El caso del exfiscal Junior Castañeda Ccori, acusado de atropellar y causar la muerte de la docente Elizabeth Rojas de Balareso en Huánuco, enfrenta cuestionamientos por supuestos conflictos de interés entre magistrados que ven el proceso. Los familiares temen que la justicia no actúe con imparcialidad.
Las voces de los familiares de Elizabeth Rojas de Balareso, docente de 70 años que falleció tras ser atropellada en junio, apuntan directamente a la administración de justicia en Huánuco. Según denunciaron, el proceso contra el exfiscal Junior Castañeda Ccori podría quedar marcado por un grave conflicto de intereses.
Sebastián Nieto, nieto de la víctima, cuestionó que tres magistrados solicitaran inhibirse del caso por supuestos vínculos con la defensa de Castañeda. “Dos de ellos tendrían relación con la abogada del acusado y otro con su padre, quien fue juez supremo. Es inaceptable que jueces con estos nexos sigan evaluando el caso”, señaló.
La desconfianza se agravó luego de que la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Huánuco declarara infundado el pedido de apartar a dichos jueces. Para la familia, esta decisión mina la transparencia del proceso y aumenta la percepción de una posible impunidad.
Además, los deudos aseguraron que existen grabaciones de cámaras de seguridad que mostrarían que el exfiscal conducía a exceso de velocidad y que incluso impactó con otros vehículos antes de atropellar a la docente, poniendo en riesgo la vida de más transeúntes. Estas pruebas, afirman, contradicen la versión de la defensa que atribuye el hecho a un ataque epiléptico.
La audiencia de apelación para evaluar el pedido de prisión preventiva contra Castañeda está programada para el 15 de septiembre. Los familiares esperan que los jueces actúen con independencia y valoren los elementos que, según ellos, demuestran responsabilidad en el fatal accidente.
