenas supera el nivel primario o inicia el primer año de secundaria, lo que confirma la concentración de su apoyo en zonas con menor escolaridad formal.
El contraste es marcado en las zonas con mayor desarrollo urbano y educativo.
El candidato perdió en regiones donde la población tiene promedios de instrucción significativamente más altos, como Lima (11.17 años) y el Callao (10.91 años), donde se impusieron Rafael López-Aliaga y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), respectivamente.
En estas jurisdicciones, los años de formación superan con creces el umbral de secundaria completa.
Este patrón también se repite a nivel provincial, incluso en departamentos donde Sánchez no logró la victoria.
En La Libertad, pese a perder la región, cuyo promedio de escolaridad es de 9.14 años, se impuso en la provincia de Julcán, donde este indicador cae a 7.41 años.
En Áncash, ganó en Antonio Raimondi, una provincia con apenas 5.98 años de educación promedio.
En Arequipa, aunque fue derrotado en una región con alta escolaridad (10.54 años), logró imponerse en provincias alejadas como La Unión, donde el promedio educativo es de 7.56 años.
Economía
Esta tendencia también se observa en el plano económico. El voto por Sánchez se concentra en provincias con los niveles más bajos de ingreso real per cápita del hogar en el país, lo que coincide con un mayor respaldo en zonas con mayores limitaciones económicas.
En regiones como Huancavelica, que registra el ingreso regional más bajo entre sus bastiones (S/496 mensuales por persona), el candidato ganó en todas sus provincias.
La misma tendencia se observa en Cajamarca, con un ingreso promedio regional de S/544.1, y en Apurímac, con S/716.8, donde también logró un dominio territorial absoluto.
Ayacucho se suma a este grupo. Allí, donde ganó en el 100% de sus provincias, el ingreso promedio es de S/586.8.
A nivel provincial, la brecha de pobreza se acentúa: en la provincia de Cangallo, el ingreso desciende hasta los S/436.8 mensuales por persona.
La diferencia es evidente frente a las zonas donde no logró imponerse. En Lima el ingreso promedio regional alcanza los S/1,196.1, en la mayoría de las regiones donde obtuvo la victoria los ingresos son significativamente menores, representando en casos como el de Puno o Huancavelica menos de la mitad de lo percibido en la capital.
Su respaldo también se extiende a otras regiones con ingresos rezagados frente a la costa central. En Puno (S/541.9), con una población de 1,208,802 habitantes, ganó en 11 de 13 provincias, mientras que en Amazonas (S/632.7) obtuvo la victoria en 6 de sus 7 provincias.
Agua
El acceso a agua y saneamiento también refuerza el patrón. Aunque el promedio nacional de acceso es de 80.8%, hay regiones den las que menos del 50% cuenta con este servicio.
Sánchez logró victorias en algunas zonas de Loreto, donde se impuso en provincias como Alto Amazonas (49.1%) y Datem del Marañón (9.5%).
El mapa de su votación coincide con zonas de alta exclusión hídrica. Según el informe, el 18.5% de los distritos del país (347 en total) tiene una cobertura menor al 50%, una situación que se repite en provincias de la sierra y la selva donde obtuvo un gran respaldo.
Del otro laso, Sánchez no logra grandes votaciones en zonas en las que el acceso al agua por red pública llega al 91.7% como Trujillo. Igual sucede en Lima (90.4%) y Callao (91.9%).
En paralelo, los logros de Sánchez se manifiestan en regiones como Puno, donde la esperanza de vida es de 74.93 años, mientras que en Amazonas llega a 75.32. Es decir, expectativa en comparación al promedio.
Opinión
Al respecto, la analista política Alexandra Ames señaló que aún es necesario reflexionar como país sobre la urgencia de cerrar las brechas de desigualdad.
“Hoy en día las políticas públicas que son nacionales no se implementan con la misma intensidad en todo el territorio”, advirtió en declaraciones a Correo.
En esa línea, sostuvo que resulta clave avanzar hacia una descentralización efectiva que permita a la ciudadanía en cada territorio percibir la presencia del Estado.
Sugirió por ello “generar una concertación, generar un diálogo que permita acercar esas diferencias electorales para construir una agenda nacional”.
La población de Santo Domingo de Nauyán evalúa retomar el bloqueo si no se cumple el mantenimiento integral de la vía.
El conflicto por la apertura de la vía y el funcionamiento del botadero en Santo Domingo de Nauyán continúa escalando, con posiciones enfrentadas entre el alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara Gallardo, y el alcalde del centro poblado, Manuel Salvador Martínez. Mientras uno defiende el cumplimiento de compromisos y cuestiona la gestión local, el otro exige el retiro de operaciones y denuncia afectaciones ambientales a la población.
Este escenario se enmarca en una crisis mayor del sistema de residuos en Huánuco. La población ha advertido que podría retomar el bloqueo de la carretera hacia el relleno sanitario de Chilepampa si no se cumplen los compromisos de mantenimiento vial. “Hasta ahorita no cumple con los ramales. Ninguno de los cinco ramales ha hecho mantenimiento”, señaló Martínez, quien indicó que la decisión será evaluada en una reunión multisectorial. Un eventual cierre reactivaría problemas ya vividos, como la acumulación de basura en la ciudad, evidenciando la fragilidad del sistema.
Posturas enfrentadas por la vía y el botadero
El alcalde provincial, Antonio Jara Gallardo, afirmó que el burgomaestre de Santo Domingo de Nauyán mantiene una oposición constante a la apertura de la carretera. “El primero de abril nos sentamos a dialogar y él dijo claramente que no estaba de acuerdo en que se abra la carretera. Hoy mantiene la misma posición”, señaló.
Asimismo, indicó que existe un compromiso con la población que viene cumpliendo y evitó profundizar en la controversia. “No quisiera entrar en polémica, pero estoy cursando una carta notarial por lo que se ha expresado. Para mí, los documentos son los que hablan”, sostuvo.
Por su parte, el alcalde Manuel Salvador Martínez aseguró que su comunidad ha tomado una decisión firme frente a lo que considera un incumplimiento. “Nuestra población se mantiene firme. Le estamos dando 30 días de tregua para que se retire”, afirmó.
El burgomaestre local también cuestionó la continuidad del botadero en la zona y el estado de la vía. “Ya no hay espacio para el diálogo. La población ya está cansada”, indicó, remarcando que lo ejecutado no corresponde a lo acordado: “Se quedó bien claro: 10 a 20 centímetros de material compacto. Pero solo han hecho una raspada”.
Cuestionamientos por gestión y afectación ambiental
En medio del conflicto, Jara Gallardo denunció presuntas irregularidades en la administración de recursos por parte del municipio de Santo Domingo de Nauyán. Según explicó, desde 2023 se habrían dejado de percibir más de 200 mil soles por falta de rendición de cuentas. “Debería haber recibido 339 450 soles, pero solo ha recibido 131 525. Ha dejado de llevar a su centro poblado 207 925 soles”, precisó.
También aclaró que existe una resolución que obliga al municipio local a transferir el 50% de los ingresos por extracción de materiales a la municipalidad provincial. “Él es quien tiene que depositar, no yo”, remarcó.
En contraste, Martínez rechazó las acusaciones y aseguró que se están mezclando temas ajenos al problema principal. “Está tergiversando la información y confundiendo a mi población. Yo he reclamado por el mantenimiento de la carretera; lo otro es secundario”, afirmó.
Además, denunció impactos directos en la población y actividades agrícolas. “Tenemos cientos de afectados. Hay plantaciones que se están perjudicando por la contaminación, la polvareda y los residuos”, indicó. También negó avances en vías alternas: “No se ha hecho nada, ahí está la evidencia”.
El deterioro de la vía, sumado a deudas de municipalidades que utilizan el relleno sanitario y a una gestión cuestionada, mantiene en riesgo la continuidad del servicio. Sin acuerdos concretos, el conflicto podría derivar nuevamente en una crisis sanitaria para la ciudad.
Más de 16 entidades llegaron hasta zona rural para brindar 2000 atenciones en una intervención gestionada por el programa PAIS del Midis./Foto: Midis.
En un esfuerzo coordinado para que el Estado llegue a las zonas más alejadas de la región Huánuco, más de 420 personas del distrito de Churubamba accedieron a servicios esenciales durante una intervención multisectorial desarrollada en el Tambo Huarapa y gestionada por el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Durante esta actividad se brindaron más de 2000 atenciones sociales, en beneficio de pobladores de nueve comunidades, quienes no tuvieron que realizar largos desplazamientos para acceder a prestaciones médicas, sociales y productivas, contribuyendo al cuidado de la economía familiar al no asumir costos de transporte hasta la capital de la provincia para atenderse.
En materia de salud, se brindó asistencia en medicina general, obstetricia, ginecología, odontología, psicología y pediatría, además de la aplicación de vacunas y pruebas de laboratorio, lo que contribuyó a la prevención y la atención oportuna de diversas enfermedades. Estas acciones estuvieron a cargo de 50 profesionales de la brigada “Médicos de Mi Barrio”.
Asimismo, se realizaron trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) y la inscripción gratuita para quienes lo solicitaban por primera vez, garantizando que la población en esta parte de la región huanuqueña acceda a programas sociales y a otros servicios del Estado.
La intervención comprendió el empadronamiento para la entrega de vales del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), la orientación y asesoría legal para la atención de casos de litigios de terrenos, pensión alimentaria y otras demandas, a cargo de la Defensa Pública de Huánuco, además de la afiliación y actualización de datos en el Seguro Integral de Salud (SIS).
Por otro lado, con el fin de apoyar la economía local, los pequeños productores recibieron capacitación en el uso de abonos orgánicos y el control de plagas en sus cultivos. En tanto, la empresa Electrocentro atendió consultas sobre el acceso a nuevas conexiones y el cambio de titularidad en los suministros eléctricos, fortaleciendo así las capacidades productivas y el acceso a servicios básicos.
Finalmente, la Municipalidad Distrital de Churubamba realizó el empadronamiento y la actualización de datos de la población vulnerable (menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad), para que puedan acceder a atenciones especializadas a través de las oficinas de la Demuna, Omaped y CIAM.
En Huánuco, el programa PAIS cuenta con 45 tambos en once provincias. En coordinación con diversas entidades, prevé brindar, durante el presente año, más de 340 000 prestaciones, en beneficio de más de 1600 centros poblados.
Falsificaron firmas —incluso de fallecidos— y simularon servicios del proyecto Té Verde.
Una auditoría de la Contraloría reveló graves irregularidades en la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, donde se pagaron más de S/ 345 mil por capacitaciones que nunca se realizaron en el marco del proyecto Té Verde.
El informe advierte que, para sustentar los pagos, se habrían falsificado firmas de supuestos beneficiarios, incluyendo personas que ya habían fallecido al momento de figurar como participantes.
De acuerdo con la auditoría, la entidad contrató a 12 proveedores mediante procesos irregulares, quienes recibieron aproximadamente S/ 28 mil cada uno por brindar un mismo servicio de capacitación.
Esta modalidad habría sido utilizada para evitar realizar un proceso de contratación de mayor monto que exigiera licitación. Los funcionarios involucrados evaluaron, validaron y dieron conformidad a los servicios, pese a que no se ejecutaron.
Además, al menos cinco proveedores —Abel Ramírez Tello, Gerónimo Teobaldo Alcedo Timoteo, Anselmo Salvador Enciso Paredes, Nixon Sayed Peña Calero y Lesly Disely Ugaz Fernández— no cumplían con los requisitos establecidos para ser contratados.
Pagos adelantados y documentación irregular
La investigación también determinó que algunos proveedores presentaron solicitudes de pago incluso antes de la firma de los contratos.
Para justificar los desembolsos, se utilizaron documentos irregulares, como informes con fotografías repetidas entre distintos proveedores, lo que evidenciaría la simulación de actividades.
Asimismo, varios de los supuestos beneficiarios declararon posteriormente que nunca recibieron capacitación alguna.
Uso de firmas de personas fallecidas
Uno de los hallazgos más graves es la utilización de datos y firmas de personas fallecidas. Por ejemplo, el proveedor Abel Ramírez Tello consignó como beneficiarios a Rubin Dorichs Gonzales Saravia y Candelario Alejo Isidro, quienes ya habían fallecido en diciembre de 2023, fecha en la que supuestamente participaron en las capacitaciones.
La Contraloría identificó responsabilidad penal en varios funcionarios, entre ellos el director de Extensión Agraria, personal de adquisiciones, logística y miembros del comité de selección.
En cambio, al entonces director regional de Agricultura solo se le atribuyó responsabilidad administrativa. Actualmente, continúa vinculado al Gobierno Regional como director regional de Producción.
Sobre la situación de los demás implicados, la actual directora regional indicó que no pudo precisar si continúan laborando en la entidad, aunque confirmó que uno de los funcionarios ya dejó el cargo.
Proyecto ejecutado, pero bajo cuestionamientos
A pesar de las irregularidades detectadas, el proyecto Té Verde ya fue ejecutado y se encuentra en etapa de liquidación.
Desde la Dirección Regional de Agricultura se indicó que serán las instancias correspondientes las encargadas de aplicar las medidas correctivas, sin brindar mayores detalles.
El caso evidencia cómo fallas en los mecanismos de control permitieron validar servicios inexistentes y autorizar pagos con documentación irregular.
La investigación abre paso a posibles sanciones penales y administrativas para los responsables, en un nuevo caso que pone en cuestión la gestión de recursos públicos en la región.
Bernardo Pachas señaló que luego del procesamiento de actas continuará la etapa de evaluación de impugnaciones por parte de los organismos electorales. (Fotos: Lenin Tadeo/GEC)
El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, estimó que este viernes se culminará el procesamiento de las actas correspondientes a las elecciones presidenciales.
El funcionario explicó que el avance del conteo electoral se encuentra en su fase final y que, tras concluir el procesamiento, se iniciará la siguiente etapa del procedimiento electoral.
“Tenemos una fecha probable para cerrar este viernes los resultados presidenciales con las actas procesadas”, indicó.
JNE evaluará impugnaciones tras cierre del procesamiento
Pachas detalló que, una vez finalizado el procesamiento de actas por parte de la ONPE, el proceso continuará en manos de los Jurados Especiales Electorales (JEE) y posteriormente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en caso se presenten impugnaciones o apelaciones.
“Luego viene el trabajo de los Jurados Especiales Electorales, y, si hubiera impugnaciones o apelaciones, el Jurado Nacional de Elecciones”, explicó.Play Video
El funcionario precisó que este procedimiento forma parte del cronograma electoral y que el cierre del procesamiento no implica necesariamente el resultado final, ya que aún pueden resolverse observaciones en curso.
Evaluarán cambios en áreas internas
Sobre posibles responsabilidades internas, el jefe interino evitó adelantar decisiones específicas, aunque confirmó que se evaluarán cambios en distintas áreas, gerencias y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).
“Sería imprudente señalar ahora quiénes dejarán sus cargos. En los próximos días se comunicarán oficialmente las decisiones”, indicó.
Asimismo, informó que la ONPE trabaja de manera coordinada con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la entrega de actas observadas y acelerar el cómputo de resultados.
Según estimó, los resultados presidenciales procesados podrían completarse en los próximos días, aunque aclaró que el resultado final dependerá de la resolución de observaciones e impugnaciones.
