La última sesión del Pleno del Congreso, realizada el pasado jueves 18 de mayo, expuso el cambio de postura que han adoptado algunos grupos políticos sobre su respaldo inicial a la denominada ‘Ley mordaza’. Esto, luego de que diversos sectores, entre ellos, gremios periodísticos, criticaran el carácter de la iniciativa por afectar la libertad de información.
Al momento, la propuesta, que plantea endurecer las penas por el delito de difamación y hacer efectivo el pago de una indemnización por el daño al honor causado al querellante, contaría con al menos trece votos menos de los 69 que respaldaron el dictamen en primera votación.
Los votos en contra provendría de las bancadas de Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP), de acuerdo a lo manifestado por integrantes de estas bancadas durante el debate del pasado jueves.
Para ser ratificada, en segunda votación, el texto requiere el apoyo de la mayoría simple del Congreso, es decir, como mínimo 66 votos.
POSICIÓN
Ese día, José Arriola, vocero acciopopulista e investigado por el caso ‘Los Niños’, anunció su voto en contra y aseguró que su partido es “respetuoso de la libertad de expresión y de prensa, a pesar de los golpes bajos, a pesar del daño, a pesar de cierta maldad”.
“Nos hemos tenido con los miembros del Consejo de la Prensa Peruana en un diálogo alturado, franco, sincero, honesto, transparente, donde hemos dicho las cosas como son y ellos reconocen que los excesos están mal. Y se han comprometido a serie de regulaciones a través del Tribunal de Honor y Tribunal de Ética, y confiamos en eso”, refirió.
Su colega Edwin Martínez sostuvo que, con la iniciativa, se busca que “la prensa no pierda la esencia de la información”, que es “ética, responsabilidad y valores”. No obstante, señaló que existen “titulares ofensivos y agresivos”, por lo que pidió a los medios tener en cuenta que “detrás de cada ser humano hay una familiar, y hay que aprender a respetarnos”.
“Yo voy a votar en contra de esta porque no me preocupa los adjetivos y los calificativos que muchas veces hace la prensa. Pero pido, por favor, no pierdan esa esencia, que es la ética”, dijo.
Durante su intervención, la también acciopopulista María del Carmen Alva manifestó que “recibir ataques de la prensa es parte de la prensa”. Señaló lo más importante en una democracia es la libertad de expresión y la libertad en general; no obstante, recalcó que “lo único que le pedimos a los medios de comunicación es que se autorregulen y sean más responsables”.
“La libertad es lo más importante y vamos votar en contra”, expresó.
Miembros de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) también manifestaron sus reparos sobre el alcance del dictamen trabajado en la comisión de Justicia y Derechos Humanos y que proponer modificar, entre otras normas, el Código Penal y el Código Civil.
Al respecto, Eduardo Salhuana (APP) señaló que el Congreso se encontraba discutiendo “sobre un mecanismo procesal ya existente”, debido a que las sanciones sobre el delito contra el honor se encuentran establecidos en la actual normativa. “Estamos discutiendo sobre algo existente, sobre un mecanismo que podemos utilizar en cualquier momento si consideramos que somos agraviados”, dijo.
Salhuana indicó que “no es pertinente”, en un momento que se requiere estabilidad y la búsqueda de consensos para a favor del país, “generar un nivel de mayor confrontación” con un sector importante, como la prensa.
“Creo que por ese lado tenemos que revisar bien. En el caso particular, vamos a votar para que esta norma no sea ratificada en segunda votación”, comentó.
A su vez, Lady Camones, también de la bancada de APP, manifestó que su grupo parlamentario evaluó no solo “la forma jurídica con la que podríamos estar de acuerdo, pero lamentablemente hemos advertido también que, dentro de la exposición de motivos, hay una expresión clara que es atentatoria contra la libertad de prensa”.
“No estamos en momento de buscar enfrentamientos, pero sí es preciso solicitar que tanto IPYS, como el Consejo de la Prensa Peruana, busque una reunión de consenso con los congresistas y se eviten algunos excesos”, añadió.
DETALLE
Como se recuerda, tras el debate del jueves, el presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, solicitó un cuarto intermedio para formular un texto con las observaciones planteadas por las bancadas.
Sin embargo, por la tarde, el titular del grupo de trabajo solicitó, en un documento enviado al presidente del Congreso, José Williams, el cambio de algunas frases del análisis técnico de la norma, pero no en la fórmula legal. Es decir, se mantenía la elevación de la pena por difamación a través de medios de comunicación o libros.
También existe la versión de que se contempla eliminar el término ‘prensa’ del dictamen por la afectación directa a la labor de los medios de comunicación.
LECTURA
En diálogo con Correo, el analista político Luis Benavente manifestó la principal razón del cambio de postura por parte de algunas bancadas es el rechazo expreso de diferentes sectores, sobre todo de los medios de comunicación. Sostuvo que ya está normado el proceder frente a posibles difamaciones, calumnias o injurias, por que proponer una legislación adicional sobre el tema apuntaría a “frenar los cuestionamientos al Congreso”, el cual -dijo- atraviesa una la crisis de representativa y de credibilidad.
Benavente explicó que la modificación de términos en el texto, como lo solicitado por Gonza, “no cambia lo que es el espíritu de la norma” que es endurecer las penas.
Asimismo, consideró que aún es incierto saber lo que ocurrirá el próximo jueves 25, día en que se abordará de nuevo la propuesta en el Pleno. Precisó que, pese al cambio de postura, la votación aún se muestra ajustada.
“(¿Se ratificará o no la propuesta?) No sabemos porque lo que va a pasar es que la votación sería muy pareja, por tanto el pronóstico sería muy difícil. Por otro lado, sabemos que hay negociaciones bajo la mesa (…) Es una situación de incertidumbre”, indicó.
Finalmente, sostuvo los partidos políticos deberían pronunciarse sobre la iniciativa, una postura que debería encaminar la decisión final que puedan tomar los congresistas.
Fuente:Correo