La Fiscalía de la Nación evalúa abrir una nueva investigación preliminar contra el presidente de la República, José Jerí, pero esta vez por la contratación de cinco personas con las que se reunió previamente en Palacio de Gobierno.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se encuentra analizando los primeros elementos dados a conocer de manera pública.
“Eso se tiene que evaluar, está en evaluación; y en el caso a las señoritas, eso tendría que investigarlas una fiscalía provincial”, indicaron las fuentes a El Comercio.
Así también, explicaron que la eventual pesquisa podría darse en una nueva carpeta fiscal o, caso contrario a través de una ampliación de la investigación contra Jerí Oré por el caso de los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.
“Acá hay varias cosas; se evalúa por la persona, se establece la conexidad de los hechos, además está vinculado a la función de la persona”, remarcaron.
Según informó el dominical Cuarto Poder, Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraun Rojas, Violeta Beas Otero, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva fueron contratadas en dependencias del Estado como Essalud, los ministerios del Ambiente y de la Producción, y en la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú (Senaju).
De acuerdo al reportaje, el 1 de noviembre de 2025 (día feriado), a las 6:48 a.m., Vela Ramírez, se reunió en Palacio de Gobierno con Jerí Oré y veinte días después obtuvo una orden de servicio en Essalud, por la suma de S/6 mil.
El 28 de noviembre del 2025, sin haber concluido con el contrato en Essalud, obtuvo un nuevo contrato como locadora Fag en el sector Ambiente, por la suma de S/11 mil.
El 31 de Julio del 2025, Vela Ramírez visitó el despacho de la presidencia del Congreso cuando Jerí Oré estaba al frente. Cuatro días después regresó al área de Asesoría Laboral y obtuvo un contrato con el Comité de Damas del Legislativo por S/ 9,451 (agosto) y S/10,702 (setiembre y octubre, respectivamente).
Y, antes de eso, el 3 de mayo del 2025, obtuvo una orden de servicio en el Ministerio de la Producción por S/9 mil, poco días después de un visita del entonces congresista José Jerí a dicho despacho ministerial.
A la reunión en Palacio de Gobierno del 1 de noviembre de 2025, Vela Ramírez no ingresó sola. Lo hizo acompañada de Cristina Beraun y se retiraron a la misma hora tras reunirse con Jerí.
Unos días después, el 20 de noviembre del 2025, el Despacho Presidencial emitió una orden a favor de Beraun Rojas por S/6,500, para trabajo de comunicación interna.
Cuando Jerí Oré era presidente del Congreso, Beraun Rojas también pasó a obtener contratos con el Comité de Damas del Legislativo los meses de setiembre y octubre del 2025, por S/5,217 y S/6,007, respectivamente. Es decir, los mismos meses en que Vela Ramírez también contrató con dicha oficina en el Congreso.
Antes de eso, Beraun Rojas estaba contratada en el despacho del congresista Luis Picón como “auxiliar”, por S/3,637.
Ambas dejaron de laborar para el Congreso tras la reunión con Jerí Oré cuando este ya había asumido la presidencia de la República como encargado de la misma y contrataron con oficinas y entidades del Ejecutivo.
En el caso de Melgarejo Sánchez la situación fue similar. Luego de reunirse con el presidente encargado en Palacio el 20, 24 y 28 de octubre del 2025, obtuvo una orden de servicio con el Despacho Presidencial por S/11 mil. Beas Otero, quien también visitó a Jerí el 1 de noviembre del 2025, fue designada en Senaju.
Finalmente, Camargo Leiva, quien saltó a los medios de comunicación por haber acompañado a Jerí hasta el Market Capón del empresario chino Zhihua Yang, también hubo una situación similar.
El 14 de octubre del 2025 se reunió con el mandatario encargado en Palacio y tres días después obtuvo un contrato Fag en la Secretaría General de Palacio de Gobierno.
El Comercio buscó la versión de Ricardo Caldas, abogado de Jerí Oré, sobre esta nueva denuncia que podría abrir una nueva línea de investigación en contra de su patrocinado, pero no respondió hasta el cierre de este informe.
La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República, a través de un comunicado emitido el domingo último, aseguró que la contratación de las cinco personas siguieron “el procedimiento establecido por la normativa vigente”.
Respecto a las visitas de las señoras Guadalupe Vela Ramírez y Violeta Beas Otero, fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley”, indicaron.
Procede una investigación preliminar por presuntos delitos de patrocinio ilegal y/o negociación incompatible
El exviceministro de Justicia Gilmar Andía y el abogado especialista en derecho penal, Carlos Caro, coincidieron en señalar que existen elementos indiciarios para que la Fiscalía de la Nación abra una investigación contra el presidente José Jerí por presuntos delitos de patrocinio ilegal y/o negociación incompatible.
Andía Zúñiga explicó que la pesquisa correspondería a la Fiscalía de la Nación, de la misma forma en que se abrió el caso de los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, mientras que las cinco personas implicadas tendrían que ser investigadas por una fiscalía anticorrupción.
Consideró además que la investigación contra Jerí Oré tendría que abrirse en una nueva carpeta fiscal, ya que se trata de hechos diferentes a los del caso de los empresarios chinos.
“En principio, Sí ¿Hay una sospecha criminal inicial? Sí ¿Posibilidad de iniciar alguna investigación por un delito que probablemente podría darse? Yo creo que sí. Ahora, habría que saber manejar el caso de cada una (de las implicadas)”
Gilmar Andía, exviceministro de Justicia.
Andía Zúñiga, abogado penalista de profesión, explicó que se tendría que analizar la situación de cada una de las personas favorecidas con contratos. Ello, dijo, porque mientras más cercanas a la Presidencia existe mayor posibilidad de establecer un vínculo o intervención no debida.
En dicho caso, consideró, se podría tratar de una presunta negociación incompatible, que es cuando un funcionario público se interesa por una contratación específica, que esté vinculada a sus funciones. Ahí serían dos personas directamente vinculadas al Despacho Presidencial.
“Sin embargo, yo sí creo que por todos los casos habría una posibilidad de, por lo menos, investigar por patrocinio ilegal”, indicó.
Explicó que el patrocinio ilegal, a diferencia del tráfico de influencias, se comete cuando un funcionario patrocina ante la administración pública los intereses de un particular. “Eso me parece que encaja más en este caso, pues todas ellas serían particulares y el presidente habría intercedido por intereses de ellas ante la administración pública. Es decir, ante cada uno de los lugares donde fueron contratadas”, sostuvo.
El abogado penalista, Carlos Caro, también consideró que existen elementos indiciarios para abrir una investigación de manera paralela a la de los empresarios chinos.
“En términos prácticos, lo que se ha visto en estos casos es que las reuniones personales y luego contratos, son elementos de sospecha y eso da lugar a que la fiscalía pueda investigar por ejemplo, por el 381 del Código Penal que es el delito de contratación ilegal o el 385 que es el delito de patrocinio ilegal.”
Carlos Caro, abogado penalista
Explicó que en el caso del presunto delito de patrocinio ilegal se tendría, a José Jerí, favoreciendo o ayudando a que se pueda contratar a esas cinco personas, por un encargo personal.
Mientras que, en el caso de la contratación ilegal, se puede establecer siempre que las personas beneficiadas no reúnan el perfil requerido o se adecuó, pues aún tratándose de contratos con orden de servicios, todo requiere de un perfil.
“Y no cualquier perfil, pues se requiere que el Estado contrate al mejor perfil posible . Eso significa que el área de compras tendría que acreditar en cada caso concreto, por lo menos, haber generado la publicidad correspondiente sobre la orden de compra, y que haya recabado dos ofertas como mínimo”, comentó.
De lo contrario, si además del ‘tarjetazo’ habría una contratación con un perfil que no es el adecuado, eso genera un escenario de contratación ilegal.
Fuente: El Comercio
