Un caso de corrupción en la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle terminó con una sentencia condenatoria. Dos exfuncionarios fueron hallados responsables de direccionar un proceso de contratación para beneficiar a postulantes, infringiendo normas legales y presupuestales.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco logró la condena contra Marcial Espíritu, como autor, y Percy Mays, como cómplice, por el delito de negociación incompatible.
Penas suspendidas y reparación civil
El Poder Judicial impuso:
- 3 años y 6 meses de prisión para Marcial Espíritu
- 3 años de prisión para Percy Mays
Ambas penas fueron suspendidas y estarán sujetas a reglas de conducta durante periodos de prueba.
Asimismo, se ordenó el pago de 15 mil soles como reparación civil a favor del Estado.
Así operaba el favorecimiento irregular
De acuerdo con la investigación fiscal, los sentenciados actuaron de manera irregular durante el proceso de contratación de personal en 2016.
Entre las principales irregularidades detectadas:
- Creación de plazas laborales sin sustento legal
- Direccionamiento de un concurso público externo
- Emisión de resoluciones e informes para favorecer a determinados postulantes
Además, se omitió la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, requisito clave en este tipo de procesos.
Fiscalía logró la sentencia
La condena fue obtenida gracias al trabajo de la fiscal adjunta provincial Isabel Fernández Aquino, quien sustentó el caso ante el Poder Judicial.
El proceso forma parte de las acciones del Ministerio Público para sancionar delitos contra la administración pública en la región.
Ordenan nuevo juicio para otros implicados
En el mismo caso, la Sala declaró nula la sentencia absolutoria de otros miembros del comité involucrado, tras la apelación presentada por el Ministerio Público.
Esto significa que enfrentarán un nuevo juicio, en el que se volverá a evaluar su responsabilidad.
Un caso que reabre el debate sobre la corrupción local
Este hecho evidencia cómo los procesos de contratación pública pueden ser manipulados desde el interior de las entidades, afectando la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado.
Aunque se logró una condena, el carácter suspendido de las penas vuelve a poner en discusión la severidad de las sanciones frente a delitos de corrupción.
