La admisión de la candidatura de Raúl Sosa Ramírez a la alcaldía del distrito de San Pedro de Chaulán, por el partido País para Todos, ha generado polémica luego de conocerse que el postulante registra una sentencia vigente por un delito de corrupción, información que, además, no habría sido consignada en su Declaración Jurada de Hoja de Vida.
La observación surge tras revisar la resolución de admisión emitida por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco y la documentación judicial correspondiente, donde se advierte la existencia de una condena por colusión agravada en agravio de la Municipalidad Distrital de Chaulán.
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De acuerdo con la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de Huánuco, Raúl Sosa Ramírez fue condenado a seis años de pena privativa de la libertad, con ejecución suspendida bajo reglas de conducta, por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.
La resolución judicial también establece una inhabilitación por tres años, que le impide ejercer función, cargo o comisión pública, incluso cuando se trate de un cargo obtenido mediante elección popular.
Además, el fallo dispone el pago solidario de una reparación civil de S/ 238 233 y S/ 100 000 por concepto de daño extrapatrimonial, junto con los demás sentenciados.
Sentencia no habría sido declarada en la hoja de vida
La controversia se agrava porque, según la documentación revisada, el candidato declaró alrededor de 30 procesos judiciales y sentencias archivadas o en apelación, pero no consignó la sentencia condenatoria vigente correspondiente al Expediente N.° 02482-2018-4-1201-JR-PE-03, emitida el 16 de abril de 2026.
La omisión podría tener consecuencias en el proceso electoral, debido a que la normativa exige que los candidatos declaren este tipo de información en su hoja de vida.
JEE había advertido exclusión de candidatos que oculten condenas
Días atrás, el propio presidente del Jurado Electoral Especial de Huánuco recordó que los candidatos que oculten una sentencia vigente por delitos de corrupción podrían ser excluidos del proceso electoral, una vez que el organismo electoral confronte la información declarada con los registros oficiales del Poder Judicial.
Ahora, la admisión de esta candidatura abre interrogantes sobre el proceso de verificación de la documentación presentada y sobre las decisiones que adoptará el JEE conforme avance el cronograma electoral.
