La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que, en Huánuco, más de 573 mil personas (74% de la población) enfrentan una realidad económica difícil que pone en riesgo su bienestar y calidad de vida. De ese grupo, casi 301 mil huanuqueños ya viven en situación de pobreza, según reporte del INEI.

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Pero no son los únicos en riesgo. Hay otras 272 mil que, aunque técnicamente no son pobres, están a solo un paso de caer en ella. Se trata de personas con vulnerabilidad económica que, ante algún evento adverso, pueden ver limitada su capacidad de gasto y terminar cayendo en la pobreza. Basta con alguna enfermedad grave dentro de la familia, la pérdida del empleo, la quiebra de un negocio o una mala cosecha para que su situación realmente se complique. Con estas cifras, se concluye que 7 de cada 10 habitantes en la región viven en pobreza o están en riesgo constante de caer en ella.

César García, economista de REDES, señaló que si bien la pobreza se redujo ligeramente en el último año (-0.2%), resulta muy insuficiente por la grave situación del departamento. “El aumento en los ingresos ha sido mínimo y ha quedado absorbido por el mayor costo de vida, por lo que muchas familias no perciben una mejora real. La reducción de la pobreza es más un efecto rebote tras el mal año económico de 2023. Es decir, las cifras mejoraron porque partíamos de un nivel bajo, pero la situación sigue peor que antes de la pandemia. Si seguimos avanzando lentamente, podrían pasar hasta 20 años para volver al nivel de pobreza de 2019, que era del 29% en la región”, agregó.

Recordemos que la pobreza monetaria se calcula según lo que una familia puede gastar, no solo por lo que gana, sino por cuánto puede cubrir en alimentos, transporte y otros gastos básicos. Hoy, de acuerdo con datos a nivel nacional, se estima que una familia peruana necesitaría contar con al menos S/1,816 para su subsistencia. Si su capacidad de gasto está por debajo de ello, se considera que la familia se encuentra en condición de pobreza.

Uno de los factores que más obstaculiza ese progreso es el empleo, y en específico la falta de empleo formal. “Para impulsar la creación de trabajos de calidad, es fundamental incentivar la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos con alto potencial, como la agricultura y el turismo. Sin embargo, para que esto ocurra, se requiere estabilidad política, confianza empresarial y un marco normativo claro y predecible. Sin empleo formal y bien remunerado, es prácticamente imposible reducir la pobreza”, indicó el economista.

Precisamente, el 98% de quienes viven en pobreza extrema trabajan en el sector informal. Este grupo, que incluye a unos 94 mil huanuqueños, no pueden cubrir una canasta mínima de alimentos (S/ 1,024 para una familia). Además, son quienes más sufren por la falta de comida, problemas de salud y dificultades para acceder a una buena educación. A ello se suma un acceso muy limitado a servicios básicos: solo el 17.3% tiene agua segura, y menos del 20% cuenta con conexión a internet, reduciendo sus posibilidades de desarrollo.

Balance nacional: zonas rurales en alerta

En el país, el 28% de la población vive en condición de pobreza, mientras que otro 32% se encuentra en condición de vulnerabilidad económica, es decir, en riesgo de caer en ella. Cajamarca sigue siendo la región con mayor incidencia, alcanzando al 45% de su población. En lugar de mejorar, sus cifras han aumentado en el último año (+0.5%). Del mismo modo, Loreto enfrenta una situación grave, con el 43% de su población en pobreza.

En ese sentido, los ámbitos geográficos con mayor pobreza son la sierra rural y la selva rural, donde la pobreza alcanza el 42.5% y el 37%, respectivamente. La falta de empleo formal y servicios básicos limita las oportunidades, al igual que el acceso restringido a salud, la precaria infraestructura educativa y la baja presencia del Estado. “La lucha contra la pobreza requiere el despliegue de distintas acciones. Es fundamental que el Estado implemente una estrategia integral que enfoque sus intervenciones en cerrar brechas en áreas con mayores desafíos estructurales. No se trata solo de aumentar la inversión, sino de hacerlo de manera estratégica, con enfoque en las provincias más golpeadas y reglas claras. La colaboración entre el Estado y el sector privado es clave para crear oportunidades sostenibles y promover un desarrollo inclusivo”, concluyó García.