Bolivia cumplió veinte años de un experimento económico que prometía soberanía, justicia social y riqueza nacional.
El resultado es, en cambio, una economía que el Fondo Monetario Internacional (FMI) clasifica con riesgo soberano alto, una deuda pública equivalente al 95% del Producto Bruto Interno (PBI) y reservas internacionales que al cierre de 2024 apenas cubrían dos meses de importaciones, según el informe del organismo publicado en junio de 2025.
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, propone para el Perú las mismas medidas que ese país andino adoptó desde el 2006 bajo el gobierno de Evo Morales.
Energía
El plan de gobierno de Juntos por el Perú sostiene que “el Estado reservará para la gestión directa los recursos energéticos, productivos y estratégicos, para la viabilidad de la nación peruana: gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo, puertos”.
Bolivia asumió ese mismo principio con la nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006.
Morales militarizó los campos gasíferos y obligó a las empresas privadas a firmar nuevos contratos con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cediéndole el control mayoritario de la producción.
En consecuencia, la producción de gas cayó de 59 millones de metros cúbicos por día en 2014 a 31.6 millones en 2026, según la Rendición Pública de Cuentas de YPFB del 31 de marzo de 2026.
Las reservas probadas pasaron de 10.7 trillones de pies cúbicos en 2017 a 3.7 trillones en 2025.
Incluso, Bolivia, que exportó gas por 6,113 millones de dólares en 2013, recibió apenas 1,076 millones en 2025, una caída del 82% en doce años.
Inversiones
El plan de gobierno de JP sostiene además que “estarán prohibidas las concesiones que otorguen ventajas especiales a inversionistas extranjeros” y que “se renegociarán los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales que afecten la soberanía nacional”.
Bolivia aplicó esa lógica desde 2006.
La inversión extranjera directa (IED) neta, que alcanzó los 727 millones de dólares en 2014, según datos del Banco Central de Bolivia y la CEPAL, se convirtió en negativa para 2019 y 2020 con salidas de 142 y 1,130 millones de dólares respectivamente.
En 2022, la IED neta sumó apenas 6 millones de dólares y en 2023 registró una salida neta de $16 millones.
JP también propone una mayor regulación económica y una participación activa del Estado en mercados y actividades privadas.
Dicho partido considera que “es necesaria la intervención pública en la regulación concertada de los mercados…”.
La política boliviana aplicó subsidios masivos a combustibles y mantuvo un tipo de cambio fijo durante años para controlar la inflación y los precios internos.
Sin embargo, el FMI evaluó la situación boliviana durante 2025 y concluyó que este país enfrenta “una combinación de políticas insostenibles”.
La entidad monetaria sostiene que todas estas medidas provocaron falta de dólares en el sistema financiero.
El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó en 2025 que Bolivia enfrenta “escasez de dólares estadounidenses”, “problemas de liquidez” y crecimiento de un “mercado negro del dólar”.
El proyecto político de JP muestra un tono crítico de los contratos-ley y se queja de que “los términos contractuales no pueden ser modificados…” y que “el Estado regularmente pierde” arbitrajes internacionales.
Ese criterio, no obstante, sería nocivo pues el informe estadounidense sostiene que las empresas en Bolivia enfrentan dificultades por incertidumbre jurídica y un sistema judicial politizado. Esto afectó la confianza empresarial y la llegada de nuevas inversiones estratégicas.
Análisis
Al respecto, el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez advirtió que la estatización de recursos estratégicos tiene un costo fiscal inmediato que el plan de gobierno de JP no contempla.
El economista explicó que el Estado peruano carece tanto de recursos financieros como de personal técnico para operar esos sectores.
“Lo que estaríamos haciendo es convertir varias operaciones importantes en varios Petroperú”, advirtió.
Para Gálvez, el Perú mantiene hoy grado de inversión, condición que permite acceder a financiamiento internacional con plazos largos y tasas bajas.
“Si uno quiere hacer APP (Asociaciones Público-Privadas), los fondos de inversión están dispuestos a poner su dinero en proyectos de inversión solamente porque el país tiene grado de inversión”, afirmó, y agregó que perderlo significa que “lo que quieras hacer de allí para adelante lo tendrás que hacer a tu propio pulmón”.
Por su parte, el excanciller Luis Gonzales Posada cuestionó la medida de renegociar los TLC.
“Revisar los contratos ley significa simplemente quitar todas las garantías a los acuerdos que se ha llegado con capitales nacionales extranjeros”, afirmó.
Según Gonzales Posada, seguir la línea de Evo Morales nos “hundiría” en el descrédito, la fuga de capitales y la pobreza.
“Se llama intervencionismo (control de precios), que en el Perú siempre ha fracasado”, dijo, y agregó que “la garantía de las inversiones es el libre movimiento de capitales y de mercados”.
No obstante, el exfuncionario señaló que estatizar los recursos estratégicos requeriría reformar la Constitución Política del Perú y obtener 87 votos en dos legislaturas consecutivas, “lo cual es técnicamente imposible”.
“Lo que sí es posible es que esos mensajes lo que causan es temor en las inversiones nacionales, extranjeros y naturalmente una corrida de capitales. Eso es lo grave”, sentenció.
Fuente: Correo
