El presidente de la Comisión Organizadora, Benjamin Velazco Reyes, destacó que el licenciamiento representa “el fruto del esfuerzo colectivo de toda la comunidad universitaria"./Foto: Edgar Falcon
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) otorgó la Licencia Institucional a la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR), mediante Resolución del Consejo Directivo N° 0024-2025-SUNEDU-CD, la cual reconoce el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas por la Ley Universitaria N.º 30220.
Este importante logro marca un hito histórico para la educación superior artística y musical en nuestra región y en el país, consolidando a la UNDAR como la primera universidad pública artística y musical licenciada, comprometida con la excelencia académica, la investigación y la formación integral de profesionales que contribuyen al desarrollo cultural y social del Perú.
El proceso de licenciamiento se desarrolló de manera rigurosa y transparente, iniciándose con la presentación del expediente técnico el 25 de julio de 2024, mediante el Oficio N.º 165-2024-UNDAR/CO-P, el cual incluyó 183 medios de verificación y fue admitido con el Expediente N.º 2024EXT0000028845-SUNEDU. Posteriormente, la SUNEDU emitió la Resolución de Trámite N.º 2 el 21 de noviembre de 2024, admitiendo oficialmente a trámite la solicitud de licenciamiento institucional.
El presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Benjamin Velazco Reyes, destacó que el licenciamiento representa “el fruto del esfuerzo colectivo de toda la comunidad universitaria, que asumió con responsabilidad el reto de cumplir los más altos estándares de calidad establecidos por la SUNEDU”. Asimismo, señaló que este reconocimiento permitirá proyectar a la UNDAR hacia una nueva etapa institucional orientada al mejoramiento continuo, la internacionalización académica y el liderazgo en educación musical y artística.
La UNDAR consolida así su compromiso con la sociedad huanuqueña y con el legado del maestro Daniel Alomía Robles, reafirmando su misión de formar profesionales humanistas, creativos y éticos, capaces de transformar positivamente su entorno a través del arte, la cultura y la educación.
Ciudadanos que cumplan los requisitos podrían ser parte del proyecto piloto
Los peruanos que cumplan los requisitos exigidos para votar digitalmente en las Elecciones Generales 2026, y deseen hacerlo, pueden solicitar su inclusión en la lista de electores registrándose en una plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (https://votodigital.onpe.gob.pe) entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre.
Uno de los requisitos es pertenecer a uno de los once grupos que han sido considerados en un proyecto piloto, pues suelen enfrentar dificultades para desplazarse hasta su local de votación, lo cual impide muchas veces el ejercicio de su derecho al sufragio. Otro de los requisitos es contar con un documento nacional de identidad electrónico (DNIe) cuyos certificados digitales tengan vigencia hasta, por lo menos, el 8 de junio de 2026, un día después de una probable segunda vuelta electoral.
Tras la promulgación de la Ley n.° 32270 que introdujo en el sistema electoral nacional la posibilidad de contar con una modalidad de votación digital, la ONPE desarrolló una solución tecnológica que actualmente está siendo auditada por una empresa especializada y fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La implementación del proyecto piloto dependerá del resultado de ambos procesos y de la factibilidad de levantar a tiempo las observaciones que pudieran hacerse al software examinado.
De acuerdo a lo establecido en la norma, la aplicación de esta nueva modalidad de sufragio será progresiva y su uso requiere un registro previo voluntario. Este se lleva a cabo ingresando a https://votodigital.onpe.gob.pe y accediendo al módulo “Registro de Electores para el Voto Digital”. Ahí será necesario identificarse con el DNIe y colocar la clave PIN creada por el ciudadano al recibir su documento.
Dicha plataforma también contiene información y ofrece la posibilidad de verificar si se cumplen los requisitos técnicos exigidos. En caso se confirme el registro solicitado, el ciudadano podrá practicar el procedimiento de voto digital para familiarizarse con él, antes del día de los comicios.
Lista de posibles electores
Una primera selección de los peruanos que podrían optar por el voto digital realizó hoy la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuando generó una lista con los datos entregados por las entidades relacionadas con los once grupos priorizados para el proyecto piloto. Entre ellas se encuentran las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), EsSalud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los tres organismos electorales.
La generación de ese listado inicial fue presenciada por miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de identificación y Estado Civil (Reniec). Las personas que soliciten su registro a través de la plataforma de la ONPE deben estar incluidas en dicha lista, pues así se confirma su pertenencia a los grupos habilitados para el proyecto piloto.
La tarde del 28 de octubre, el alcalde Roger Hidalgo dio inicio a la construcción del nuevo puente Quitasombrero, una obra largamente esperada que unirá a diversos poblados de la microcuenca de Mancapozo, entre ellos San Sebastián de Páucar y San Juan Pampa de Acara.
Más de 40 años tuvieron que pasar para que esta zona vea concretarse una obra de infraestructura vial. Hoy, gracias a la gestión del alcalde amarilense ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías, se hace realidad con una inversión superior a los 687 mil soles.
El nuevo viaducto, de concreto armado y 6 metros de luz, reemplazará las viejas estructuras de madera, brindando seguridad, accesibilidad y conectividad a las familias, especialmente en tiempos de lluvia. El plazo de ejecución es de 75 días calendario e incluye señalización y elementos de seguridad vial.
“Cada puente que construimos no solo une caminos, une familias, une sueños. Amarilis está creciendo desde sus bases, desde los pueblos más alejados. Nuestro compromiso es llegar a cada rincón del distrito con obras que transformen la vida de la gente. Seguiremos gestionando, trabajando y cumpliendo, porque el desarrollo no debe detenerse.”
Durante la ceremonia, el alcalde del centro poblado San José de Páucar, Junder, expresó su gratitud. “Agradecemos profundamente al alcalde Roger Hidalgo por mirar hacia nuestras alturas. Esta obra no solo es un puente de concreto, es un puente de esperanza para nuestros pueblos olvidados.”
Asimismo, el autoridad del lugar Tito Rojas, añadió emocionado. “Nunca imaginamos ver esto hecho realidad. Hoy sentimos que por fin el desarrollo llega a nuestras comunidades. Gracias al alcalde por cumplir su palabra.”
Finalmente, el alcalde Roger Hidalgo anunció que ya se encuentran avanzadas las gestiones para la construcción de otro puente similar en Conohuayón, el cual iniciará obras en los primeros meses del 2026, reafirmando su compromiso de integrar a todo Amarilis sin dejar a nadie atrás.
En lo que va del año se han robado más de 1 millón 100 mil celulares. Los días lunes se presentan la mayor cantidad con casi 5.000 equipos robados, especialmente entre las 10 am y 7pm, según Osiptel./Foto: Difusión
En el primer día del estado de emergencia por seguridad ciudana en Lima Metropolitana y el Callao, un contingente policial ingresó al centro comercial Las Malvinas y decomisó 1.100 celulares “de dudosa procedencia”. No obstante, el origen era claro, en al menos, 200 casos: equipos robados listos para ser revendidos.
Aunque el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, destacó el operativo que incluyó la detención de cuatro personas, se trata de menos del 5% del volumen de celulares que se roban todos los días en el país.
Si bien se trata de una reducción del 38% respecto a las cifras de hace ocho años (de 6.456 equipos robados por día, en 2017, a 4.036 a setiembre de 2025), cada 21 segundos se roba un celular en el Perú. En lo que va del año, la cantidad asciende a 1′101.794 equipos robados.
De acuerdo al Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG), a setiembre de 2025, la mayor cantidad de reportes de equipos móviles robados por día tuvo lugar los lunes (4.893), sábado (4.210) y domingo (4.146).
A setiembre de 2025, las 10 de la mañana (302), 11 de la mañana (285) y el mediodía (271) fueron las horas pico de mayor robo de celulares durante la semana. Además, del total de robos reportados a Osiptel, 298 903 fueron de la marca Samsung, le sigue los Redmi (253 856), Honor (129130), Motorola (105 438), Apple (89 225), entre otros.
—Problema profundo—
Existe una segunda brecha que revela la magnitud del problema: de 4.036 celulares robados diariamente, apenas 32 se denuncian ante la policía, es decir, el 0,79 %. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter, cuya fuente es el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol), de enero a setiembre se presentaron 8.920 denuncias por el delito “hurto de celular”, la mayoría en Lima Metropolitana (51.35 %).
Además del costo del equipo, las pérdidas se asocian a estafas, vaciado de cuentas bancarias o extorsiones por el uso de información personal. Expertos coinciden en que un ladrón suele revisar de 7 a 8 aplicaciones antes de vender el celular robado.
La escasa cantidad de denuncias se relaciona con la desconfianza hacia la policía, el tiempo que implica realizar el trámite, la poca expectativa de recuperar el equipo e incluso el temor a represalias. “También es cierto que muchas veces los ciudadanos desconocen cómo gestionar una denuncia. Muchos piensan que deben desplazarse hacia el distrito donde presuntamente sucedió el robo o hurto. Muchos evitan realizar dicha inversión de tiempo y dinero, y por ello no denuncian”, explica Frank Casas, experto en análisis de Políticas de Seguridad, a El Comercio.
El especialista añade que operativos de interdicción policial o fiscalización municipal de celulares robados en los mercados, como Las Malvinas, no son muy efectivos para controlar el mercado ilegal. “Se sabe que cuando presionas sobre un punto de venta ilegal, rápidamente el comercio se desplaza hacia otro punto (lo que se conoce como efecto globo debido a la alta demanda de dicho bien). En segundo lugar, para que los operativos sean efectivos, éstos deberían ser constantes, pero la policía y las municipalidades no siempre cuentan con las capacidades presupuestales y de coordinación para realizarlo diariamente, en diversos turnos, y en simultáneo sobre diversos puntos”, añadió.
Para controlar con mayor efectividad el mercado ilegal del robo y hurto de celulares se requiere que las medidas estén orientadas a un objetivo central: que el objeto pierda valor en el mercado. “Si bien en los últimos años se ha venido apostando por los apagones telefónicos, ello no está dando resultados. Un trabajo orientado a regular y controlar el comercio mayorista de chips podría darnos un mejor resultado”, agregó Casas.
Noam López, experto en política públicas de la PUCP, explicó que se necesita articular con otras instituciones del Estado y que no solo se dediquen a bloquear celulares. Lo que se necesita más bien, dijo, es que a través de inteligencia se identifiquen esas rutas y mercados de expendio de celulares. “Se requiere una política que vea el problema público y las causas, saber por qué se roban celulares, por qué compran, dónde lo hacen. Hay mercados de celulares robados, peruanos e internacionales”, dijo previamente a este Diario. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»
El encuentro con la titular del MIDIS también permitió fortalecer los lazos de coordinación con el Ejecutivo
El alcalde de la Municipalidad Distrital de Amarilis, Roger Hidalgo Panduro, fue distinguido con un reconocimiento nacional por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que lo posiciona entre los líderes locales pioneros del país en la implementación de políticas públicas para el Desarrollo Infantil Temprano (DIT).
La ceremonia se realizó en el Parque de la Reserva, en Lima, donde la ministra Lesly Shica entregó personalmente la distinción al burgomaestre amarilense, destacando su liderazgo en la actualización catastral, padrón nominal y gestión de alertas sociales, herramientas fundamentales para mejorar la atención a la niñez, identificar a familias en riesgo y fortalecer las inversiones sociales en el distrito.
“Este reconocimiento es para todo Amarilis. Lo recibo en nombre de cada madre, cada niño y cada familia que confía en nuestra gestión. Seguiremos trabajando sin descanso para que el desarrollo llegue a cada rincón del distrito, sin dejar a nadie atrás”, expresó emocionado el alcalde Roger Hidalgo tras recibir la distinción.
El encuentro con la titular del MIDIS también permitió fortalecer los lazos de coordinación con el Ejecutivo, abriendo paso a futuros proyectos sociales y de infraestructura que beneficiarán directamente a las familias más vulnerables del distrito.
GESTION CON RESULTADOS: TONELADAS DE PRENDAS PARA AMARILIS
Demostrando que el reconocimiento no es casualidad sino fruto de una gestión eficiente, el alcalde Roger Hidalgo logró concretar ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) la donación de cerca de dos toneladas de prendas nuevas, entre ropa interior y medias, que llegaron al distrito el último sábado.
“Mientras otros se quedan en los discursos, nosotros tocamos puertas, gestionamos y traemos resultados. Hoy Amarilis recibe toneladas de apoyo que pronto serán distribuidas a quienes más lo necesitan”, subrayó el burgomaestre.
Las prendas serán entregadas a la población amarilense en los próximos días, tras el trabajo de clasificación y priorización que realiza la Gerencia de Desarrollo Social.
Con acciones concretas, la gestión del alcalde Roger Hidalgo sigue marcando la diferencia, combinando reconocimiento nacional, articulación con el Gobierno Central y resultados inmediatos en beneficio de la población.
Este año la minería ilegal moverá más de US$12,000 millones, y sobrará dinero para apoyar candidatos./Foto: Difusión
Faltan solo seis meses para las elecciones y todo indica que presenciaremos un derroche de dinero —directo e indirecto— proveniente de la minería informal, estrechamente vinculada a la ilegal, durante esta campaña.
El motivo es claro: cerca de 50,000 mineros informales han pasado a la ilegalidad tras quedar fuera del Reinfo, desde julio, cuando se promulgó el Decreto Supremo N.° 012-2025. Sus registros vencidos o suspendidos los dejaron fuera del sistema, y hoy buscan ser reincorporados.
Los mineros de diversos gremios —entre ellos Confemin— protestan desde hace una semana en la avenida Abancay, frente al Congreso, para exigir que el Reinfo se amplíe por cinco años y puedan seguir operando.
En sus filas figuran dirigentes y asesores que tienen vínculos con partidos como Renovación Popular, Podemos, Perú Libre y Juntos por el Perú (JP).
A ello se suma que congresistas de Somos Perú y Alianza Para el Progreso (APP) respaldan la ampliación del Reinfo por un año y la reincorporación de quienes fueron excluidos, tal como plantea el predictamen del presidente de la Comisión de Energía, Víctor Cutipa, de JP, aliado de ese sector.
Segundo Quiroz, de APP, propuso ampliar cinco años el Reinfo| VIDEO
El documento ha pasado a revisión en una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Energía, luego de que el último viernes se frustrara el intento de aprobarlo de forma exprés. En su lugar, se dio luz verde a una cuestión previa presentada por otro partido aliado de ese sector: APP. En esta mesa participarán el Ministerio de Energía y Minas, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), entre otros actores clave.
El tema volverá a debatirse en los próximos días, aunque todo indica que será aprobado, pues el Reinfo vence el 31 de diciembre. A ello se agrega la presión desde las calles: el Congreso permanece rodeado, desde hace una semana, por más de mil mineros informales e ilegales llegados de regiones como Ica, Apurímac, Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad.
Víctor Cutipa, de Juntos por el Perú y presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, plantea en su predictamen ampliar por un año el Reinfo y reincorporar a medio centenar de mineros ilegales.
Y han advertido que no se retirarán hasta que se aprueben, al menos, sus dos principales demandas: la ampliación del Reinfo por cinco años y la reincorporación al Reinfo de los 50,000 mineros ilegales.
¿FAVOR CON FAVOR SE PAGA?
Ante este oscuro panorama, el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, declaró que los partidos que han abierto sus puertas a los mineros informales —entrecruzados hoy con los ilegales—, otorgándoles militancia y apoyando la ampliación del Reinfo, lo hacen porque “quieren sus votos y su plata”.
“Eso va a haber de todas maneras”, señaló Gálvez sobre la presencia de candidatos al Congreso —a las cámaras del Senado y Diputados— financiados con una lluvia de dinero sucio proveniente de la minería ilegal en esta campaña electoral.
Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que este año la minería ilegal exportará US$12,000 millones, es decir, cuatro veces más de lo que mueve el narcotráfico, lo que confirmaría que existe un enorme flujo de dinero disponible para financiar las campañas electorales.
FIRMAR ACUERDO: ¿QUÉ DICEN LOS PARTIDOS?
Ante esta realidad, la directora ejecutiva de la SNMPE, Angela Grossheim, en comunicación con este diario, propuso que los partidos políticos firmen un acuerdo comprometiéndose a no recibir en esta campaña dinero proveniente de la minería ilegal, que se entrelaza con la minería informal.
Sin embargo, llama la atención que solo cinco partidos y una alianza se hayan comprometido a hacerlo: Avanza País, Partido Morado, Fuerza Moderna, Progresemos y Primero la Gente, y la alianza Unidad Nacional (Unidad y Paz y PPC).
País para Todos y el Apra se mostraron en contra de ese financiamiento ilegal, pero no adelantaron si suscribirán el pacto.
Por su parte, Fuerza Popular, Renovación Popular —que tiene tres dirigentes de Confemin entre sus militantes— y APP, bancada aliada de la minería informal en el Legislativo, no respondieron a nuestra consulta.
Esta campaña mostrará, inevitablemente, qué partidos aceptarán financiamiento proveniente de la minería informal e ilegal. Y estaremos atentos.
SNMPE: Hay la necesidad de tener un pacto
La directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Angela Grossheim, explicó a este diario la importancia de que los partidos firmen un acuerdo de no recibir financiamiento de la minería ilegal, que hoy está mezclada con la ilegal.
“El gremio (la SNMPE) ha sido muy firme en señalar que no se debe permitir que las economías ilegales perturben el proceso electoral con el propósito de perpetuar la ilegalidad. En ese sentido, la presidenta del gremio (Julia Torreblanca) ha sostenido en reiteradas oportunidades la necesidad de tener un pacto con los partidos políticos, con todos los actores involucrados, en el que se transparenten los recursos de la campaña y se busque, obviamente, también a los mejores candidatos, y de esta manera evitar que cualquier actividad ilícita pueda encontrarse en el financiamiento del proceso electoral”, dijo la representante de la minería formal.
Para el expresidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, los partidos que no firmen el pacto fijarán su posición frente a la minería ilegal, aunque consideró que con un pacto o sin un pacto igual se va a dar dicho financiamiento ilegal.
Respuesta clara de pocos partidos
La firma del acuerdo será en las próximas semanas
¿Los 36 partidos y tres alianzas que participarán en la campaña electoral firmarán el acuerdo, promovido por la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), para no recibir dinero de la minería ilegal?
Al consultar a las principales agrupaciones políticas y alianzas que figuran en las encuestas, sorprende que solo cinco de ellas y una alianza —Avanza País, Partido Morado, Fuerza Moderna, Progresemos y Primero la Gente, y la coalición Unidad Nacional (Unidad y Paz y PPC)— sean las únicas en pronunciarse firmemente que sí lo harán.
“Sí, vamos a firmar que no vamos a recibir dinero ilegal. Somos un partido de gente decente”, señaló el candidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters.
Fiorella Molinelli, de Fuerza Moderna, tiene cinco propuestas, que las ha difundido en TikTok, para combatir la minería ilegal, entre las que destaca “las zonas de emergencia minera” con presencia de la Fiscalía, Policía, OEFA, Sunat y Fuerzas Armadas.
La minería ilegal destruye nuestro ambiente y financia el crimen. Necesitamos Estado firme, control en zonas críticas y alternativas económicas para las familias. #FuturoSinMineríaIlegal#fyppppppppppppppppppppppp
Paul Jaimes, de Progresemos, propuso acelerar la Ley MAPE porque no cree que sea aprobada en este Gobierno.
Miguel del Castillo, de Primero la Gente, señaló que “las economías ilegales no pueden ser avaladas por una representación” en el Parlamento.
Roberto Chiabra, candidato presidencial de la alianza Unidad Nacional, y Daniel Mora, secretario nacional de organización del Partido Morado, adelantaron que sus partidos no presentarán candidatos que representen a la minería ilegal.
SABÍA QUE
-Carlos Álvarez. El candidato presidencial de País para Todos calificó como “un rotundo fracaso” el Reinfo y negó que su partido vaya a recibir dinero ilegal. “Desde que se creó el Reinfo, hace poco más de 12 años, de cerca de 90,000 inscritos, solo se logró formalizar a 3,000”, sostuvo.
-Jorge del Castillo. El precandidato presidencial del Apra señaló que su agrupación tampoco aceptará aporte de la minería ilegal porque es como recibir dinero del narcotráfico.
-“Creemos en la total transparencia, y eso es lo que solicitamos a los diferentes partidos y candidatos al Congreso y la Presidencia”, dijo Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE.
-12 mil millones millones de dólares exportará este año la minería ilegal, según una proyección del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Madre e hija son asesinadas en San Juan de Lurigancho durante asalto./Foto: Difusión
Un nuevo crimen conmociona a Lima. Una madre y su hija fueron brutalmente asesinadas por dos delincuentes que intentaron robarles sus celulares en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), pese a que la zona se encuentra bajo estado de emergencia decretado por el Gobierno.
Un asalto que terminó en tragedia
El hecho ocurrió cuando Karen Espinoza y su hija caminaban de regreso a casa durante la madrugada. Según testigos, ambas estaban a pocos metros de llegar a su vivienda cuando dos sujetos armados las interceptaron y exigieron que entregaran sus teléfonos móviles.
La madre fue la primera en ser atacada. Su hija, en un intento desesperado por escapar, corrió unos metros, pero uno de los delincuentes la alcanzó y la apuñaló varias veces. Imágenes difundidas por noticieros locales muestran a la joven herida intentando llegar hasta su madre antes de desplomarse en el pavimento.
Karen Espinoza también trató de pedir ayuda, pero nadie salió de sus casas por miedo. Minutos después, ambas fallecieron a causa de las heridas.
Capturan a los presuntos asesinos
El general Marcial Rufino, jefe de la División Policial Este, confirmó la captura de los dos delincuentes implicados en el doble crimen. La Policía logró ubicarlos gracias al rastreo de los celulares robados, los cuales fueron vendidos a un tercero que finalmente delató a los autores materiales.
“Se dieron a la fuga con rumbo desconocido, pero logramos identificar al receptador de los teléfonos. Esta persona reveló quiénes fueron los responsables del asesinato”, declaró Rufino a los medios.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
Inseguridad en medio del estado de emergencia
El doble asesinato ha generado indignación entre los vecinos de San Juan de Lurigancho, quienes denuncian que la delincuencia no se detiene pese a las medidas del Ejecutivo. Este crimen se suma a la ola de asaltos, extorsiones y homicidios registrados en las últimas semanas.
Las víctimas dejan una familia destrozada y un distrito nuevamente marcado por la violencia e impunidad.
UNDAR aprobó el Plan de Implementación para el Proceso de Admisión marzo 2026./Foto: Difusión
La Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR) avanza a paso firme hacia su primer Examen de Admisión para el mes de marzo de 2026, un hecho histórico que consolida su crecimiento institucional y próximos a obtener la Licencia Institucional que será otorgada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
La UNDAR con Resolución N.º 328-2025-CO-UNDAR, aprobó el Plan de Implementación para el Proceso de Admisión marzo 2026, con la cual se garantiza las condiciones físicas, logísticas, tecnológicas y humanas necesarias para el adecuado desarrollo de este proceso de admisión, en concordancia con la Ley Universitaria N.º 30220 y la normativa vigente del sector.
El aludido plan regula la adecuación del ambiente de admisión, la adquisición de mobiliario, equipos, software especializado y materiales logísticos, así como la contratación de personal técnico informático que asegurará la operatividad del sistema durante las evaluaciones. Las acciones se ejecutarán entre los meses de septiembre y octubre de 2025, enmarcadas en una gestión orientada a la transparencia y eficiencia institucional.
“Estamos próximos a alcanzar la licencia institucional, y este plan de implementación es una muestra clara del compromiso de la UNDAR con la calidad educativa y la meritocracia. Queremos garantizar un proceso de admisión ordenado, justo y transparente, en beneficio de los jóvenes talentos del país”, expresó el Dr. Benjamin Velazco Reyes, presidente de la Comisión Organizadora.
Una nueva etapa
Por su parte, el Dr. Rodolfo Valdivieso Echevarría, vicepresidente académico, resaltó que este esfuerzo marca el inicio de una nueva etapa formativa:
“El primer examen de admisión será un hito para la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles. Estamos creando las condiciones académicas y tecnológicas necesarias para recibir a la primera generación de estudiantes formados bajo los valores de excelencia, identidad cultural y compromiso social”.
Asimismo, la Dra. Delma Flores Farfán, vicepresidenta de investigación, subrayó que el proceso de admisión forma parte de una visión integral de fortalecimiento institucional:
“La UNDAR está construyendo las bases para una universidad pública sólida, con un modelo educativo que vincula la formación artística y musical con la investigación, la innovación y el desarrollo sostenible”.
Especialidades
El Primer Examen de Admisión 2026 permitirá el ingreso a las escuelas profesionales de Música; así como de Educación Musical y Artes, para fortalecer la formación de profesionales en música y pedagogía artística con identidad cultural huanuqueña y proyección nacional.
Con este avance, la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles consolida su compromiso con la educación superior pública, la excelencia académica y el desarrollo social, honrando el legado del compositor y humanista que inspira su nombre.
Falsifican firma en expediente de obra de riego en Huacrachuco y liberan pago irregular./Foto: elmuro.pe
Un nuevo caso de presunta corrupción golpea al Gobierno Regional de Huánuco. La Contraloría General de la República reveló que el expediente técnico del proyecto de agua de riego para 12 localidades del distrito de Huacrachuco (provincia de Marañón) habría sido validado con informes falsificados, pues la firma del profesional responsable no corresponde al especialista contratado.
De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N.º 035-2025-OCI/0401-SCC, los documentos utilizados para aprobar el expediente técnico y autorizar pagos fueron suscritos con una firma adulterada, lo que pone en duda la validez legal del proyecto y la calidad técnica de su ejecución futura.
Contraloría indica que falsifican firma en expediente de obra de riego en Huacrachuco y liberan pago irregular
El hallazgo señala que, en 2020, la entidad regional contrató por S/ 558 000 la elaboración del expediente técnico y, además, un servicio de supervisión para revisar sus cinco entregables. Sin embargo, el ingeniero cuya rúbrica aparece en los informes negó haber realizado dicha labor o firmado documento alguno, lo que convierte la evaluación en un acto irregular.
Pese a esta evidente inconsistencia, funcionarios de la Subgerencia de Estudios del Gobierno Regional de Huánucodieron conformidad al servicio de evaluación y autorizaron el pago de S/ 30 600, quedando pendiente otro de S/ 3 400.
Comunidades afectadas por una obra que no avanza
El expediente técnico fue aprobado en diciembre de 2021 con una inversión proyectada de S/ 55.7 millones, pero hasta hoy el proyecto permanece paralizado. Cuatro procesos de selección fueron convocados entre 2022 y 2025; todos terminaron nulos o desiertos, impidiendo que se inicien los trabajos que prometían llevar agua de riego a 12 comunidades altoandinas que dependen de la agricultura para sobrevivir.
Estas irregularidades —sumadas a la falta de revisión y corrección de observaciones— han frenado el desarrollo agrícola y económico de la zona, además de generar un posible perjuicio económico al Estado y a los pobladores que siguen esperando la obra.
La Contraloría exhortó al Gobierno Regional a adoptar acciones correctivas inmediatas que garanticen la continuidad del proyecto y la transparencia en su gestión, recordando que “la falsificación de documentos públicos constituye un delito y un atentado directo contra el desarrollo de los pueblos”.
Un nuevo escándalo sacude los cimientos de la Iglesia Católica en el Perú. El obispo de Juli, Ciro Quispe López, fue acusado de llevar una doble vida mientras predicaba sobre moral y familia cristiana. De acuerdo con diversas denuncias, el religioso mantenía relaciones sentimentales con más de diez mujeres, entre ellas monjas, novicias y empresarias.
Las pruebas —audios, videos y fotografías— fueron entregadas por las propias involucradas y por una exempleada del obispado, conocida como Julia, quien decidió revelar los hechos ante las autoridades eclesiásticas.
El escándalo se desató cuando las supuestas parejas coincidieron en la fiesta de cumpleaños número 50 del obispo. Según el periodista Liubomir Fernández, la reunión terminó en una confrontación entre las mujeres, quienes descubrieron que todas mantenían una relación con el mismo sacerdote.
Los audios filtrados muestran a un Quispe López muy distinto al hombre de fe que oficiaba misa. En uno de ellos se le escucha decir frases como “Te amo mucho, mi gorda preciosa”, evidenciando su vínculo afectivo con una de las mujeres.
La exempleada Julia declaró que el obispo utilizaba las instalaciones del obispado para sus encuentros amorosos:
“Veía toallas higiénicas, rastros de sangre en la cama, pelos de mujer en la ducha. Todo eso tenía que limpiar”, relató.
La comunidad aymara expresó su indignación por la doble vida del prelado y exigió explicaciones también por el presunto uso irregular de fondos destinados a obras sociales. El semanario Hildebrandt en sus trece reveló que Quispe habría desviado cerca de 100 mil soles de un programa de Naciones Unidas.
Además, las investigaciones periodísticas indican que algunas de sus parejas —como Elizabeth Céspedes del Carpio y Noni Ayestas Castillo— habrían recibido contratos y beneficios económicos del obispado.
El empresario Bernabél Quispe Mamani denunció haber sido estafado por el obispo, tras invertir 280 mil soles en la remodelación de una casa de retiro:
“Me ha estafado y me ha sacado por la fuerza. Es un matón que merece ir a la cárcel”, afirmó.
Parte del mobiliario de esa casa habría sido trasladado a una pollería de propiedad del obispo en Cusco, de nombre “Patas Arriba”.
Ante la presión de la comunidad y las pruebas recabadas por el Vaticano, a través del obispo Marco Cortez Lara, Ciro Quispe presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el papa León XIV en julio de 2024.
Su última misa en Juli, lejos de ser una despedida solemne, se convirtió en un reclamo público de los feligreses, que le exigieron rendir cuentas por los fondos y sus actos. El hombre que se proclamaba defensor de la moral cristiana terminó abandonando el púlpito entre denuncias de amoríos, corrupción y traición a su fe.
