Un nuevo caso de presunta corrupción golpea al Gobierno Regional de Huánuco. La Contraloría General de la República reveló que el expediente técnico del proyecto de agua de riego para 12 localidades del distrito de Huacrachuco (provincia de Marañón) habría sido validado con informes falsificados, pues la firma del profesional responsable no corresponde al especialista contratado.
De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N.º 035-2025-OCI/0401-SCC, los documentos utilizados para aprobar el expediente técnico y autorizar pagos fueron suscritos con una firma adulterada, lo que pone en duda la validez legal del proyecto y la calidad técnica de su ejecución futura.
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El hallazgo señala que, en 2020, la entidad regional contrató por S/ 558 000 la elaboración del expediente técnico y, además, un servicio de supervisión para revisar sus cinco entregables. Sin embargo, el ingeniero cuya rúbrica aparece en los informes negó haber realizado dicha labor o firmado documento alguno, lo que convierte la evaluación en un acto irregular.
Pese a esta evidente inconsistencia, funcionarios de la Subgerencia de Estudios del Gobierno Regional de Huánuco dieron conformidad al servicio de evaluación y autorizaron el pago de S/ 30 600, quedando pendiente otro de S/ 3 400.
Comunidades afectadas por una obra que no avanza
El expediente técnico fue aprobado en diciembre de 2021 con una inversión proyectada de S/ 55.7 millones, pero hasta hoy el proyecto permanece paralizado.
Cuatro procesos de selección fueron convocados entre 2022 y 2025; todos terminaron nulos o desiertos, impidiendo que se inicien los trabajos que prometían llevar agua de riego a 12 comunidades altoandinas que dependen de la agricultura para sobrevivir.
Estas irregularidades —sumadas a la falta de revisión y corrección de observaciones— han frenado el desarrollo agrícola y económico de la zona, además de generar un posible perjuicio económico al Estado y a los pobladores que siguen esperando la obra.
La Contraloría exhortó al Gobierno Regional a adoptar acciones correctivas inmediatas que garanticen la continuidad del proyecto y la transparencia en su gestión, recordando que “la falsificación de documentos públicos constituye un delito y un atentado directo contra el desarrollo de los pueblos”.
