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viernes, noviembre 7, 2025

En la gestión de Locki Villavicencio Municipalidad Provincial de Huánuco aprobó obra de saneamiento a pesar de deficiencias

La Contraloría General de la República detectó que los trabajos inconclusos e irregulares en la instalación de agua potable y alcantarillado para el centro poblado Santo Domingo de Nauyan generaron un perjuicio de S/ 278 mil. Pese a estas deficiencias, la obra fue recepcionada sin ninguna observación y liquidada por la Municipalidad Provincial de Huánuco.

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Según el Informe de Control Especifico n.° 085-2023-2-0401-SCE, faltaron instalar varios tramos de las redes de agua potable. En algunas viviendas, el servicio se instaló a través de mangueras expuestas a la intemperie, contraviniendo lo que indicaban los planos del expediente técnico, sin embargo, estos trabajos fueron valorizados por el contratista y la entidad otorgó la conformidad de pago.

Respecto a los trabajos que no cumplen con el expediente técnico, se instalaron tuberías de menor diámetro a lo que indicaban los planos. Asimismo, estas fueron instaladas a profundidades de 0.40 y 0.60 metros cuando la profundidad mínima tenía que ser a 0.65 metros.

Además, los lavaderos domiciliarios no cumplen con las medidas y características señaladas en el expediente, pues no tienen el espesor de 8 centímetros. Las paredes de los lavaderos no fueron construidas con concreto reforzado como indicaban los planos y las cajas de concreto donde se instalaron las válvulas de paso no tienen marco ni tapa de acero galvanizado, pues solo se colocó una tapa de concreto que sobresale del nivel de dichas cajas.

Estos trabajos no debieron ser pagados, sin embargo, el contratista valorizó al 100 % estas partidas, mucho antes de que culmine su plazo contractual.

A pesar de estas deficiencias los funcionarios de la entidad pagaron las valorizaciones y recibieron la obra sin hacer ninguna observación, luego liquidaron el proyecto para evitar que se apliquen penalidades al contratista, lo que generó un perjuicio económico de S/ 278 698. Por estos hechos la Contraloría identificó responsabilidad penal y administrativa sujeta a la potestad sancionadora del ente fiscalizador en tres servidores públicos.

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