César Tito Rojas, candidato al Congreso por Juntos por el Perú, habría obtenido una curul como diputado por la región Puno, de acuerdo con información difundida, el candidato registra antecedentes de participación en actividades políticas relacionadas con el Movadef, así como menciones en informes sobre visitas a internos por delitos de terrorismo.
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El exalcalde de San Pedro de Chaulán, Raúl Fernando Sosa Ramírez, fue condenado a seis años de prisión por un caso de corrupción vinculado a la elaboración de un expediente técnico que resultó inviable.
La sentencia, dictada por el juez anticorrupción Luis Pasquel Paredes, también alcanza a su exgerente municipal y al empresario Jaime Moreno Salinas, quienes fueron hallados responsables del delito de colusión agravada en agravio de la municipalidad distrital.
El fallo dispone además el pago de más de S/ 338 mil por concepto de reparación civil, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos. No obstante, la ejecución de la condena quedó suspendida hasta que una instancia superior resuelva una eventual apelación.
El caso se remonta al año 2012, durante la primera gestión de Sosa Ramírez, cuando se adjudicó la elaboración del expediente técnico del proyecto “Creación del canal de irrigación Pilpil–Runtong–Achinca” por S/ 238 mil.
Según la investigación fiscal, el proceso estuvo marcado por una serie de irregularidades desde el inicio. Se acreditó que el empresario presentó una solicitud de pago incluso antes de firmar el contrato, y que los desembolsos se realizaron sin cumplir los plazos ni los requisitos establecidos en las bases del concurso.
Los pagos se efectuaron con rapidez inusual y sin sustento técnico adecuado. En el último desembolso, incluso se utilizó un informe presuntamente falso y una resolución inexistente para justificar la aprobación del expediente.
Durante el juicio, un peritaje del Ministerio Público concluyó que el expediente técnico era inviable, al haber sido elaborado de manera deficiente y sin cumplir los términos de referencia. El estudio, además, se habría realizado sobre un terreno que no reunía condiciones para la ejecución de un canal de irrigación.
La Fiscalía logró sustentar el caso con pruebas documentales y periciales, evidenciando un esquema de favorecimiento indebido en la contratación pública.
El proceso incluyó inicialmente a otro exfuncionario municipal, pero este fue excluido debido a su fallecimiento durante el desarrollo del caso.
La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo del fiscal provincial Silvio Santiago Modesto, viene realizando la diligencia de análisis de restos óseos y elementos asociados en las instalaciones de la Unidad Médico Legal II de Huánuco.
La diligencia se viene desarrollando desde el 20 de abril y cuenta con la participación de especialistas en antropología y odontología forense del Equipo Forense Especializado (EFE).
Los peritos analizan restos óseos y elementos asociados correspondientes a diez víctimas del periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000, con el objetivo de lograr su identificación plena y su posterior restitución a los familiares.
Como parte del proceso, también se realizó la exhibición de prendas vinculadas a las víctimas, con la participación de sus familiares, lo que contribuye al proceso de identificación. El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la búsqueda de la verdad, bajo un enfoque humanitario y con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando investigaciones objetivas, técnicas y transparentes.
La Contraloría General de la República inició en la región Huánuco la supervisión de obras y servicios públicos en las provincias de Leoncio Prado y Puerto Inca. Las acciones de control se desarrollarán hasta el 24 de abril e incluyen la revisión de proyectos de educación, saneamiento básico y la prestación de servicios de salud.
El contralor general César Aguilar Surichaqui, quien lidera la intervención nacional desde la región Junín, señaló que estas acciones buscan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar que las obras y servicios lleguen a todos los peruanos.
El operativo comenzó con la inspección de dos proyectos educativos ejecutados por la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Uno de ellos es la creación de los servicios académicos para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, con una inversión de S/ 54.3 millones. El segundo corresponde al mejoramiento del Instituto de Investigación en Ciencia Animal de la Facultad de Zootecnia, ubicado en el fundo Tulumayo, cuyo presupuesto en su primera etapa supera los S/ 13.3 millones.
Durante la supervisión, se advirtió que desde el 2023 no se culmina la implementación de los laboratorios en la nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Se encontraron algunos ambientes que carecen del equipamiento, como en las áreas de electrónica industrial, hidroenergía, electricidad básica y redes eléctricas, lo que estaría afectando a más de 250 estudiantes que ven postergado el acceso a estos servicios.
En tanto, en la carrera de Zootecnia se detectó que la construcción de galpones con fines de investigación carece de factibilidad de energía trifásica. Además, los trabajos presentan un retraso del 35 % debido a modificaciones en diversos módulos.
Asimismo, los auditores inspeccionaron un Centro de Salud en la provincia de Puerto Inca, donde se evidenció un inadecuado manejo y almacenamiento de residuos biocontaminados, lo que representa un riesgo para pacientes y trabajadores. También se constató que la ambulancia del establecimiento no cuenta con equipamiento médico.
El equipo de control también supervisará otros proyectos, como una obra de saneamiento básico en la localidad La Perla, a cargo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado; la construcción de aulas en la institución educativa de Puerto Súngaro, bajo responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca; y la prestación de servicios en el centro de salud del distrito de Codo de Pozuzo, entre otros.
Este operativo, que se ejecuta del 20 al 24 de abril, tiene como objetivo alertar sobre riesgos en la gestión pública para que sean corregidos oportunamente, contribuyendo así a mejorar la calidad de los servicios, especialmente en zonas rurales, altoandinas y amazónicas.
A pocas semanas de las principales celebraciones en Lauricocha, autoridades locales advirtieron que el deterioro de las carreteras podría provocar accidentes y exigieron al Gobierno Regional de Huánuco una intervención inmediata.
El alcalde provincial, Gide Falcón, junto a los alcaldes distritales, alertó que la transitabilidad en rutas clave es deficiente y representa un riesgo para la población. Entre las vías más críticas mencionaron la HU-110 (Llicllatambo–Queropalca) y la HU-111 (Higueras–Raura), que atraviesan gran parte de la provincia.
Según indicó la autoridad, el problema no es solo el deterioro visible, sino la posibilidad de accidentes ante el incremento del tránsito por las festividades. En ese contexto, cuestionó que no se ejecuten trabajos de mantenimiento pese a que la Dirección Regional de Transportes cuenta —según afirmó— con maquinaria y recursos disponibles.
También criticó el retraso en el asfaltado del tramo Higueras–Cozo, de aproximadamente seis kilómetros, que continúa inconcluso pese al tiempo de gestión. Para los alcaldes, este tipo de obras reflejan una falta de respuesta frente a necesidades urgentes.
El reclamo cobra mayor relevancia debido a la cercanía de festividades como el Señor de Mayo en Baños, el aniversario de San Miguel de Cauri y el aniversario de la provincia, eventos que incrementan el flujo de visitantes y transporte.
Las autoridades instaron al gobernador regional, Antonio Pulgar, a tomar acciones inmediatas, advirtiendo que las condiciones actuales de las vías podrían convertirse en un factor de riesgo durante estas fechas.
El pedido es claro: mejorar las carreteras antes de que el aumento del tránsito exponga a la población a posibles accidentes.
La Contraloría General de la República advirtió serias deficiencias técnicas en la construcción del puente Alto Galicia, ubicado en la provincia de Puerto Inca, que podrían comprometer la durabilidad de la infraestructura y la seguridad de los usuarios.
En el Informe de Visita de Control n.°001-2026-OCI/2940-SVC (periodo de evaluación del 17 al 23 de marzo de 2026) se señala que la obra a cargo de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca no ha sido recepcionada debido a observaciones técnicas detectadas por el comité responsable, las cuales no han sido subsanadas por el contratista.
Entre las principales deficiencias se identificó la presencia de material suelto en los accesos al puente, lo que generó erosiones y asentamientos de hasta seis centímetros respecto al nivel de la losa. Esta situación evidencia una inadecuada compactación del relleno, incumpliendo lo establecido en el expediente técnico y afectando la durabilidad de la estructura.
Asimismo, se constató la ausencia de juntas de dilatación en la losa de concreto y en las veredas peatonales. En su lugar se ejecutaron bruñas superficiales (canales rectangulares de poca profundidad) que no cumplen la función estructural necesaria para absorber movimientos térmicos o esfuerzos, lo que podría provocar daños en la unión del concreto.
A lo largo de la vereda peatonal también se observaron fisuras, lo que reflejaría el incumplimiento de las especificaciones técnicas. Estas fallas podrían acelerar el deterioro de la infraestructura, reduciendo su vida útil y poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.
El informe también señala que la falta de control técnico durante la ejecución habría contribuido a estas deficiencias, recordando que en noviembre de 2025 ya se había advertido la ausencia del residente y del supervisor de obra en determinados periodos.
Otro aspecto crítico es el inadecuado manejo de residuos de construcción. Durante la inspección se encontraron alambres, clavos, madera de encofrado y bloques de concreto que no han sido retirados, lo que evidencia abandono y deficiencias en las labores de limpieza final.
Debido a que las observaciones detectadas en noviembre de 2025 tampoco fueron subsanadas dentro del plazo establecido, correspondería aplicar la penalidad máxima, equivalente a S/ 87 896.
Finalmente, la Contraloría General recomendó a la entidad adoptar medidas correctivas para garantizar que la inversión de S/ 878 969 cumpla su finalidad pública, que es mejorar el camino vecinal en beneficio de las comunidades del caserío Alto Leticia, en el distrito de Puerto Inca.
Otro viaje improductivo del gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar. Una vez más en sesión ordinaria del Consejo Regional, autorizó a la autoridad regional a participar en la XVI Reunión Anual de Gobernadores por el Clima y los Bosques – GCF Task Force, que se desarrollará del 18 al 22 de mayo del presente año en la ciudad de Florencia, departamento de Caquetá, en Colombia.
La autorización fue dada luego de que el gobernador señalara la importancia de este encuentro para abordar temas como la deforestación, problemática que —según indicó— se ha agudizado en el departamento a raíz de la nueva legislación aprobada por el Congreso de la República. La votación fue registrada 13 votos a favor y 7 en contra.
VIAJES IMPRODUCTIVOS
Para el consejero regional por Huánuco Tarazona Gonzales, el sinnúmero de viajes fuera del país del gobernador no han sido de beneficio para la región, a pesar que ninguno de los viajes al extranjero haya generado gastos al Gobierno Regional. “El informe de sus viajes que ha realizado Pulgar, siempre han sido de manera verbal, de manera escueta, siempre dice que gracias a las presentaciones que realizó, Huánuco está en vitrina y el mundo conoce de su existencia”, refirió Tarazona
Antes de dar la autorización del viaje al gobernador, otros consejeros cuestionaron la falta de intervención en las carreteras departamentales de Huánuco, así como la atención oportuna a la población afectada por las constantes lluvias en diversas partes del interior del departamento.
La alcaldesa de Pillco Marca, Diana Plejo, anunció que llevará a la vía judicial las multas por S/ 165 mil que le impusieron organismos electorales, tras ser sancionada por presunta vulneración de las normas de publicidad estatal en periodo electoral.
La decisión se produce luego de que el Jurado Nacional de Elecciones confirmara las sanciones, cerrando la vía administrativa.
Plejo negó haber cometido alguna infracción y sostuvo que los carteles observados no fueron colocados por su gestión. Indicó que uno de ellos, vinculado a una obra en el jirón Las Gardenias, habría sido instalado por vecinos, lo que —según afirmó— escapa a su responsabilidad.
Asimismo, cuestionó el procedimiento al señalar que no fue notificada correctamente, lo que habría impedido que presentara sus descargos dentro del plazo. “Vamos a ir a otra instancia (…) nos iremos hasta las últimas instancias”, afirmó.
La alcaldesa también precisó que, en caso de perder el proceso, la multa no afectará a la municipalidad, ya que la sanción es de carácter personal.
En medio de sus declaraciones, Plejo mencionó otras obligaciones económicas que enfrenta la comuna, como el pago de una pensión mensual y una deuda judicial vinculada al exalcalde Rolando Meza Alvarado, que sí debe ser asumida con recursos municipales.
El caso ahora pasará al ámbito judicial, donde se definirá si la sanción se mantiene o si prospera la defensa de la autoridad edil.
Más de 67 000 atenciones fueron brindadas a la población rural de Huánuco durante el primer trimestre del año a través de los 45 Tambos del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que están ubicados en zonas de difícil acceso de 11 provincias. Estas acciones permitieron que más de 23 000 personas accedan a servicios médicos, sociales y productivos, sin salir de sus comunidades.
Los Tambos se han consolidado como espacios estratégicos que acercan de manera oportuna y permanente los principales servicios del Estado a la población rural en situación de vulnerabilidad, gracias al trabajo articulado con entidades públicas, privadas y los gobiernos locales.
Esta intervención beneficia a más de 1600 centros poblados y caseríos, evitando que sus habitantes realicen largos desplazamientos hacia las capitales de provincia para recibir atención médica, orientación legal, tramitar su documento de identidad, participar en capacitaciones productivas o fortalecer el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, entre otros servicios esenciales.
De forma paralela, el Programa PAIS impulsa diversas iniciativas orientadas a la mejora educativa, el cuidado de la salud y el fortalecimiento de pequeños productores, tales como Aprendo en Tambo, Beca Tambo, Tambos contra la Anemia, Telesalud, Tambos Productivos y Movitambos, entre otros.
La titular del Midis, Lily Vásquez Dávila, destacó que este trabajo refleja el compromiso del sector por reducir las brechas de acceso en la región, articulando esfuerzos con diversas entidades públicas y privadas para garantizar servicios oportunos y de calidad, teniendo a los tambos como espacios estratégicos que fortalecen la presencia del Estado en zonas de difícil acceso.
Resaltó que estas acciones se enmarcan dentro de la política de acción orientada al desarrollo humano y fortalecimiento del acceso oportuno de comunidades rurales a servicios integrales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de más personas.
Tragedia en la Carretera Central. Lo que debía ser un viaje de esperanza, motivado por el compromiso ciudadano de participar en los comicios electorales, terminó convertido en una escena de terror. Una familia natural de Pichanaqui, integrada por cinco personas, murió luego de que el vehículo en el que viajaba cayera a las turbulentas aguas del río Mantaro.
El grupo familiar había partido el 9 de abril a las 21:30 horas desde la selva central con destino a la ciudad de Huánuco. Se desplazaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux 4×4 de color negro metálico, con placa D8N-886. El viaje representaba un reencuentro con su familia y el cumplimiento de su deber cívico, sin imaginar que el trayecto por la peligrosa vía terminaría convirtiéndose en una pesadilla marcada por la incertidumbre y el dolor.
La alerta se activó tras la denuncia presentada ante la Comisaría PNP Huánuco por la abogada Rosa Elena Santa María Aliaga, quien informó sobre la desaparición de sus familiares. El último contacto con el vehículo ocurrió aproximadamente a las 03:00 horas del 10 de abril, cuando transitaban por la zona de Tarma. En ese momento, Fernando Mondalgo Cárdenas compartió su ubicación en tiempo real, pero minutos después el GPS dejó de emitir señal y los teléfonos quedaron fuera de comunicación, aumentando la preocupación.
Con el pasar de las horas, el silencio y la falta de información incrementaron la angustia de los allegados. Las esperanzas de encontrar a la familia con vida se fueron debilitando hasta que, finalmente, se confirmó el hallazgo del cadáver de Fernando Mondalgo Cárdenas, de 57 años. El cuerpo fue encontrado varado en un islote ubicado en el barrio Barranco Centro, en el centro poblado de Ullusca, distrito de Parco, en la provincia de Jauja.
Según las primeras hipótesis, el vehículo habría caído al río Mantaro en una zona conocida por su complejidad geográfica y condiciones adversas de tránsito. La fuerza de las aguas habría arrastrado la unidad, dificultando las labores de búsqueda y aumentando el temor de un desenlace aún más doloroso para la familia afectada.
Actualmente, equipos especializados de la Policía de Rescate de Huancayo intensifican las operaciones en las riberas del Mantaro con la esperanza de encontrar a los cuatro ocupantes que continúan desaparecidos: Rosa Judith Aliaga Leonardo (57), esposa del conductor; Jerry Gregory Santa María Aliaga (32); Maryory A. M. V. (12); y la menor Zoe V. S. L. (06). Cada hora que pasa incrementa la angustia y el sufrimiento de quienes esperan noticias.
Las autoridades han solicitado el apoyo de transportistas y transeúntes que hayan recorrido la ruta Pichanaqui – Tarma – Huánuco durante la madrugada del 10 de abril, a fin de aportar cualquier información que permita esclarecer lo sucedido. Se ha habilitado el número 968 197 600 para recibir datos que puedan contribuir con las investigaciones y facilitar la localización de los desaparecidos.
El caso se encuentra bajo la supervisión de la fiscal provincial de la 4ta Fiscalía de Huánuco, Dra. Rocío Caballero Villareal, quien coordina las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro. Mientras tanto, la tragedia enluta a una familia y conmueve a toda una comunidad.
Fuente: Peru21
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