La carrera electoral por la alcaldía de Yacus tiene un dato que merece ser puesto sobre la mesa: Alejo Ponciano Espíritu, candidato de Fuerza Popular, figura con 16 registros judiciales según documentación revisada.
Los registros corresponden a diferentes años, materias y estados procesales. Es decir, no todos los casos son condenas ni todos tienen naturaleza penal. La propia información distingue entre investigado, imputado, demandante, demandado y otros tipos de participación.
La candidatura de Ponciano Espíritu para la alcaldía distrital de Yacus fue admitida por el JEE Huánuco, según información publicada en agosto de 2026.
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Del incumplimiento de alimentos a investigaciones penales
Entre los registros aparecen varios expedientes por incumplimiento de obligación alimentaria, además de procesos de naturaleza civil y familiar.
La consulta también consigna un caso por homicidio culposo, otro relacionado con robo y un expediente por violencia familiar en el que figura como denunciado, según la documentación proporcionada.
Hay, además, procesos civiles vinculados a alimentos, reducción de pensión alimenticia y asuntos contencioso-administrativos.
Estos registros tienen estados procesales diferentes: algunos aparecen con dictamen, otro con archivo definitivo y otros con consulta resuelta o sobreseimiento. Por ello, la existencia de un expediente no permite afirmar por sí sola responsabilidad penal o culpabilidad.
Los expedientes que ponen el foco en el derecho al sufragio
Uno de los elementos que más llama la atención en la documentación es que aparecen registros relacionados con delitos contra el derecho al sufragio.
Uno de ellos corresponde al expediente N.° 2006014506-2022-1734, donde la consulta registra como último estado “con sobreseimiento”, con fecha 30 de julio de 2026.
En otro registro del mismo caso, fechado el 2 de octubre de 2025, aparece el estado “consulta resuelta”.
La documentación también muestra otro expediente, registrado como investigación penal, que incluye entre los delitos consignados la alteración del resultado de una elección y el supuesto ejercicio de un cargo pese a una medida de destitución, cese, suspensión o subrogación.
En este punto, el dato debe leerse con precisión: el registro identifica una investigación y no equivale a una sentencia condenatoria.
Una controversia judicial por contratación municipal
Otro antecedente documentado aparece en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023.
El caso se originó en una controversia relacionada con la Adjudicación Directa Selectiva 8-2012-MPHCO, para adquirir repuestos y accesorios destinados a máquinas y equipos de obras de la Municipalidad Provincial de Huánuco. El contrato fue suscrito por S/112,814.
De acuerdo con la sentencia del TC, una resolución judicial de diciembre de 2019 declaró fundada en parte una demanda de indemnización por daños y perjuicios promovida por la Procuraduría Pública Municipal de Huánuco contra Ponciano Espíritu y Celso Nazario Cajas, ordenándoles pagar S/11,281.40 más intereses legales por concepto de daño emergente.
Ponciano Espíritu acudió al Tribunal Constitucional buscando dejar sin efecto esa resolución. Sin embargo, la Sala Segunda del TC declaró improcedente su demanda de amparo en junio de 2023.
El candidato y una elección bajo escrutinio
Ponciano Espíritu llega a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 como candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Yacus. La lista publicada para ese distrito lo ubica como candidato a alcalde y consigna a sus candidatos a regidores.
La información judicial revisada por este medio muestra, por tanto, un historial procesal diverso y de varios años, que incluye expedientes civiles, familiares y penales.
El dato cobra especial interés porque entre los registros aparecen investigaciones relacionadas con el derecho al sufragio, precisamente en una persona que actualmente busca administrar un municipio y que participa en un proceso electoral.
La existencia de estos registros no determina por sí misma la responsabilidad del candidato en cada caso. Corresponde distinguir entre investigaciones, procesos concluidos, archivos, sobreseimientos y eventuales decisiones judiciales firmes.
