El proceso electoral en Huánuco enfrenta nuevos cuestionamientos. Dos mujeres denunciaron haber sido inscritas como candidatas a regidoras sin su consentimiento, asegurando que sus firmas y huellas dactilares fueron presuntamente falsificadas para incorporarlas en listas de organizaciones políticas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Las afectadas acudieron al Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco, donde solicitaron que se adopten medidas inmediatas y que la documentación sea remitida al Ministerio Público para investigar a los responsables.
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Joven asegura que fue incluida en lista de Somos Perú sin saberlo
El primer caso corresponde a Jhelerin Khorayma Polinar Alania, de 21 años, quien denunció haber sido inscrita como candidata a regidora para la Municipalidad Provincial de Pachitea en la lista de Somos Perú, encabezada por Juan Manuel Delgado Falera.
Según la denuncia presentada el 4 de julio, la joven afirmó que nunca aceptó postular ni firmó documento alguno, por lo que rechazó que la firma y la huella dactilar consignadas en el expediente de inscripción le pertenezcan.
Tras recibir la denuncia, el JEE Huánuco notificó al personero legal de la agrupación política para que presente los descargos correspondientes dentro del plazo establecido por la normativa electoral.
Segundo caso involucra a candidata inscrita por Perú Primero
Una situación similar fue denunciada por Alejandrina Aldava Jorge, quien aseguró haber sido incluida sin autorización como candidata a regidora para la Municipalidad Distrital de Molino, por el partido Perú Primero.
La ciudadana manifestó que jamás autorizó su inscripción y sostuvo que tanto la firma como la huella dactilar que aparecen en los documentos presentados ante el organismo electoral habrían sido falsificadas.
Piden intervención del Ministerio Público
Ambas denunciantes solicitaron que los expedientes sean puestos en conocimiento del Ministerio Público, con el fin de determinar si se cometió el delito de falsificación de documentos y establecer las responsabilidades penales que correspondan.
Los casos también reavivan el debate sobre los mecanismos de verificación utilizados durante la inscripción de candidatos y la responsabilidad de las organizaciones políticas en la autenticidad de la documentación presentada ante los organismos electorales.
