El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, no alcanzó los cinco votos requeridos para ser ratificado en el cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que actualmente funciona con cinco de sus siete miembros debido a la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez.
LEE ESTO: Altuve pide renuncia de Corvetto y Salas Arenas: “Que le hagan un favor al país”
Corveto recibió cuatro votos a favor de su continuidad y uno en contra el martes último, a menos de dos años para que se realicen las próximas elecciones generales.
El voto discordante fue de Marco Tulio Falconí, quien se incorporó a la JNJ en febrero pasado por orden del Tribunal Constitucional.
El jefe de la ONPE culminará su mandato en agosto próximo, luego de cuatro años de gestión. No obstante, puede presentar una reconsideración a la decisión de la junta.
Consultado por El Comercio, no quiso precisar si usará ese recurso. Respondió que no brindará declaraciones por el momento.
Corvetto fue entrevistado por la JNJ el viernes último, como parte del proceso de ratificación en el cargo. En la entrevista, recordó que asumió el mando durante la pandemia del COVID-19, en agosto del 2020, y en ese contexto se organizaron las elecciones generales del 2021.
Añadió que durante su gestión se construyó una relación sólida con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
“Creo que nunca antes en la historia electoral peruana la relación entre los organismos electorales ha sido tan buena, tan sincera, tan adecuada para realizar los procesos electorales en las grandes dificultades que nos tocó”, dijo.
Proceso
De no variar la resolución de la JNJ, esta realizará un concurso público para elegir al próximo jefe de la ONPE. El proceso incluiría pruebas de conocimientos, evaluación curricular, plan de trabajo y entrevista personal.
Abogados especialistas en asuntos electorales estimaron que el proceso podría tomar entre cuatro y seis meses.
“No se cruzará con la convocatoria [a elecciones]. Sí hay tiempo para convocar a un nuevo jefe de la ONPE. […] Lo lógico es que designen a alguien que tiene experiencia. En el 2026 tienes las ERM [elecciones regionales y municipales] en octubre y los comicios generales en abril, que también tendrá elecciones primarias”, destacó el abogado José Naupari.
En caso la JNJ no elija al sucesor de Corvetto hasta agosto próximo, la jefatura de la ONPE la asumirá de manera interina el segundo al mando de esa institución, precisó el abogado José Manuel Villalobos.
En el 2018, Manuel Cox asumió como jefe interino de ONPE luego de que Adolfo Castillo fuera suspendido por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.
No obstante, en opinión del abogado Jorge Jáuregui, Corvetto podría presentar un recurso de reconsideración “dada la situación particular que hoy tiene la JNJ”.
“Dos de los siete miembros de la JNJ fueron separados arbitrariamente y el Poder Judicial aún no ha resuelto el tema. Podría ser el caso que el señor Corvetto presente un recurso de reconsideración. Una vez que el Poder Judicial resuelva la situación jurídica de Tello y Vásquez, habrá mejores condiciones para que la JNJ se pronuncie sobre un cargo tan delicado”, señaló en diálogo con El Comercio.
Deberán sustentar su voto
La JNJ dio a conocer su decisión el martes último mediante un video publicado en sus redes sociales. En este, cada uno de sus integrantes informó su voto a favor o en contra, sin sustentarlo, como se puede ver a continuación:
No obstante, Villalobos precisó que el sustento de los votos aparecerá en la resolución oficial que emita la JNJ.
“En la entrevista a Corvetto no expresaron ninguna duda ni cuestionamiento a su gestión. Entendíamos que le iban a dar la confianza nuevamente. Por eso sorprende Falconí. Si bien hizo preguntas, no dejó entrever que tenga cuestionamientos fuertes. […] Hay que esperar la resolución para ver cómo fundamenta su voto, que es el que finalmente inclina la balanza”, dijo en diálogo con El Comercio.
Villalobos señaló que en la resolución de la JNJ, los cuatro que votaron a favor: Antonio de la Haza (presidente), Imelda Tumialán, María Zavala y Guillermo Thornberry sustentarán porqué estaban de acuerdo con que Corvetto continúe en el cargo por cuatro años más, mientras que Falconí tendrá que hacer lo propio con su decisión en contra.
Luego, Corvetto será notificado y podrá interponer una reconsideración después de cinco días hábiles.
Cuestionamientos
En opinión de Naupari, la ratificación de Corvetto era improbable por dos motivos: necesitaba respaldo unánime de los cinco miembros activos de la JNJ y, además, uno de ellos – Falconí – “tiene una clara trayectoria política” que pudo influir en su decisión.
“Falconí viene de un movimiento regional y ha tenido vinculación con partidos políticos. Esto puede generarle cierto reparo en la forma cómo se ha gestionado la ONPE”, dijo.
El integrante de la JNJ en mención fue presidente del movimiento regional Fuerza Arequipeña hasta el 2022. También estuvo afiliado a Alianza para el Progreso, Perú Posible y Fuerza Democrática. Fue congresista en el periodo 2011-2016.
El abogado Jorge Jáuregui, también especialista en derecho electoral, consideró que Falconí “ha llegado de forma accidentada a la JNJ para no ratificar [a Corvetto]”.
En enero del 2020, la comisión especial para la elección de los integrantes de la JNJ decidió retirar aFalconí de esa institución, luego de que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) concluyó que no le correspondía una bonificación del 10% sobre su puntaje en la fase de entrevista personal. No obstante, Falconí llevó el caso hasta el Tribunal Constitucional, que finalmente ordenó su reposición este año.
Además, Jáuregui añadió que para resolver la jefatura de la ONPE se debió tener una JNJ “mucho más protegida de los ataques que sufre por parte de bancadas parlamentarias”, en referencia a la inhabilitación de Tello y Vásquez por presunta falta grave.
En opinión de Jáuregui, Corvetto es idóneo para el cargo, “pero no se trata solo de él, sino del derecho que tenemos los peruanos a que la definición de cargos importantes por lo menos se ejecuten en el marco exacto de la Constitución y la ley y en condiciones idóneas”.
Fuente: El Comercio
