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sábado, octubre 10, 2026
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Pedido de suspensión contra alcalde de Cauri sigue sin respuesta del JEE de Huánuco

Félix Aliaga de la Cruz, alcalde del centro poblado de Independencia.
Félix Aliaga afirma que espera respuesta sobre el trámite de un expediente presentado contra el alcalde de San Miguel de Cauri./ FOTO: IA

El alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Independencia, Félix Aliaga de la Cruz, volvió a requerir al Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco información sobre el trámite de un expediente presentado contra el alcalde distrital de San Miguel de Cauri, Rosas Augusto Tacuche Mariño.

El pedido está relacionado con una solicitud de suspensión formulada contra Tacuche Mariño por el presunto incumplimiento de la obligación legal de efectuar transferencias de recursos económicos a favor de la Municipalidad del Centro Poblado de Independencia.

Aliaga presentó inicialmente la documentación ante el JEE Huánuco el 18 de junio de 2026, generándose el Expediente N.° 0133148-2026. Sin embargo, en un nuevo escrito fechado el 20 de julio, afirmó que habían transcurrido más de 30 días sin recibir comunicación sobre el destino del expediente.

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Pide saber qué hizo el JEE con el expediente

En su documento, el alcalde de Independencia solicita al organismo electoral que informe qué trámite recibió el expediente y qué actuaciones realizó respecto de la documentación presentada.

También pide conocer las medidas adoptadas o que correspondan dentro de las competencias del JEE.

Aliaga fundamenta su pedido en el derecho constitucional de petición y en los principios de celeridad, eficacia e impulso de oficio establecidos en la legislación administrativa.

Advierte que podría presentar una queja

El alcalde dejó además constancia de que, si persiste la falta de respuesta, presentará una queja por defecto de tramitación y pondrá los hechos en conocimiento de las instancias competentes para determinar las eventuales responsabilidades funcionales.

En el documento, Aliaga insiste en que ya existe un retraso superior a 30 días y solicita que el requerimiento sea atendido a la mayor brevedad.

El cargo de Mesa de Partes Virtual acredita que la documentación relacionada con el expediente fue registrada ante el JNE el 18 de junio de 2026 a las 3:06 p. m., con 14 folios y bajo la referencia “Carta N.° 2-2026”.

Por ahora, el documento presentado por Aliaga acredita su pedido de información y su reclamo por la falta de respuesta, pero no contiene una decisión del JEE sobre la solicitud de suspensión. A su vez, el Concejo municipal no sesiona para tratar el caso del alcalde Tacuche Mariño.

KARINA BETETA: Diresa podría ser desalojada en diciembre y congresista plantea salida concertada con Beneficencia

Karina Beteta durante reunión sobre conflicto por inmueble ocupado por la Diresa Huánuco.
La diputada anunció una mesa de trabajo para buscar una salida antes de un eventual desalojo.

La disputa por el inmueble que ocupa la Dirección Regional de Salud (Diresa) y que es reclamado por la Beneficencia Pública podría terminar nuevamente en los tribunales si ambas instituciones no alcanzan un acuerdo.

El Poder Judicial ya ordenó el desalojo de la Diresa a favor de la Beneficencia. Sin embargo, la diligencia prevista para ejecutar la medida no llegó a concretarse y quedó condicionada a que las instituciones involucradas busquen una salida al conflicto. De no alcanzarse un acuerdo, el lanzamiento podría ejecutarse en diciembre.

Ante este escenario, la diputada Karina Beteta planteó que las autoridades de ambas entidades dejen de lado sus diferencias y encuentren una alternativa que permita resolver la controversia.

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El laboratorio complica un eventual desalojo

Beteta sostuvo que el caso no es sencillo porque el inmueble no alberga únicamente oficinas administrativas.

En el local también funciona el laboratorio regional, cuyos equipos, según explicó, no pueden ser trasladados fácilmente y cuya movilización implicaría riesgos.

“Hay que buscar un mecanismo de solución”, señaló la parlamentaria, quien pidió a las autoridades tener “un poquito de empatía” para encontrar una salida.

Para Beteta, el objetivo debe ser evitar que la disputa entre las instituciones termine afectando el funcionamiento de los servicios de salud.

“Hay que deponer intereses personales, hay un problema y la responsabilidad de las autoridades es hallar una solución”, sostuvo.

Preparan mesa de trabajo

Como parte de la búsqueda de una salida al conflicto, la diputada anunció la instalación de una mesa de trabajo en la que participarían representantes de la Diresa, la Beneficencia Pública, el Ministerio de la Mujer y el Gobierno Regional de Huánuco.

La intención es que las instituciones involucradas puedan evaluar alternativas antes de que llegue el plazo previsto para la ejecución del desalojo.

El conflicto se mantiene mientras la Beneficencia reclama la devolución del inmueble de su propiedad y la Diresa busca permanecer en el local donde actualmente desarrolla parte de sus actividades.

Beteta también abordó proyectos de infraestructura

Durante su visita a Huánuco, la parlamentaria también sostuvo una reunión con el gobernador regional.

En el encuentro se abordó el estado de varios proyectos de infraestructura, entre ellos el hospital de EsSalud, el hospital oncológico de La Esperanza, el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) y la remodelación de la avenida Alameda de la República.

Policía interviene campamentos y equipos valorizados en S/ 60 mil por presunta minería ilegal en Huamalíes

Draga intervenida por la Policía durante operativo contra presunta minería ilegal en Huamalíes.
Una de las dragas encontradas en la quebrada de Gochayoc-Cachca fue intervenida durante el operativo policial.

Un operativo de la Policía Nacional terminó con la intervención de dos campamentos y equipos presuntamente vinculados a la extracción ilegal de recursos minerales en el distrito de Miraflores, provincia de Huamalíes.

La intervención fue ejecutada el 24 de agosto por agentes de la Comisaría PNP Llata como parte del operativo denominado “Impacto-2026”, orientado a combatir actividades delictivas dentro de su jurisdicción.

Durante el despliegue policial, los agentes observaron a un grupo de personas realizando actividades a orillas del río. Al percatarse de la presencia policial, los intervenidos huyeron en diferentes direcciones y hasta el momento se desconoce su paradero.

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Encontraron dragas, combustible y equipos de buceo

Tras la fuga de las personas que se encontraban en la zona, los policías realizaron acciones de interdicción y localizaron dos campamentos, dos motores de draga, dos bombas de draga y dos dragas.

También fueron encontrados 10 trajes de buzo, 50 galones de combustible, 10 mangueras de oxígeno, 10 mangueras de PVC, cinco pares de botas de trabajo y cuatro mangueras industriales.

De acuerdo con la Policía, el conjunto de bienes tendría un valor aproximado de S/ 60 mil.

Los equipos fueron encontrados en el sector denominado quebrada de Gochayoc-Cachca, perteneciente al caserío San Jerónimo de Chonta, en el distrito de Miraflores, provincia de Huamalíes.

La Policía presume que los bienes estarían vinculados con actividades de extracción ilícita de recursos minerales.

Fiscalía determinará responsabilidades

Luego de culminada la intervención, la Policía informó que viene realizando las diligencias correspondientes en coordinación con el Ministerio Público, con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

La intervención forma parte de las acciones de control desarrolladas por la Policía en la zona frente a actividades presuntamente vinculadas con la minería ilegal.

Fisuras, desniveles y rampas deficientes: así encontró Contraloría las nuevas veredas de Huánuco

Veredas reparadas por la Municipalidad Provincial de Huánuco presentan deficiencias constructivas.
La obra de S/ 2.6 millones fue observada por la Contraloría durante una inspección realizada en julio.

La obra de veredas que ejecuta la Municipalidad Provincial de Huánuco, con una inversión de S/ 2 663 512, presenta deficiencias constructivas que podrían comprometer la calidad y vida útil de los trabajos, según una visita de control realizada por la Contraloría General de la República.

El Informe de Visita de Control n.° 030-2026-OCI/0401-SVC, elaborado luego de una inspección realizada entre el 7 y el 15 de julio, identificó problemas en los trabajos ejecutados en algunas cuadras de once jirones de la ciudad.

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Estampados no cumplen con las especificaciones

Uno de los principales hallazgos está relacionado con el acabado estampado de las veredas.

Según la Contraloría, las especificaciones técnicas establecían el uso de moldes metálicos para realizar este procedimiento. Sin embargo, durante la inspección se observaron sectores con figuras de alineamiento irregular y zonas con doble estampado.

El informe advierte que esto evidenciaría la utilización de moldes distintos a los previstos en el expediente técnico y un procedimiento constructivo que no se habría ajustado a las condiciones establecidas para la obra.

También se encontraron fisuras, desniveles, acabados irregulares y problemas de alineamiento, verticalidad y nivelación en diferentes sectores.

A ello se sumó la presencia de excedentes de concreto entre las veredas y el pavimento.

Rampas para personas con discapacidad presentan pendientes excesivas

La inspección también puso bajo observación las rampas destinadas al acceso de personas con discapacidad.

La Contraloría encontró que algunas rampas de doble acceso presentaban pendientes superiores al 12 %, condición que se encuentra por encima del límite establecido en la normativa aplicable y que podría dificultar su utilización.

El informe señala además que, pese a las deficiencias detectadas, el supervisor no habría formulado observaciones respecto de los trabajos ejecutados al margen de las especificaciones técnicas.

El contrato de supervisión tiene un valor de S/ 116 793.

Personal clave no estaba presente

Durante la visita también se constató la ausencia de trabajadores considerados personal clave del contratista y de la supervisión.

Entre ellos se encontraban el residente de obra, el supervisor y el especialista ambiental.

Para la Contraloría, esta situación podría afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el control técnico, administrativo y económico de los trabajos.

Trabajadores estaban expuestos a riesgos

Las deficiencias no se limitaron a la calidad de las veredas.

La comisión de control encontró trabajadores realizando actividades sin equipos de protección personal adecuados. En uno de los casos se observó la manipulación de sustancias antiadherentes sin guantes, además de la ausencia de respiradores y lentes de seguridad.

También se identificaron deficiencias en la señalización y sectores donde existía riesgo de caídas o tropiezos debido a acero corrugado sin capuchones de protección.

Estas condiciones, según el informe, representan un riesgo tanto para los trabajadores como para los peatones que circulan por las zonas intervenidas.

Calles cerradas sin plan de desvío

Otro punto advertido por la Contraloría está relacionado con el tránsito vehicular.

Durante la ejecución de los trabajos se cerraron algunas vías, pero no se habría implementado un plan de desvío vehicular, situación que incrementaría el riesgo para conductores y peatones.

La Contraloría comunicó estas situaciones a la Municipalidad Provincial de Huánuco y recomendó adoptar acciones correctivas para garantizar que el proyecto cumpla con el objetivo de mejorar la transitabilidad peatonal.

Juez rechaza amparo que buscaba frenar proyecto de La Laguna Viña Del Río

Sentencia del Poder Judicial sobre el proyecto de mejoramiento de la Laguna Viña del Río de Huánuco
El Primer Juzgado Civil Mixto Transitorio de Huánuco declaró infundada la demanda de amparo presentada contra el proyecto.

La vía judicial que buscaba frenar el proyecto de mejoramiento de la Laguna Viña del Río no prosperó. El Primer Juzgado Civil Mixto Transitorio de Huánuco declaró infundada la demanda de amparo presentada por el Colectivo Ambiental Región Huánuco, que cuestionaba el proceso impulsado por el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Huánuco.

El colectivo, representado por Zenón Cielo Malpartida, pretendía que se paralizara el proyecto, se dejara sin efecto la buena pro otorgada para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra y se retrotrajera el proceso hasta la etapa de elaboración del perfil técnico. Entre sus argumentos sostuvo que la intervención podía afectar el ambiente y cuestionó especialmente el uso de geomembranas en la laguna.

La sentencia, emitida mediante la Resolución N.° 10, Sentencia N.° 367-2026, fue expedida el 18 de agosto de 2026. El proceso fue dirigido contra el presidente de la Comisión de Licitación del Gobierno Regional, el gobernador regional Antonio Pulgar Lucas y el alcalde provincial Antonio Jara Gallardo.

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El cuestionamiento ambiental no fue probado

Uno de los principales argumentos del colectivo fue que las geomembranas podrían alterar el funcionamiento ecológico de la laguna y afectar la relación natural entre el agua, el suelo y la vegetación de su entorno.

Sin embargo, el juzgado consideró que las pruebas presentadas no demostraban objetivamente que el proyecto vaya a generar contaminación, deterioro ambiental, afectación de la biodiversidad o una alteración sustancial del ecosistema.

La jueza también precisó que las observaciones sobre la ausencia de un estudio de impacto ambiental no eran suficientes, por sí solas, para demostrar una amenaza al derecho constitucional al ambiente. La sentencia señala que la necesidad de ese instrumento depende de las características del proyecto y que existía un pronunciamiento del Ministerio del Ambiente indicando que la obra no requería dicho estudio.

En consecuencia, el juzgado concluyó que no se acreditó un riesgo cierto, concreto e inminente derivado del empleo de geomembranas en la Laguna Viña del Río.

Juez también descarta falta de participación

El colectivo también alegó que no tuvo una participación adecuada en las decisiones relacionadas con el proyecto.

Sobre este punto, el juzgado encontró que la organización sí había tenido conocimiento del proyecto y había realizado acciones para formular propuestas y cuestionamientos.

La sentencia recoge que el colectivo presentó una propuesta de corredores ecológicos en 2023, solicitó reuniones con el Gobierno Regional en febrero de 2025, presentó una denuncia ante la Fiscalía Ambiental y posteriormente formuló observaciones al proceso de contratación.

Para el juzgado, esto demuestra que existió un nivel básico de participación ciudadana. La resolución enfatiza que el hecho de que la propuesta del colectivo no haya sido acogida por las autoridades no significa automáticamente que se haya vulnerado el derecho de participación.

Otro elemento considerado fue que la denuncia ambiental presentada contra las autoridades regionales y municipales por la presunta alteración del paisaje había sido archivada definitivamente en marzo de 2026.

La decisión

Con estos argumentos, el Primer Juzgado Civil Mixto Transitorio de Huánuco declaró infundada la demanda de amparo y dispuso que, una vez consentida o ejecutoriada la sentencia, el proceso sea concluido y archivado. También determinó que no corresponde imponer costas ni costos al colectivo demandante.

La sentencia resuelve el proceso de amparo planteado por el colectivo, pero su argumento central no es que todas las observaciones técnicas al proyecto carezcan de fundamento, sino que no fueron suficientes para acreditar, dentro de este proceso constitucional, una amenaza ambiental cierta e inminente o una vulneración del derecho de participación.

Huachog queda en manos de la ANA: informe definirá si las 10 hectáreas aún son humedal

Terreno del humedal de Huachog en Colpa Baja donde se proyecta construir una PTAR.
El Gobierno Regional busca disponer de más de seis hectáreas de Huachog para construir una planta de tratamiento de aguas residuales.

El futuro de las casi 10 hectáreas de Huachog, en Colpa Baja, entró en una etapa decisiva. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizará un informe para determinar si el terreno mantiene las características de un humedal, una evaluación que será utilizada en el proceso para modificar la protección que actualmente tiene el área.

La inspección se realizó el viernes con participación de técnicos de la ANA, funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco, representantes de la Junta de Regantes del Canal Colpa Baja-Huachog y de la Comisión Regional Anticorrupción.

El grupo recorrió el terreno acompañado por el presidente de la junta de regantes y utilizando los planos del área.

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El informe podría definir el camino para la PTAR

El documento que emita la ANA será remitido también a la Comisión de Recursos Naturales del Consejo Regional, que tiene pendiente emitir un dictamen sobre la modificación de la ordenanza regional que declaró a Huachog como humedal y zona de protección.

El Gobierno Regional pretende modificar esa norma para poder transferir algo más de seis hectáreas a Seda Huánuco, con el objetivo de construir allí una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

La propuesta ha generado debate debido a que el terreno se encuentra actualmente protegido.

GORE sostiene que el humedal se redujo

Erick Ferruzo, asesor del gobernador regional, sostuvo que la superficie que actualmente conserva características de humedal sería menor a una hectárea.

Según explicó, esto estaría relacionado con el bloqueo de un tramo de 200 a 300 metros del canal Colpa Baja-Huachog, ubicado en un terreno privado colindante.

El gerente regional de Recursos Naturales, José Luis Rodríguez Infante, coincidió con esa posición y afirmó que más del 80 % del área ya no tendría características de humedal.

El funcionario señaló además que un informe del Ministerio de Vivienda ya habría establecido las características que debe reunir este tipo de ecosistema.

La determinación oficial, sin embargo, estará en manos de la evaluación que realice la ANA.

También cambió la opinión sobre el riesgo para los aviones

Otro aspecto que modifica el escenario para la construcción de la PTAR está relacionado con la seguridad aeroportuaria.

Rodríguez Infante informó que la Dirección de Seguridad Aeronáutica revaluó su opinión técnica desfavorable sobre el proyecto y posteriormente emitió una opinión favorable.

La preocupación inicial estaba relacionada con la posibilidad de que la planta atrajera fauna silvestre y generara riesgos para las operaciones aéreas.

Según el documento fechado el 8 de agosto, la evaluación del Estudio de Riesgo de la Seguridad Operacional concluyó que el proyecto no contempla actividades que generen condiciones favorables para la presencia o atracción de fauna silvestre dentro del área de seguridad del aeródromo.

Gobierno Regional quiere PTAR y refugio de fauna

El planteamiento del Gobierno Regional es destinar más de seis hectáreas a la construcción de la PTAR.

Rodríguez Infante sostiene que la obra permitiría dejar de descargar aguas residuales directamente al río Huallaga y, por tanto, tendría un impacto favorable sobre el ambiente y la población.

El área que no sea utilizada para la planta podría tener además otro destino: la construcción de un centro de refugio para animales silvestres rescatados.

Mientras tanto, la Comisión de Recursos Naturales del Consejo Regional deberá evaluar el informe de la ANA y definir su posición sobre la modificación de la ordenanza que protege Huachog.

El debate ahora tiene un punto de partida concreto: determinar qué queda realmente del humedal y si las condiciones actuales permiten modificar su condición de área protegida para dar paso a la PTAR.

El tablero electoral de Huánuco entra en su recta final: JEE debía cerrar tachas y exclusiones

Jurado Electoral Especial de Huánuco durante el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Uno de los casos que puede modificar nuevamente la competencia regional es el de Luis Picón Quedo, candidato de Podemos Perú.

La carrera electoral en Huánuco entra en una etapa decisiva. El plazo para que el Jurado Electoral Especial (JEE) Huánuco resolviera en primera instancia las tachas y procedimientos de exclusión de candidatos venció ayer, domingo, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ampliara excepcionalmente el plazo que inicialmente terminaba el jueves 20 de agosto.

El calendario electoral establece ahora que las apelaciones sobre tachas y exclusiones deberán quedar resueltas hasta el 4 de setiembre.

Esto significa que, aunque las organizaciones políticas ya tienen sus listas inscritas, el tablero electoral todavía no está completamente cerrado.

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203 listas están en carrera

El JEE Huánuco remitió a la ODPE la relación de 203 listas de candidatos correspondientes al Gobierno Regional y a las municipalidades provinciales y distritales de Huánuco, Ambo y Pachitea.

En el caso del Gobierno Regional, son 11 las listas registradas, aunque solo nueve cuentan actualmente con fórmula completa de gobernador y vicegobernador. Una de ellas, además, no presenta lista de consejeros regionales.

La cifra puede modificarse todavía por las decisiones pendientes y los recursos que sean elevados al JNE.

La elección regional todavía puede cambiar

El escenario para la elección del gobernador regional tampoco está completamente definido.

De las organizaciones que inicialmente solicitaron inscribir sus fórmulas regionales, algunas quedaron fuera durante el proceso de calificación. Entre ellas, Coalición Transformadora, que presentó como fórmula a Kevin Valentín Japa y Carmen Cabrera Vella, y Visión Perú, cuya fórmula estuvo integrada por Visitación Salazar Pedraza e Inés Victoria Berrospi Aguilar.

A ello se sumó la improcedencia de la fórmula de Renovación Popular, encabezada por Guillermo Bocángel y Lusmila Pérez Espíritu.

También fue excluido Robinson Aguirre Casimiro, candidato de Somos Perú, luego de que el JEE declarara fundada una tacha en su contra.

Picón Quedo todavía está bajo evaluación

Uno de los casos que puede modificar nuevamente la competencia regional es el de Luis Picón Quedo, candidato de Podemos Perú.

El JEE Huánuco inició de oficio un procedimiento de exclusión en su contra y todavía está pendiente el pronunciamiento correspondiente.

Mientras no exista una decisión definitiva, Picón continúa figurando formalmente entre los candidatos en carrera.

Por ahora, junto a él aparecen Enrique Pulgar, Rosendo Serna, Rosalí Leandro, Fortunato Ramos, Miguel Meza, Antonio Robles y Madeleine Alomía Valderrama, además de los candidatos que permanecen sujetos a las decisiones electorales pendientes.

Ahora la palabra pasa al JNE

El cierre de la etapa de primera instancia no significa que todos los casos hayan terminado.

Las organizaciones políticas y candidatos que consideren afectados sus derechos pueden recurrir al Jurado Nacional de Elecciones, que deberá resolver las apelaciones pendientes dentro del plazo establecido en el cronograma.

Por ello, el mapa electoral que hoy conocemos todavía puede cambiar antes del 4 de setiembre, fecha límite para que el máximo organismo electoral resuelva las apelaciones sobre tachas y exclusiones.

La campaña, mientras tanto, continúa con candidatos que todavía deben superar el último filtro de la justicia electoral.

ODPE Huánuco publica lista definitiva de miembros de mesa

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, publicó la lista definitiva de miembros de mesa, entre titulares y suplentes, que tendrán la responsabilidad de conducir las mesas de sufragio durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, programadas para el domingo 4 de octubre.

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Si un ciudadano figura en la lista definitiva de miembros de mesa, pero no podrá ejercer esta función, deberá solicitar una excusa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la relación correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

El jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo, indicó que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo en los casos de notorio o grave impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del territorio de la República, pertenecer en actividad a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú o al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre otros supuestos contemplados en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

De acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ONPE, tanto el trámite de excusa como el de justificación por inasistencia al cargo de miembro de mesa tienen un costo de S/ 15.80. El pago puede realizarse en la sede central de la ONPE, en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma digital Págalo.pe.

La solicitud puede presentarse a través de la mesa de partes virtual de la ONPE (https://mesadepartesvirtual.onpe.gob.pe/#/) o de forma presencial en la sede de la ODPE Huánuco, ubicada en el jirón Jorge Chávez n.º 329, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m.

Los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes deberán asistir a las jornadas nacionales de capacitación donde podrán practicar con materiales similares a los que utilizarán durante la jornada electoral. Estas actividades les permitirán familiarizarse con los procedimientos y funciones que deberán cumplir el día de la elección.

Para las ERM 2026, la ODPE Huánuco prevé instalar 1193 mesas de sufragio en 171 locales de votación, donde están convocados a sufragar aproximadamente 344 851 electores hábiles.

Operativo “Pintuyacu” golpea a la minería ilegal en Puerto Inca: intervienen campamentos y maquinaria

Operativo de la Policía de Medio Ambiente contra minería ilegal en Pintuyacu, Puerto Inca.
La intervención se realizó en sectores de las comunidades nativas de Quimpichari y Samiri.

Un operativo desplegado desde la madrugada en la zona de Pintuyacu, en Puerto Inca, puso al descubierto la magnitud de las actividades vinculadas a la minería ilegal que vienen afectando bosques y fuentes de agua en comunidades nativas de la zona.

La intervención, denominada “Pintuyacu”, estuvo a cargo de la Policía de Medio Ambiente de Huánuco, con participación de la Fiscalía Ambiental de Ucayali, la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco y SERNANP–El Sira.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, unas 30 hectáreas de suelo habrían sido afectadas por la actividad extractiva, con impactos en la cobertura boscosa, los ríos, el suelo y la flora y fauna silvestre.

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Los operadores huyeron al detectar los drones

Antes del ingreso de los agentes, la Policía utilizó drones especializados para realizar vigilancia aérea y pudo observar que los trabajos mineros se desarrollaban desde las primeras horas del día.

Al advertir la presencia policial y las dificultades de acceso por la agreste geografía y el cruce del río, los operadores intentaron ocultar dos máquinas pesadas entre la vegetación y posteriormente huyeron hacia el monte.

La intervención se realizó en una zona de difícil acceso, una condición que, según la Policía, es aprovechada por quienes desarrollan actividades de minería ilegal para dificultar las acciones de control.

Campamentos tenían electricidad e internet

Uno de los aspectos que llamó la atención de los agentes fue el nivel de equipamiento encontrado en los campamentos.

Según la información policial, los mineros contaban con energía eléctrica, internet, equipos de radio, antenas de alta frecuencia y paneles solares.

Además, mediante los drones se habría detectado la presencia de personal de seguridad movilizado en motocicletas y equipado con radios, cuya función sería alertar sobre la presencia de personas ajenas a la zona.

La infraestructura encontrada evidencia, según la Policía, un nivel de organización para mantener las operaciones y advertir anticipadamente sobre posibles intervenciones.

La Policía anuncia nuevos operativos

La intervención busca frenar las actividades de minería ilegal que vienen generando afectaciones ambientales en la zona de Puerto Inca.

La Policía de Medio Ambiente informó que continuará con los operativos de interdicción en los sectores identificados como puntos de actividad minera ilegal.

Hallan laboratorio de PBC con 2 toneladas de hoja de coca en La Morada

Laboratorio rústico para elaboración de PBC hallado por la Policía en Alto Unión, La Morada.
La instalación clandestina fue encontrada durante un patrullaje policial en una zona cercana al río Blanco.

Un laboratorio rústico destinado presuntamente a la elaboración de pasta básica de cocaína fue ubicado y destruido por la Policía en una zona de vegetación agreste del caserío Alto Unión, distrito de La Morada, provincia de Marañón.

El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo de agentes de la Comisaría PNP La Morada. Según la nota policial, los efectivos detectaron un camino de trocha que conducía hacia el río Blanco y, al percibir un fuerte olor asociado aparentemente a combustible, siguieron el recorrido hasta encontrar la instalación clandestina.

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Dos toneladas de hoja de coca estaban en proceso

En el lugar, los policías encontraron una poza de maceración de aproximadamente 15 metros de largo por cuatro de ancho, en cuyo interior había alrededor de 2 000 kilogramos de hoja de coca en proceso de maceración.

También fue ubicada una poza de decantación con líquido proveniente del proceso, además de aproximadamente 85 galones de gasolina, hidróxido de calcio y óxido de calcio, entre otros elementos.

La intervención no permitió encontrar a los responsables. La Policía informó que no había personas en el laboratorio al momento del operativo y presume que quienes se encontraban allí pudieron ser alertados por moradores de la zona.

La instalación fue destruida en el mismo lugar

Debido a las condiciones de acceso y a la imposibilidad de trasladar la infraestructura, los agentes procedieron a destruir e incinerar la poza, los enseres y las sustancias encontradas, luego de extraer muestras y establecer la respectiva cadena de custodia.

La Policía señaló que adoptó medidas para evitar afectaciones al medio ambiente durante la intervención.

El caso fue comunicado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María, que continuará con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.