Al expresidente Martín Vizcarra poco parece importarle cargar con tres inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y con un proceso penal en curso.
Lo demuestra recorriendo el país y mostrándose aún como un posible candidato a la presidencia, pese a no poder hacerlo.
Ya no lo hace solo, sino junto a su hermano mayor, Mario Vizcarra, quien, pese a ser un rostro casi desconocido, hoy aparece en ascenso en la intención de voto, tal como reveló una reciente encuesta de Ipsos Perú.
En ella, Mario Vizcarra igualó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 7%, ubicándose detrás del alcalde de Lima, que lidera con 10%.
Así, los hermanos Vizcarra Cornejo, cual siameses políticos, se desplazan por todo el país en una campaña imposible que encierra estrategias para confundir de manera intencional a los electores. En las regiones se reúnen y organizan a sus aspirantes a candidatos.
Muchos de ellos se muestran sonrientes, caminando las calles del interior del país, pero lo cierto es que, siguiendo el camino de los Vizcarra, varios cargan también con denuncias, investigaciones fiscales o procesos penales aún abiertos.
LOS ROSTROS
En Huánuco, el excongresista Enrique Pulgar Lucas, hermano del actual gobernador regional de esa región, Antonio Pulgar, postularía al Senado por el partido Perú Primero.
Lo cierto es que, según un informe de la Contraloría General de la República, la empresa Consultora e Inmobiliaria O&F S.R.L., de propiedad de Pulgar, habría generado un perjuicio económico de más de 393,000 soles a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en Huánuco, al incluir reajustes de valorizaciones “superiores a lo real” en la liquidación de una obra de mejoramiento en la Playa Tingo, valorizada en más de 3.3 millones de soles.
El Órgano de Control Institucional (OCI) determinó que tanto la empresa como la supervisión y la administración municipal aprobaron cálculos erróneos que beneficiaron económicamente al contratista.
A estas observaciones se suma una denuncia penal presentada ante la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco por presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y organización criminal.
La denuncia alcanzó a Enrique Pulgar, a su hermano Antonio Pulgar y a varios funcionarios del Gobierno regional en relación con la licitación de un proyecto de riego en Huacrachuco por 51.9 millones de soles que habría sido adjudicado pese a las advertencias de la Contraloría sobre irregularidades en el proceso.
Funcionarios involucrados en este caso integraron comités de licitación en otras obras adjudicadas a las mismas empresas. Mientras tanto, Pulgar ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso y continúa con su intención de volver a tener un puesto público.
MIRA ESTE VIDEO: Gobernador de Huánuco el más viajero del Perú
En tanto, una de las últimas ciudades donde Martín y Mario Vizcarra realizaron caravanas juntos fue en la ciudad de Iquitos, en la región Loreto. Se subieron a diversas camionetas, ambos acompañados por un rostro ya conocido en la selva.
Quien los llevó en sus recorridos políticos fue José Martín Arévalo Pinedo, exalcalde del distrito de San Juan Bautista y hoy aspirante a gobernador regional por Perú Primero.
Arévalo no es un desconocido en la política local. En septiembre de 2019, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio —una modalidad de corrupción de funcionarios—.
Según la investigación fiscal, Arévalo habría recibido 15,000 soles del empresario Christian Omar Godoy Sánchez, el 10 de abril de ese año, a cambio de favorecerlo en la adjudicación de obras públicas en la municipalidad que él dirigía. La denuncia se sustentó en un video en el que se observa al empresario entregando el dinero al entonces alcalde.
Aunque el plazo de prisión preventiva culminó en junio de 2020 y hoy está libre, el caso no fue archivado y las investigaciones continúan en curso.
En la región Arequipa, uno de los nombres que suena como posible candidato al Senado por Perú Primero es el del excongresista Sergio Dávila Vizcarra, un político con amplia trayectoria regional, pero también con una condena judicial a cuestas.
En 2021, el juez para casos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Max Vengoa Valdiglesias, lo condenó a cinco años de prisión efectiva por el delito de enriquecimiento ilícito tras haberse acreditado un desbalance patrimonial de 612,882 soles durante su gestión como alcalde de la Municipalidad Provincial de Camaná (2007-2010).
De acuerdo con la sentencia, el incremento injustificado de su patrimonio no pudo ser explicado de manera “clara ni transparente” pese a las actividades económicas que el exfuncionario alegó haber realizado.
El fallo se sustentó en pericias contables y en un debate pericial que permitió corroborar el desbalance detectado por la Fiscalía Anticorrupción.
En 2024 fue absuelto pese a la apelación del Ministerio Público y de las pruebas presentadas.
DE TAL PALO
En la región Piura uno de los nombres que suena como posible candidato al Senado por Perú Primero es el del arquitecto y empresario Richard Alfredo Tripul Peña, quien ha trabajado por años en diversas obras públicas.
Lo que no se sabe es que Tripul figuró como imputado en un proceso penal por el presunto delito de colusión.
De acuerdo con el registro de audiencias de la Corte Superior de Justicia de Piura, el caso se tramitó en el 6.o Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La audiencia de control de acusación —etapa previa al juicio oral— se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2021 ante el juez Christian Barnard Azabache Vidal.
La investigación involucró a exfuncionarios y proveedores de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, señalados por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas. Entre los agraviados figura la propia municipalidad y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Según el expediente, Tripul Peña afronta el proceso junto con otros diez imputados, entre ellos exautoridades locales y contratistas. El caso permanece en el fuero anticorrupción de Piura, pendiente de resolución judicial.
Por su parte, en Puno, Marco Larry Yucra Limahuaya, excandidato del Partido Nacionalista Peruano y aspirante al Senado con el partido de Mario Vizcarra, presentó en su declaración jurada ante el JEE que registra una sentencia por alimentos en el Tercer Juzgado de Paz San Román.
Según el documento, al día de hoy existe una conciliación con la cual cumple con un depósito mensual.
Así como los Vizcarra Cornejo, sus aspirantes a candidatos en regiones no tienen expedientes libres de denuncias.
Los nombres que hoy acompañan al expresidente en su nueva aventura política llegan con pesados antecedentes judiciales, denuncias y procesos abiertos, un reflejo de cómo la renovación política en el país parece, otra vez, seguir marcada por los mismos rostros y las mismas sombras.
Vizcarra, un negocio familiar
Perú21 reveló en agosto último que los terrenos donde hoy se desarrolla el proyecto inmobiliario llamado Andaria, liderado por Martín Vizcarra, fueron adquiridos originalmente por los hermanos Mario y César Vizcarra, y luego transferidos a la empresa de la esposa e hijas del expresidente.
La empresa Urbaniza 3D SAC —de propiedad de su esposa, Maribel Díaz Cabello, y de sus hijas— con sede en Moquegua, indicó en ese documento que Vizcarra se desempeñaba como ingeniero civil en un proyecto de habilitación urbana.
El contrato fue firmado el mismo día en que debía sustentarse la audiencia y no incluía boletas de pago ni detalles de las labores realizadas.
De acuerdo con la información comercial difundida por este diario, los lotes oscilan entre 160 y 300 metros cuadrados, y se ofertan con precios desde S/125,000 durante campañas promocionales. La propia empresa informó que el proyecto tiene un plazo estimado de entrega de 18 meses, hasta diciembre de 2026.
Lo relevante del caso es el origen de los terrenos donde se desarrolla este negocio. Los registros públicos muestran que el predio principal —de casi 100,000 metros cuadrados— fue adquirido en 2014 por la empresa CYM Vizcarra SAC Ingenieros Contratistas, cuyos propietarios son Mario y César Vizcarra Cornejo, hermanos del expresidente. La compra se realizó mediante una hipoteca con el banco Scotiabank por un valor total de US$2’126,000.
Años después, los mismos terrenos fueron transferidos a Urbaniza 3D SAC, la empresa de la esposa e hijas de Vizcarra, por un monto de S/86,728, según consta en registros de la Sunarp. La operación fue cancelada mediante transferencias bancarias. En la actualidad, los tres predios vinculados al proyecto Andaria —que juntos suman más de 276,000 metros cuadrados— figuran independizados a nombre de Urbaniza 3D SAC.
HERMANOS VIZCARRA INVESTIGADOS
Además del vínculo con los negocios familiares de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra enfrenta una investigación fiscal en curso. El Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Tacna lo investiga junto a su hermano César por el presunto delito de colusión en el marco de la contratación de maquinaria para la construcción de una defensa ribereña en los ríos Ilabaya y Locumba, en septiembre de 2018. En ese caso, la Fiscalía solicitó comparecencia con restricciones para Mario Vizcarra y detención domiciliaria para César Vizcarra.
El fiscal a cargo sostiene que ambos habrían concertado directa e indirectamente con funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en la región Tacna, para proveer el servicio de alquiler de maquinaria pesada a través de su empresa CYM Vizcarra SAC. La investigación permanece abierta y se encuentra en etapa preliminar.
Mientras tanto, el expresidente Vizcarra continúa bajo investigación en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional. Su partido, Perú Primero, ha mantenido actividad política y económica, reportando ante el Jurado Nacional de Elecciones ingresos por S/534,259 en 2024, cuatro veces más que en el año anterior. La mayor parte de esos fondos provienen de aportes de personas naturales y actividades de financiamiento.
Fuente: Perú 21
