La feria sabatina de la Alameda, uno de los espacios comerciales más concurridos de Huánuco, se ha convertido en el centro de una investigación fiscal luego de que la Policía Contra la Corrupción detectara presuntos cobros indebidos realizados por personal de la Municipalidad Provincial. La Fiscalía investiga a cuatro personas por el presunto delito de peculado por apropiación en agravio del Estado.
Cobros de hasta S/ 6 a nombre de la Municipalidad
De acuerdo con la investigación policial, que se desarrolló durante varios meses, Edith Céspedes Morales y Yessica Liberata Calderón Ramírez, dos trabajadoras nombradas de la municipalidad, cobraban entre S/ 1.50 y S/ 6.00 a los comerciantes que se instalan cada sábado en la avenida Alameda de la República.
Ambas usaban chalecos con el logo municipal y entregaban tickets tras recibir el dinero, cuyo destino final se desconoce.
Las dos servidoras públicas fueron detenidas el sábado, mientras que ayer la Policía allanó las oficinas de Administración Tributaria como parte de las diligencias.
Allanamientos y más investigados
Además de las trabajadoras, la Fiscalía investiga a Pedro Huerta Ceballos y Ángel Carlos Paredes Quiroz.
Ninguno de ellos es personal municipal, pero sí tiene vínculo con la feria:
- Pedro Huerta es presidente de la Asociación de Productores Ecológicos.
- Ángel Paredes brindaba servicios de seguridad en el lugar.
Aunque el Ministerio Público solicitó la detención de ambos, el Juzgado rechazó el pedido al no existir vínculo laboral con la municipalidad ni pruebas de coordinación con las cobradoras. Sin embargo, sus viviendas fueron allanadas.
Huerta aseguró que los cobros dentro de su asociación responden a acuerdos internos para financiar el recojo de residuos sólidos y negó toda relación con las trabajadoras.
Asimismo, calificó el allanamiento a su casa como un abuso de autoridad.
Municipalidad promete colaborar “hasta las últimas consecuencias”
El alcalde Antonio Jara Gallardo dijo a la prensa que está colaborando con las investigaciones y que él mismo dispuso lacrar las oficinas cuando conoció el caso.
“Quedamos en que yo abriría las oficinas en presencia de la Policía para que hagan su trabajo”, señaló.
Sobre las trabajadoras intervenidas, indicó que ambas son personal nombrado con más de diez años de servicio, pero afirmó no conocerlas.
La autoridad municipal pidió que la investigación determine desde cuándo habrían ocurrido estos cobros y anunció que se actuará con total transparencia.
