La Defensoría del Pueblo en Huánuco, halló deficiencias que estarían vulnerando el cumplimiento de las políticas públicas en defensa de los derechos de la población más vulnerable: las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el distrito de Cayna.
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Para el órgano defensorial, la Municipalidad Distrital de Cayna, estaría omitiendo la Ley n.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la cual tiene más de siete años de vigencia.
“Dicha comuna no ha conformado aún la instancia de concertación local para la lucha contra dicha problemática, la cual es un espacio en el que convergen las principales autoridades del distrito para abordar planes de acción conjuntos”, indica la Defensoría.

Si bien existe un responsable del área de Demuna, el municipio aún no ha oficializado la creación de esta dependencia como un órgano adscrito al municipio, por ende, no cuenta con la acreditación respectiva del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Además, durante la visita se encontró que la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) del municipio de Cayna carece de un registro actualizado de las y los ciudadanos con discapacidad que residen en el distrito y que tampoco cuenta con un reglamento vigente que regule las audiencias públicas de rendición de cuentas.
Tras estos hallazgos, el representante de la oficina defensorial de Huánuco instó a las autoridades del municipio de Cayna a disponer la conformación inmediata de la instancia distrital de concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar y proceder a la elaboración y posterior aprobación de su reglamento y plan de trabajo.
Sobre el particular, la titular de la Defensoría del Pueblo, Lizbeth Yllanes, precisa que, es necesario avanzar con el proceso de acreditación de la Demuna ante el MIMP.
Como parte de las recomendaciones realizadas, además, se solicitó la actualización del registro de empadronamiento de las personas con discapacidad ubicada en su ámbito jurisdiccional.