En 2017, cuando el escándalo de Odebrecht alcanzó al Perú, uno de los primeros descubrimientos fueron los diversos pagos que la constructora brasileña había hecho a exfuncionarios y abogados peruanos, a través de off shore. Ese dinero llegó hasta el Principado de Andorra.
El abogado y árbitro Horacio Cánepa fue uno de los beneficiados con pagos ilícitos y se ha convertido en uno de los principales colaboradores eficaces en diversos procesos penales, entre ellos el “Caso Árbitros”.
Precisamente, esta semana, el Primer Juzgado de Extinción de Dominio de Lima ordenó cursar oficios a la justicia de Andorra, a fin de que disponga la repatriación de más de un millón de euros incautados al abogado Horacio Cánepa.
A través de una resolución a la que accedió El Comercio, la jueza María del Rosario Portocarrero dispuso ejecutar la resolución de extinción en contra del ex árbitro de Odebrecht, cuya sentencia de su acuerdo de colaboración eficaz fue emitida recientemente por el Poder Judicial.
¿Pero cuál es la situación de otros implicados con cuentas en Andorra? Fuentes vinculadas al caso han indicado a El Comercio que existen otras indagaciones sobre personajes que fueron detectados con cuentas en el Principado de Andorra.
Sin embargo, las fuentes señalan que, ahora, la recuperación de los activos en el extranjero se ha complicado puesto que, con las modificaciones de la Ley de Extinción de Dominio, se tendrá que esperar a una sentencia previa en el proceso penal.
Salvo que se presenten casos como los de Cánepa, que se acogió a la colaboración eficaz, el proceso de extinción de dinero en el extranjero volverá a esperar los largos procesos judiciales en vía penal.
“En estos casos de dinero en el extranjero provenientes de la corrupción, la extinción de dominio fue muy eficaz y materia de reconocimiento en el exterior”, señalaron las fuentes.
Por ello, de acuerdo a las fuentes, existen indagaciones contra el ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo y otros (Vinculado al Caso “Tren Eléctrico”) y quienes ya han sido sentenciados.
En el caso de Cuba no solo están relacionadas cuentas en Andorra; sino también en Suiza y Bahamas.
También existen indagaciones sobre Rómulo Peñaranda (Caso “Ositrán”) y contra el expresidente de Ositrán, Juan Carlos Zevallos (actualmente en juicio oral).
Igualmente, se están indagando cuentas vinculadas al investigado Miguel Atala, exdirectivo de Petroperú.
Además, existe un proceso de extinción de dominio vinculado al abogado Luis Miguel Pizarro Aranguren vinculado al “Gasoducto Sur Peruano”, pero en este caso la cuenta en el extranjero se encuentra en Estados Unidos.
Junto a ellos, señalaron se viene trabajando otro caso vinculado al empresario Gustavo Salazar y su empresa Actividades Empresariales Holding S.A con la off shore Klienfeld por presuntos pagos en el caso “Vía Evitamiento Cusco”.
Inicia la repatriación del dinero incautado en el Principado de Andorra
En la resolución emitida el 29 de setiembre por la magistrada María del Rosario Portocarrero, se precisa que la decisión de notificar al Principado de Andorra -a fin de que traslade el dinero incautado a Cánepa- se ejecuta luego de que éste desistiera de apelar la sentencia de extinción de dominio dictada en su contra y la empresa Maxcrane Finance S.A., en mayo de este año.
De acuerdo a dicha sentencia, la representación de Odebrecht estuvo inicialmente a cargo de Jorge Henrique Simoes Barata y posteriormente de Raymundo Nonso Trindade Serra. Este último habría mantenido un vínculo de amistad con Horacio Canepa Torre, quien integró la lista de expertos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio del 2009 al 2016.
Y, durante este periodo, Odebrecht Sucursal en Perú entabló varias demandas arbitrales contra las entidades del Estado Peruano, a través de sus diversas concesionarias, y que concluyeron en el pago de indemnizaciones por concepto de obras y/o servicios reconocidos en los respectivos procesos arbitrales.
Particularmente, aduce la sentencia, a fines del año 2010, Eleuberto Antonio Martorelli, directivo de Odebrecht, se comunicó con Horacio Canepa para comentarle los procesos arbitrales que la citada empresa brasileña iba a interponer contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), relacionado la Tramo 2 y 3 del Proyecto IIRSA Sur, y le propuso ser designado como perito de Odebrecht.
En los primeros meses del 2011, Cánepa y representantes de Odebrecht establecieron que el monto de los honorarios arbitrales sería US$ 50 mil (US$ 25 mil al inicio y US$ 25 mil al final).
Además, de manera contraria al Decreto Legislativo N° 1071 – que norma el arbitraje, se fijó un bono de éxito del 1% por los laudos arbitrales sin incluir IGV, lo cual constituía un “soborno”.
Según la sentencia, la empresa Odebrecht cobró la suma de US$ 144′046,519 resultantes de los laudos arbitrales.
Por ello, el bono de éxito o comisión ilícita ascendería a US$ 1′442,000 correspondiente aproximadamente al 1% de la cuantía demandada en los procesos arbitrales.
Fue así que, a finales del año 2012, Ronny Loor – quien estaba a cargo de las concesionarias de Odebrecht y de materializar la entrega de la comisión ilícita del 1% – le habría indicado a Cánepa que los pagos no podían ser entregados en el Perú, sino en banca extranjera.
Por tal motivo, le presentó a Francisco Xavier Perez Gimenes, ejecutivo de la Banca Privada de Andorra (BPA), apodado “Cisco”, quien le abrió una cuenta a nombre de la sociedad panameña MAXCRANE FINANCE SA, a fin de que reciba la comisión de Odebrecht.
Para justificar estas transferencias, la citada empresa brasileña suscribió un contrato ficticio, entre una de sus offshore, AEON GROUP Inc. y la empresa MAXCRANE FINANCE SA, cuyo beneficiario era Horacio Canepa.
Finalmente, tras iniciarse el proceso de colaboración eficaz, se dispuso la incautación del dinero ubicado en Andorra.
En el 2024, se aprobó su sentencia de colaboración y se le impuso cuatro años de pena suspendida.
El 11 de setiembre del 2025, la Sala de Apelaciones Permanente de Extinción de Dominio resolvió que, tras el desistimiento de apelación de Cánepa Torre, se confirmaba la sentencia que declaró fundada la demanda de extinción de dominio.
La demanda fue planteada por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria Especializada de Extinción de Dominio y la Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio.
“ Señala el impugnante Horacio Canepa Torre que se desiste del recurso de apelación que había interpuesto en ambos extremos de la sentencia en razón a que en su proceso penal, en la cual tiene una sentencia de colaboración eficaz, ha ofrecido información destinada a la incautación de este dinero. Asimismo señala de que en el proceso penal se había fijado una audiencia de decomiso, razón por la cual solicitó la suspensión de la misma, pedido que fue aceptado por el juez; toda vez, que consideraba que este proceso estaba más avanzado y por lo tanto consideraba que era necesario poner fin a la actividad recursiva que había planteado.”
Sala de Apelaciones Permanente de Extinción de Dominio
Con dicha resolución, el 29 de setiembre, la jueza María del Rosario Portocarrero ordenó la “ejecución inmediata de la sentencia”.
“Se dispone: cúrcese la solicitud de asistencia judicial internacional de exequatur a las autoridades competentes del Principado de Andorra, a fin de que ejecuten lo decidido en la mencionada Sentencia, por el cual, se extinguen los derechos que sobre el monto dinerario EUR1´041,486.881 más los intereses generados a la fecha de ejecución de la sentencia de la cuenta corriente N° AD66 0006 0008 2112 0059 1352 del Banco Privado D´ANDORRA – Principado De Andorra, de titularidad de MAXCRANE FINANCE S.A. y beneficiario económico Jorge Horacio Cánepa Torre, los que fueron transferidos a la I´Autoritat Financera Andorrana (AFA), quedando, revertida a favor del Estado Peruano.”
Precisó que el requerimiento deberá ser canalizado a través de la Fiscalía de la Nación – Unidad de Cooperación Judicial Internacional.
En Diálogo con El Comercio, Cánepa Torre confirmó que la decisión de repatriar el dinero de sus cuentas es parte de la sentencia de colaboración eficaz que suscribió con la justicia peruana.
“Es mi colaboración. No es que ni la Fiscalía ni el juzgado de extinción han hecho algo, no. Es parte de lo que yo he aportado (…) es parte de mi colaboración eficaz. Eso está previsto en mi colaboración eficaz, no es nada del otro mundo”, señaló.
Aseguró que el dinero ya está incautado hace más de cinco años y que existe un proceso para que se tramite la recuperación de los activos.
“Incluso, hay un abogado contratado para que ayude a la repatriación. Eso forma parte de mi colaboración”, insistió.
