Estados Unidos ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, depuesto del poder el pasado 3 de enero en una acción militar ordenada por Donald Trump. Hoy Washington “controla” el rumbo político del país caribeño, y lo hará por varios años, según ha declarado el magnate; y la nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez, se lleva bien con la Casa Blanca. Sin embargo, la estrategia estadounidense expone una contradicción central: al mismo tiempo que coopera con el actual Gobierno Venezolano, Washington mantiene vigentes recompensas millonarias por la captura de altos dirigentes chavistas que siguen ejerciendo el poder como ministros, pese a estar acusados de narcotráfico por la justicia de EE. UU.
Desde agosto del 2025, los departamentos de Estado y de Justicia subieron de 25 millones a 50 millones de dólares la recompnesa por información para la captura de Maduro. Se trataba de uno de los fugitivos más buscados por Washington.
En Estados Unidos se acusa a Maduro de cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína hacia Estados Unidos,posesión y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer y usar armas automáticas y dispositivos destructivos, según documentos judiciales. Si es condenado, la pena máxima que le espera es de cadena perpetua.
Maduro fue detenido el 3 de enero por un comando de la Fuerza Delta de Estados Unidos, en medio de un intensos bombardeos en Caracas y otras ciudades de Venezuela.
El líder chavista fue llevado a Estados Unidos y compareció en una corte federal en Nueva York, donde se formalizaron los cargos en su contra.
Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, juró como presidenta interina por orden del Tribunal Supremo de Justicia. Ella mantiene en su Gabinete de ministros a dos figuras clave del chavismo que están acusadas en Estados Unidos por narcotráfico y otros supuestos delitos.
Diosdado Cabello es considerado el número dos del chavismo, por debajo de Maduro. Es ministro del Interior desde agosto del 2024. Antes fue presidente de la Asamblea Nacional y durante el régimen de Hugo Chávez fue vicepresidente de Venezuela.
Tras la caída en desgracia de Maduro, y la posterior juramentación de Delcy Rodríguez, Cabello se mantiene como ministro del Interior.
En Estados Unidos, Cabello tiene un expediente judicial en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), el mismo que lleva adelante el caso contra Maduro y otros dirigentes y exmilitares chavistas.
A Cabello de le acusa de conspiración de narcoterrorismo por su supuesta vinculación con el denominado Cártel de los Soles, las FARC de Colombia y otras organizaciones criminales. También por tráfico y distribución de cocaína y conspiración para violar la ley de armas y dispositivos destructivos.
En el expediente se menciona que Cabello habría coordinado o facilitado rutas de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, usando conexiones con grupos armados y narcotraficantes.
Para enero del 2026, el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Cabello. Antes esa recompensa era de 10 millones de dólares.
El general Vladimir Padrino López es ministro de Defensa de Venezuela desde el 24 de octubre del 2014, ratificado en el cargo varias veces por Maduro y ahora por la presidenta Delcy Rodríguez, a quien reconoció públicamente como jefa de Estado en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Padrino López es el ministro de Defensa que más tiempo lleva en el cargo en la historia reciente de Venezuela. Antes de ser ministro, ocupó la segunda posición al mando de la fuerza militar terrestre.
El militar se consolidó como figura política tras mantenerse leal a Hugo Chávez durante el intento de golpe de Estado de abril del 2002, cuando era coronel en el Fuerte Tiuna.
Desde el 2020, Vladimir Padrino López tiene una acusación federal vigente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (Washington D.C.).
A Padrino se le impita conspiración para distribuir cocaína con aeronaves registradas en Estados Unidos. El gran jurado federal lo acusa de conspirar desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019 con otros individuos para distribuir cocaína a bordo de aviones registrados en Estados Unidos, violando el Título 21 del Código de los Estados Unidos y otras secciones del Código Federal estadounidense.
También está acusado de abuso de autoridad y sobornos a narcotraficantes y de facilitación de tráfico transcontinental de drogas.
Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención o condena de Padrino López.
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El analista internacional Francisco Belaunde Matossian advierte una contradicción central en la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela, al señalar que, tras la captura de Maduro y su acusación por narcoterrorismo, Washington mantiene recompensas millonarias contra otros altos dirigentes chavistas mientras tolera que sigan ejerciendo el poder.
“Se capturó únicamente a Maduro; todo lo demás se mantiene”, resume Belaunde, al señalar que el resto de la estructura chavista permanece intacta en el poder en Venezuela.
Según el analista, esta situación respondería a un acuerdo pragmático con el nuevo régimen de Delcy Rodríguez, que permitiría sostener a su gobierno mientras se avanza gradualmente hacia un proceso de transición que todavía no tiene un calendario establecido.
En ese contexto, Belaunde señala que Washington habría explorado la posibilidad de ofrecer salidas negociadas, como el exilio con garantías, a figuras del chavismo duro, como Cabelllo y Padrino López, a cambio de despejar el camino hacia la transición democrática en Venezuela.
“Es una especie de tolerancia calculada”, explica, orientada a evitar un escenario de desestabilización total, incluso si eso implica convivir temporalmente con dirigentes acusados de narcotráfico por la justicia estadounidense. Belaunde sostiene que capturar de manera simultánea a Maduro, Cabello y Padrino fue considerado inviable por Washington, según admitieron públicamente figuras como el secretario de Estado Marco Rubio.
No obstante, el analista subraya que esta estrategia tiene costos políticos evidentes, ya que debilita el mensaje de lucha contra el crimen transnacional que Estados Unidos dice encabezar en América Latina, discurso venido a menos tras el indulto concedido por Trump al expresidente de Honduras Juan Orlando Herández, que había sido condenado por narcotráfico. “Se estabiliza Venezuela, pero a costa de convivir con figuras acusadas de delitos graves”, apunta.
Belaunde considera que esta situación no sería sostenible en el tiempo y estima que, en algún momento, Washington terminará exigiendo la salida de estos dirigentes. Sin embargo, admite que el alcance real del acuerdo con el actual poder en Caracas sigue siendo opaco.
Finalmente, advierte que mientras el foco del discurso estadounidense sobre Venezuela se concentre en el petróleo y la estabilidad, y no en la depuración del poder chavista, el mensaje contra el narcotráfico y la criminalidad regional queda seriamente erosionado.
Fuente:El Comercio
